La Agencia Española de Cooperación financia la anticooperación petrolera en Ecuador: Repsol YPF

La Agencia Española de Cooperación ha financiado –con 150.000 euros- un proyecto de cooperación a la Fundación Repsol, según publica Ecuador sin Petróleo.
Pepe Mejía | Para Kaos en la Red | 15-12-2011
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La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, AECID, ha financiado –con 150.000 euros- un proyecto de cooperación a la Fundación Repsol, perteneciente a la empresa trasnacional española Repsol YPF que ha declarado más de 4.500 millones de euros de beneficios en 2010, según publica Ecuador sin Petróleo.

El proyecto financiado con fondos de la cooperación española lleva un título muy sugerente: “Fortalecimiento de los emprendimientos económicos y sociales de las comunidades en zona de influencia de la operación de Repsol YPF Ecuador en la amazonía ecuatoriana”.

Con la entrega de dineros públicos a la Fundación de una empresa extractora de petróleo la AECID menosprecia con su política a los derechos humanos y a los pueblos originarios de América Latina. Es bochornoso que se concedan subvenciones para el fortalecimiento económico y social, al agente responsable de quebrar el modo de vida waorani y su estructura social.

La estrategia de la AECID concuerda con la política industrial y comercial española. En esta ocasión se trata de mejorar la imagen corporativa de las empresas españolas con mayores daños sociales y medioambientales en el exterior, que más contribuyen al aumento de la deuda social y ecológica de España con Ecuador.

La Responsabilidad Social Corporativa es la estrategia actual de las trasnacionales para enmascarar sus delitos contra los derechos humanos y de la naturaleza, y la concesión de esta subvención por parte de la Cooperación Española, se alinea con este objetivo. Así, se trata de perpetuar la primacía del derecho mercantil sobre los derechos humanos.

La compañía Repsol llega a Ecuador cuando adquiere los campos de YPF en el país, en el año 2000. Se trata del llamado Bloque 16, sobre territorio ancestral waorani, afectando también a comunidades kichwa, con un porcentaje importante del mismo sobre el Parque Nacional Yasuní y la zona intangible de los pueblos originarios no contactados. Heredó así el territorio conseguido por la compañía Maxus, a través de negociaciones vergonzosas para el Estado ecuatoriano, mediante prácticas contra el pueblo waorani que incluyen el etnocidio. Según Ecuador sin Petróleo, Acción Ecológica recoge todo este historial en una publicación.

Ya en el año 2001, Repsol YPF forma parte del consorcio internacional que construye el Oleoducto de Petróleos Pesados (OCP) muy contestado por las comunidades locales por las violaciones a los derechos humanos, y derrames de petróleo que ha causado. El OCP permite la canalización de petróleos de baja calidad, con alto contenido en aguas de formación, muy corrosivas.

También en Ecuador, Repsol tiene una importante participación en el Gas Licuado de Petróleo, con más de un tercio en la cuota de mercado. Una amplia información al respecto aporta en sus trabajos el investigador y analista Decio Machado.

La compañía ha contado con numerosos tratos de favor por parte del Estado ecuatoriano, tanto en el pago de impuestos como en los contratos para la extracción petrolera, así como en la soberanía territorial que Repsol YPF ejerce sobre el pueblo waorani.

La soberanía de Repsol sobre el bloque 16, incluye la decisión sobre la entrada de las personas o instituciones al territorio, a través de la Vía Maxus que llega hasta el bloque, lo que hace muy complicado el análisis de las consecuencias sociales y ambientales por parte de organizaciones independientes. Además, el ejército ecuatoriano ha firmado distintos convenios de seguridad con Repsol, en la que el ejército "cumplirá ... con cualquier instrucción que por escrito sea dada por la Compañía".

Pese a ello, han sido testeados derrames en el bloque 16, el más importante en 2008, con el vertido reconocido por Repsol de 14.000 barriles de crudo. La propia Vía Maxus, ha generado enormes impactos, al destruir esteros y retener las aguas, rompiendo los ciclos hídricos y generando enfermedades. Un porcentaje importante del bloque perteneciente a Repsol está sobre el Parque Nacional del Yasuní

El etnocidio contra el pueblo waorani comenzó con la explotación de la Texaco, e incluyó traslados de la población a través de instituciones religiosas, aprovechando la connivencia del Estado ecuatoriano y su abandono a los derechos del pueblo waorani. Las sucesivas empresas petroleras han conseguido generar en el pueblo waorani una enorme dependencia económica y social, que es fundamental para el control del territorio por parte de Repsol YPF. La compañía se encarga de administrar educación y sanidad, de llevar de excursión a la comunidad los domingos hasta las cantinas, etc. La autoestima individual y comunitaria está tan fracturada, que el pueblo waorani llega a considerar que su única posibilidad son las prebendas de las compañías petroleras, pese a la destrucción de su selva en la que se basa su forma de vida tradicional o el aumento de enfermedades asociadas a la explotación petrolera. Recientemente se ha estrenado un documental del catalán Pere Herms, que se intentó adentrar en territorio waorani, muy ilustrativo.

Y para terminar. Señalar que Repsol tiene numerosos vínculos con algunas de las dictaduras más sanguinarias del planeta, lo que ha marcado la política exterior del gobierno de España, como señala el periodista Gervasio Sánchez, especialista en conflictos.

Repsol ha conseguido que la dictadura de Obiang no exista en los medios españoles, y que el gobierno recibiera con honores al sanguinario dictador para facilitar los negocios petroleros en Guinea Ecuatorial. Kazajstán, Turkmenistán o Uzbekistán son otros países con graves violaciones a los derechos humanos en los que el gobierno español ha incidido en beneficio de Repsol. También la Libia de Gadafi fue aliada de España por sus contratos con Repsol hasta el levantamiento de la población Libia.

Volviendo a América Latina, el papel de Repsol en Colombia está bien documentado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización, donde la compañía está relacionada con las prácticas paramilitares contra la población civil en las regiones donde el capital extractivo tiene intereses. Y es a esta empresa, a través de su fundación, que la Agencia Española de Cooperación Internacional dá dinero.