Integrantes de la junta de buen gobierno, durante la clausura del acto en el caracol de Morelia. Foto: Moyses Zúñiga
Caracol de Morelia, Chis. 22 de junio. Al clausurar el Encuentro americano contra la impunidad la noche del domingo, la junta de buen gobierno (JBG) zapatista de la región Tzotz Choj sostuvo que el plan Mérida no es contra la delincuencia, sino un instrumento para encarcelar, torturar y desaparecer a los que luchan por sus derechos.
Ante participantes de 15 naciones americanas y observadores de otros tantos países europeos, la JBG resumió la problemática de la impunidad, debatida aquí durante dos días, donde se identificó unánimemente el sistema capitalista como origen de las injusticias que arrasan hoy el mundo.
“El gobierno de ‘Pelipe’ Calderón (así se pronuncia por acá, pues no hay sonido ‘f’ en tzotzil ni tzeltal) y su amo el presidente de Estados Unidos están ‘enpocados’ en el plan Mérida, que ellos dicen va a acabar con la delincuencia de drogas. Realmente no es lo que ellos están difundiendo en sus medios de comunicación. En realidad es para hostigar, encarcelar, torturar y desaparecer a la gente que se organiza para defender sus derechos.”
Nuevamente en voz de la compañera Victoria, vestida con el rebozo tradicional de Huixtán, la JBG reconoció que el encuentro dio cuenta de las injusticias en cada uno de los países por sus malos gobiernos y sus patrones, que tienen el nombre de capitalistas. Ellos imponen leyes propias en favor de los grandes empresarios, dejando al pueblo en el olvido, la pobreza y la miseria, y nos quitan los recursos naturales sin tener gozo de lo que es nuestro.
Llamó a buscar formas de unidad para que algún día seamos libres de esta esclavitud que hoy se padece en todas partes del mundo. Nos vemos obligados a buscar espacios y caminos que permitan que nuestros compañeros privados de su libertad y nuestros hijos tengan una vida digna.
En la autonomía, agregó, los zapatistas estamos trabajando en solucionar los problemas que se presentan con las diferentes organizaciones y los hermanos ligados al mal gobierno.
Minutos atrás, al resumir el acto ante unos mil asistentes, el paraguayo Martín Almada había bautizado el encuentro del dolor al coraje, y concluía con un aforismo-consigna: La justicia ha sido un instrumento de dominación. Ahora será instrumento de nuestra liberación.
Contra lo que las represiones sin término podrían aconsejar, en el encuentro nadie renegó de la justicia. El consenso fue rescatarla de manos de los criminales y los injustos. Ya había alertado Silvya Marcos durante la mesa de trabajo Impunidad y justicia vistas desde las mujeres (una de las cinco realizadas la tarde del domingo) que no se trata de una venganza.
Bárbara Zamora, del bufete jurídico Tierra y Libertad, se preguntó ¿por qué necesitamos una nueva justicia y tribunales autónomos? El problema escencial es que la justicia ya no está dirigida a restablecer la armonía, quizá porque en nuestra época ya no tenemos idea de lo que significan orden y armonía. Para Zamora, quien ha defendido a centenares de presos políticos, es evidente que ya no se legisla para mantener el orden del mundo, sino para restablecer o proteger los intereses y los valores que ha pactado un grupo.
Haciendo eco a una percepción generalizada, sostuvo: Ya no reconocemos a las instituciones judiciales de nuestro país, porque no nos reconocemos en el orden que nos proponen, en los hilos que teje la comunidad de la que pretenden hacernos parte. Ahora “nos enfrentamos a una doble tarea: crear un nuevo vínculo entre nosotros –experiencia política de otro orden– y una nueva forma de protegerlo”.
También en la ruta de encontrar alternativas para castigar e impedir los crímenes de lesa humanidad, donde el perpetrador es siempre el Estado, Juan de Dios Monge, del Colectivo de Abogados Zapatistas, también defensor de muchísimos presos políticos y grupos en resistencia, consignó que la impunidad es un modus operandi del Estado para evitar el castigo a cualquier delito de lesa humanidad.
Esto es sistemático, al grado de haberse agotado las instancias nacionales para revertir la represión siempre impune, presuntamente en nombre de la legalidad. En México, el Estado identifica justicia con venganza y las instancias judiciales fabrican culpables con fines de represión. De ahí la necesidad de un tribunal autónomo internacional para erradicar esa práctica.
Ya diversos participantes sudamericanos habían referido que, para proteger a los criminales, el concepto de genocidio está sustraido de la lógica de los estados americanos, incluso cuando castigan finalmente las represiones del pasado.
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