La anulación por parte del Tribunal Supremo español de las candidaturas de D3M y Askatasuna no ha pasado desapercibida en el panorama internacional. La ultraderecha de Israel ha citado como modelo la Ley de Partidos y la actuación del Gobierno del PSOE.
El líder ultraderechista israelí, Avigdor Lieberman, cerró su campaña electoral el pasado jueves en Haifa en un mitin en el que reconoció que el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y la Ley de Partidos inspiran su propuesta de la Ley de Lealtad, una iniciativa con la que pretende recortar los derechos de los árabes y sacar del parlamento israelí a sus partidos.
Lieberman comparó su propuesta con la reciente ilegalización de las candidaturas de Askatasuna y D3M. «Los árabes tienen derechos en Israel, pero ningún derecho sobre la Tierra de Israel», proclamó el dirigente de Israel Beitenu.
Lieberman, de origen moldavo y que aspira a unos 20 escaños en el Parlamento israelí, sostuvo que no hay hueco en las instituciones para «aquellos que no condenan la violencia, como ha hecho Zapatero con Batasuna».
El presidente español, por su parte, defendió que la anulación de las candidaturas abertzales hace «a los violentos más débiles y a la democracia más fuerte» y demuestra que «no hay ningún futuro» para quienes apoyan o amparan a ETA. Zapatero destacó que por primera vez ninguna candidatura vinculada a Batasuna y al «conglomerado de apoyo y comprensión hacia la violencia» vaya a participar en esas elecciones autonómicas.
Desde Euskal Herria el lehendakari Juan José Ibarretxe y el líder de EA, Unai Ziarreta, limitaron sus denuncias de la ilegalización al «cálculo electoral» del PSOE para imponerse en las elecciones con un Parlamento distorsionado, mientras desde Nafarroa Bai Patxi Zabaleta lo tildó de «lamentable espectáculo». ELA instó a las instancias europeas a realizar una «reflexión sobre la pobre calidad de la democracia en el Estado español». El candidato del PSE Patxi López habló de «cuestión de principios». Y desde las filas del PP, Leopoldo Barreda, catalogó la decisión de «acertada» porque «defiende las libertades». UPN y PSN mostraron su «satisfacción».
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