Ellos y ellas son gente mayor, a veces muy mayor, que no ha cotizado lo suficiente para acceder a otras pensiones contributivas más elevadas. Son los pensionistas que disponen de una pensión no contributiva. Ganan, y esto es mucho decir, 4.709 euros al año, es decir 6.498 dólares que es la moneda en la que se miden los índices de pobreza o riqueza de los países y los índices del PIB per capita. En 2008 había en España, según datos oficiales, casi 500.000 personas que cobraban 336,33 euros mensuales procedentes de esta pensión que se reconoce a aquellos ciudadanos que se encuentran en situación de necesidad protegible y carecen de recursos suficientes para su subsistencia en los términos legalmente establecidos. Si ustedes se preguntan quienes son, les diré que la gran mayoría, un 77%, son mujeres solas, entre 80 y 85 años, con vivienda en propiedad pero muy deteriorada, en ocasiones sin calefacción, o con ella pero sin utilizar. Porque el calor cuesta. Así que se conforman con el suyo propio, que ya es poco. Una gran mayoría son solteras, aunque hay bastantes viudas. Tienen, eso sí, vecinos y vecinas, pero muy poca o nula red familiar y una muy limitada autonomía personal que se agrava por la restringida autonomía económica a la que están condenadas. Es gente con graves problemas de salud, una salud que a ellas les cuesta más mantener, porque ésta no solo se reduce a la visita médica.

Pero este colectivo de pobres de solemnidad no conmociona a casi nadie. Son invisibles por su poca capacidad de presión, por su nula presencia y por su inexistente capacidad de crítica social. Ni sindicatos, ni partidos políticos, ni colectivos, ni oenegés, ni grupos de presión. Nadie se ha puesto en su piel. Nadie se alía con ellos más allá de las declaraciones solidarias exigidas por la crítica políticamente correcta. Porque pareciera que aquí, en este reino de la satisfacción ya nadie se indigna y donde, a veces, la verdad no solo ya no escuece, sino que además es prescindible. Viven con muy poco, a lo sumo con la soledad infinita como única compañía. Y es que pasan el tiempo, un tiempo casi muerto, recluidos en sus hogares incapaces de socializar poco más allá del rellano de la escalera. Ellos podrían configurar un pequeño estado. Si así lo hicieran, ustedes se asombrarían al comprobar que ganan por término medio 80 veces menos que cualquier ciudadano español. Pero aun se sorprenderían más si supieran que su diminuta y sonrojarte renta per capita está a la altura de la de Angola, Méjico o Bielorrusia.

La crítica fácil de esta situación sería su impecable y necesaria denuncia. Pero sería injusto si no se le reconociera a estas pensiones el efecto corrector que en su día tuvieron sobre la pobreza. Y es que estas pensiones surgieron en la década de los años 90 como consecuencia de un proceso que tuvo en cuenta dos factores fundamentales. La crisis económica de los años 70 desencadenó la primera economía sumergida, con ello se incrementó el numero de personas, ya de avanzada edad, no aseguradas que participaban de esa economía y cuya actividad contributiva y laboral, al llegar a los 65, no había sido contemplada quedándose desprotegidas. A estas situaciones de desprotección habría que añadir los colectivos inasegurables e inmersos en situaciones de pobreza. Que eran muchos y no protegidos todavía por las modernas leyes de Rentas Básicas. Por otro lado, la crisis de los años 70 desencadenó un desempleo salvaje y un exilio obligado de cotizantes de la Seguridad Social, la cual entró en crisis al incrementarse también el número de personas a las que había que proteger. De ahí que surgiera la necesidad de ocuparse de ese gran grupo de población que previamente había sido expulsada, de manera activa y pasiva, de las opciones de participar de las pensiones del nivel contributivo. Y eso funcionó durante años. Pero la situación hoy requiere una urgente y drástica revisión. Por varias razones. Porque es inexcusable una plena convergencia con los modelos europeos de pensiones mínimas. Y es que en España el gasto público por habitante en protección social es el más bajo de la EU15 después de Portugal. Porque es injusto que estas pensiones de tercera categoría estén muy por debajo del SMI e incluso de las rentas de pobres, es decir de los denominados ingresos de inserción o Rentas Básicas que tienen activadas las comunidades autónomas. Es urgente su revisión porque estas pensiones, con la actual normativa, no se incrementarán más allá de los límites de la vergüenza. Y es que este grupo social de desprotegidos no podrá ver aumentada su pensión porque una perversidad de estas prestaciones es que son incompatibles, su cobro, con otras pensiones asistenciales o con los Subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos (la Renta Básica) u otras ayudas sociales. ¿Cómo se puede entender que cualquier ciudadano, entre 25 y 65 años sin recursos económicos, tenga hoy reconocido su derecho a exigir una Renta Básica cuyo importe puede alcanzar los 561 euros mensuales y a este colectivo se le condene a “cobrar” 336,3 euros? Este enorme agravio comparativo, que se produce con casi 500.000 ciudadanos del Estado, se explica, que no se justifica, dado el enmarañado y discrecional sistema de protección social español, un sistema complejo, desproporcionado, diverso, engorroso, burocratizado y absolutamente contradictorio. Y finalmente, es urgente porque su revisión no supone tanto dinero, pese a que se diga lo contrario. En el conjunto del reino de España este gasto se eleva a 2.500 millones de euros anuales. Durante 2008, los cinco grandes bancos españoles ganaron cada día 40 millones de euros, la deuda de los clubes de fútbol de 1ª División con Hacienda es de 627 millones de euros, pese a todo, los clubes de fútbol se gastarán este año en fichajes casi 3.000 millones de euros. Ustedes mismos.