Foto: SAMUEL SEBASTIÁN
“Estábamos todos durmiendo. No hay ruido. Él entra, deja la porra en el suelo, se saca la camiseta y dice: Venga, levantaros y pelead conmigo. Nadie quería hablar con él. Así que agarra la porra que había dejado en el suelo y empieza a pegar a todos como si fuéramos animales. Es como una vara metálica, una vara extensible…duele muchísimo…Una persona que estaba enferma de los riñones gritaba y lloraba como un niño… Fueron como diez minutos, hasta que se cansó. Luego recogió su camisa, cerraron la puerta y se fueron riendo…”.
Esta declaración no pertenece a las memorias de Nelson Mandela en su estancia en las prisiones sudafricanas durante el Apartheid. La cita, está extraída del último informe de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) y está hecha por un inmigrante que estuvo interno en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Zapadores en València. Según denuncia CEAR, en el CIE de la capital del Túria, así como en el de Madrid (Aluche), existe “una convicción firme” de que en fechas cercanas se han producido actos “calificables como de tortura”. Unos hechos que supuestamente habrían sido protagonizados por determinados policías del centro. Pero este episodio no ha sido el único. Los internos entrevistados por los técnicos de la onG han explicado que en otra ocasión, “y llegando borrachos”, sufrieron otra agresión.
El informe Conversaciones junto al muro, que estudia la situación de los CIE de València, Málaga y Madrid, revela las deficiencias y los abusos que allí suceden. En especial en el de la calle Zapadores de la ciudad de València. Según explicaron los miembros de la onG, Sara Verdú y Dani Sanjuán, no son las agresiones las únicas vulneraciones de los derechos humanos que se viven en estos centros. “Las habitaciones donde están los internos no tienen ni cuarto de baño. Por la noche deben orinar en botellas o en la propia pila de aseo”, criticaron.
Además, explicó Verdú, coordinadora de CEAR en Valencia, “el centro de Valencia carece de cámaras de seguridad en zonas como los baños, habitaciones, pasillos y zonas comunes”, lo que habría facilitado las agresiones. Otra de las revelaciones del informe apunta a los servicios médicos ya que “se niegan a elaborar partes de lesiones a petición de los internados y solo les dispensan algún medicamento”.
Desde CEAR también denunciaron que más del 97% de los detenidos no son sometidos a un reconocimiento médico en las 24 horas posteriores a su internamiento como está legalmente estipulado por ley. Esto crea situaciones de extremo peligro para los enfermos, ya que llegan con patologías diversas, incluso con problemas de drogas, y nadie les da atención hasta que pasan unos días.
En el caso de las mujeres internas, que suponen el 15% del total, Verdú señaló que no sufren "ningún tipo de discriminación de tipo sexista, están apartadas y solo salen al patio cuando lo hace su pareja". Eso sí, según denunció, los inmigrantes magrebíes de religión musulmana “están peor vistos”.
Otra de las deficiencias son los derechos que estos tienen en el centro de València. No pueden recibir llamadas ni tampoco realizarlas, en el 45% de los casos, “por el alto coste económico”, reza el informe. Además, las visitas de familiares se realizan como en las prisiones. Con un cristal de por medio. Cabe recordar que los inmigrantes que se encuentra “encerrados” en los CIES no son delincuentes y que es un porcentaje bajísimo el que tiene algún antecedente policial o penal. Es más, en 1 de cada 4 casos se podrían acoger al derecho de Refugiado Político. Una figura legal que les permitiría quedarse en España y sobre la que no se les informa adecuadamente.
CEAR ha pedido el desmantelamiento y cierre de este centro, al considerarlo un "agujero negro del Estado de Derecho". Además, quisieron remarcar que el hecho de haber realizado este estudio, es la única visita que les han permitido realizar, no significa que los asuman. “Habría que cerrarlos todos”, concluyen. Por su parte, desde Esquerra Unida exigieron al delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, que abra una comisión de investigación para aclarar estos actos. La diputada de EUPV, Marina Albiol, exigió que estos centros estén abiertos al control de las onG, situación que ahora no ocurre, así como también un trato digno y asesoramiento jurídico.
Sobre las supuestas torturas, desde CEAR aseguraron que los resultados del informe, que tiene más de 270 páginas, han sido entregados tanto a los directores de centro como al Ministerio del Interior. Desde CEAR exigen al Gobierno que conversaciones como las que aparecen en el estudio deben ser investigadas. Como afirmó Peter, uno de los inmigrantes que estuvo interno, “cuando alguien se juega la vida en el mar, es porque tiene una razón muy poderosa para hacerlo”.
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Peralta no descarta "supuestos excepcionales motivados por conductas de personas concretas"
El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, defendió la labor en el CIE de Zapadores nada más conocer el informe de CEAR. Peralta aseguró que no hay “nada que ocultar” y afirmó que ”hablar de torturas”, resulta “ofensivo para el funcionamiento del sistema”. Aun así pidió a la sociedad que no valore la generalidad de la política inmigratoria del Gobierno “por lo que puedan ser supuestos excepcionales motivados por conductas de personas concretas”.
Peralta señaló que en los CIE, los inmigrantes "están sometidos a control policial y sujetos a determinadas restricciones en sus movimientos” pero “no hay ninguna restricción más allá de esas”. El representante del Ejecutivo defendió así el "enorme esfuerzo" que realiza el Gobierno de Zapatero para “integrar con normalidad”. Además recordó que el Gobierno ha facilitado el acceso a las comisarías de policía al Defensor del Pueblo, “para que pueda comprobar inmediatamente cualquier tipo de denuncia que se pueda presentar en relación con las comisarías de policía y cualquier supuesto de tortura”. Para Peralta, “el Gobierno de España está claramente comprometido y ese tipo de denuncias, que son muy excepcionales”.
Para el representante del Gobierno en la Comunitat, "no falla nada", al contrario, "se deduce el esfuerzo que hace el Gobierno porque tengan acceso a ese tipo de centros, no solo la administración sino también entes como CEAR o el Defensor del Pueblo, ajenos a la Administración". "No tenemos nada que ocultar, nada", concluyó.
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