Nosotras somos feministas, lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgéneros, transexuales y heterosexuales revolucionarias que no nos hemos limitado a apoyar ciegamente este proceso revolucionario, sino que hemos trabajado organizadamente para construir una sociedad socialista libre de desigualdad y sin ningún tipo de exclusión y discriminación.
Rechazamos enérgicamente la posición retardataria y profundamente conservadora de la Asamblea Nacional, expresada por su presidenta, Cilia Flores, frente a asuntos tan fundamentales como el aborto y el reconocimiento legal de uniones de parejas del mismo sexo. La Asamblea Nacional está de espaldas a las propuestas y políticas llevadas adelantes por los socialistas y socialismos del siglo XIX y XX. Socialismos que, con sus grandes errores y limitaciones, no evadieron el tema del aborto ni el de la diversidad sexual.
Desde hace diez años, hemos estado experimentando un proceso de cambios económicos, sociales y políticos que se han traducido en una mejora sustantiva en la calidad de vida de las y los venezolanos. Sin embargo, todavía existen muchos problemas por resolver y grandes sectores de la sociedad, las mujeres y la población sexodiversa seguimos estando excluidas y somos constantemente discriminadas y consideradas ciudadanas de segunda categoría.
Pensamos que estamos llegando a un punto muerto del proceso revolucionario en donde se ha perdido el impulso y la fuerza inicial de hace cinco años. Se corre el peligro de volver atrás, no sólo por las actividades contrarrevolucionarias de la derecha venezolana aliada a los intereses del gobierno estadounidense, sino por la incoherencia, el conservadurismo, el burocratismo, oportunismo, ineficacia y grandes vacíos en la formación política e ideológica de muchas de las personas que tienen altos cargos de responsabilidad política.
Durante estos diez años, la derecha ha aprendido de sus errores, pero, sobre todo, de los nuestros. Sigue conspirando, organizándose, utilizando los medios de comunicación privados para adoctrinar a un sector de la población e inocular la cultura de la violencia fraticida y desnacionalizada, sin que se produzcan respuestas efectivas y contundentes por parte del gobierno. Por el contrario, muchos de las y los líderes políticos no están a la altura del momento histórico, temen el contacto con las bases, nunca pisan las calles y desdeñan el trabajo de organización y formación de cuadros.
Pensamos que la posición de la Asamblea Nacional, articulada pobremente por su presidenta, es una expresión más de esta terrible situación. No existe una aproximación al tema del aborto y al tema de las demandas de la población sexodiversa desde una perspectiva revolucionaria, sino desde el lente del tabú, el prejuicio y la pragmática de las encuestas. La ausencia de políticas públicas en estos aspectos tan delicados nos ha llevado a situarnos como el país con mayor índice de embarazos no deseados en niñas y adolescentes, una elevada tasa de muertes de mujeres por realizarse abortos en condiciones de inseguridad medica debido a su clandestinidad, además de la expansión de las llamadas Enfermedades de Transmisión Sexual (ITS) y todo el drama socio cultural que esto conlleva.
Con esta decisión inconsulta, la Asamblea Nacional sigue condenando a muerte a miles de mujeres pobres que se ven obligadas a practicarse abortos en condiciones insalubres e inseguras y sigue dándole poderes ilimitados a los sectores médicos que practican clandestinamente los abortos y todo tipo de abusos que genera esta absurda criminalización de un problema de salud pública. No sólo condonan las diversas manifestaciones de discriminación por orientación sexual e identidad de género, sino que, además, propician, con su indiferencia, los crímenes de odio que sistemáticamente se producen contra las lesbianas, homosexuales, transgéneros y transexuales.
Denunciamos la posición de la Asamblea Nacional como conservadora, irresponsable y reaccionaria. Una vez más, los problemas fundamentales que afectan la vida de millones de mujeres y millones de personas sexodiversas son dejados a un lado y postergados a un futuro borroso.
Los asuntos relacionados con el cuerpo, el sexo y la sexualidad no están confinados a la esfera de la vida privada, son políticos y producen efectos sociales palpables. Los creativos de las agencias publicitarias y los dueños de la poderosísima industria pornográfica, que se lucran vendiendo el cuerpo de la mujer, lo saben muy bien. También parecen entenderlo, los policías y las personas, que alentadas por los discursos llenos de intolerancia y odio de la iglesia católica y cristiana, matan, violan, golpean y humillan a lesbianas, homosexuales, transgéneros y transexuales.
Las que no parecen entenderlo son las diputadas de la Asamblea Nacional que decretan que estos temas no entran dentro de la ley y, además, desechan y temen su discusión abierta y democrática.
Nosotras no sólo sabemos que lo personal es político, sino que lo experimentamos diariamente en nuestros cuerpos. Somos tan conscientes, que hemos tomado la decisión política de salir de nuestras casas y del clóset -donde las diputadas nos quieren volver a meter- y hemos tomado la decisión política de organizarnos y luchar por nuestros derechos. Hemos entrado a la lucha política y no la vamos a abandonar.
La Asamblea Nacional ha tomado una decisión que no es política, es producto de temores atávicos, de la negligencia y de la falta de consciencia revolucionaria. Las leyes que se discuten en la Asamblea tienen efectos sociales y políticos a corto y largo plazo. La Asamblea Nacional ha mandado un mensaje claro a la sociedad: nosotras no somos importantes, hay problemas más urgentes. No es el momento de detener la muerte de mujeres pobres, no es el momento de detener los crímenes de odio, no es el momento para ser incluidos en la sociedad. ¿Cuándo va a ser el momento, cuando llegue un gobierno de derecha?
La posición de las diputadas Cilia Flores y Marelis Pérez Marcano son muestra evidente de que no es suficiente con que las mujeres estén en puestos de dirección o de alta responsabilidad política. A veces, los sectores oprimidos defienden con mucha convicción los intereses de sus opresores materiales e ideológicos. Es imprescindible tener consciencia feminista y consciencia revolucionaria para que las decisiones políticas estén siempre dirigidas a luchar por las demandas históricas de las mujeres y para lograr la igualdad plena de los grupos más excluidos.
Los partidos de izquierda y los movimientos sociales tienen dentro de su agenda política posiciones definidas a favor de la legalización del aborto y líneas políticas claras para terminar con la discriminación en contra las personas que desafían la institución de la heterosexualidad obligatoria.
A principios del siglo XX, Lenin discutía sobre el tema del amor libre y la subordinación de la mujer con activistas y teóricas de izquierda. Alejandra Kollontai denunciaba la doble moral burguesa, el sometimiento de la mujer en la sociedad capitalista y su nuevo papel en el comunismo, además, exigía un análisis materialista-histórico de la sexualidad por parte de la dirigencia. Sin embargo, los comunistas soviéticos no se quedaron en la mera discusión de estos temas, en 1920 tomaron medidas políticas para lograr la igualdad de la mujer y hacer efectivos sus derechos sexuales, legalizaron el aborto y despenalizaron la homosexualidad, entre muchas disposiciones revolucionarias.
Desde 1965, el aborto es legal en Cuba y, en la actualidad, se vienen tomando medidas políticas efectivas, apoyadas por líderes del Partido Comunista y la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, con el fin de corregir los errores que se cometieron en el pasado en contra de las lesbianas, homosexuales y transexuales.
Durante su campaña electoral del 2006, el actual presidente Rafael Correa, se reunió con organizaciones de diversidad sexual y en una carta pública a las mismas, se comprometió: “junto a los movimientos de Alianza País, a trabajar por el desarrollo de normas y acciones que permitan convertir en realidad la igualdad de todos y todas las ecuatorianas y ecuatorianos”. Estos son sólo algunos ejemplos para demostrar que estos temas han sido y son parte fundamental de las líneas políticas de las organizaciones de izquierda del mundo.
En nuestro país, los obstáculos reales para el avance de nuestras demandas no provienen de la Conferencia Episcopal ni de las iglesias evangélicas, el problema principal es que no hay criterio ni voluntad política en la Asamblea Nacional. Las y los diputadas no quieren asumir valientemente estos temas. Creen, guiados por una especie de mentalidad mágica, que si los ignoran y no los nombran, éstos problemas desaparecerán por sí solos.
Nosotras entendemos y asumimos responsablemente los costos de nuestras posiciones, ya que muchas veces la vanguardia política no es comprendida ni aceptada por estar adelantada a su momento histórico. Aún así, seguiremos en nuestro rol demandando lo que nos corresponde por derecho, herederas de las luchas feministas, defenderemos estos avances bajo el mismo principio con el que defendimos la aprobada enmienda constitucional de este año: la ampliación de ciudadanía.
Los derechos de las mujeres y de la población sexodiversa son cuestiones de alta política.
Demuestran el grado más elevado de consciencia en una sociedad revolucionaria. Obviamente nos falta mucho y el gobierno tiene varias deudas pendientes por saldar, entre las que más postergadas se encuentran: a) la legalización del aborto como medida clave en el diseño de políticas públicas que garanticen la salud de las mujeres y, b) la toma de medidas efectivas que garanticen los derechos políticos y sociales de lesbianas, homosexuales y transexuales que todavía no tienen plenos derechos ciudadanos y experimentan exclusiones de todo tipo.
Exigimos a las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional:
1. Conocer su posición pública sobre el tema de la legalización del aborto.
2. Conocer su posición pública sobre el reconocimiento legal de las uniones de parejas del mismo sexo.
Asímismo, exigimos saber la posición del Partido Socialista Unido de Venezuela,
partido mayoritario en la AN y en el país, en torno los dos puntos arriba mencionados.
Demandamos propuestas políticas acordes con los principios socialistas que se dicen defender. Ya es hora de dejar atrás el pragmatismo y el cálculo político. Empecemos, de una vez por todas, a tomar decisiones responsables, revolucionarias y de vanguardia.
Fimas
Marianela Tovar Núñez
Diana Ovalles Márquez
Javier Véliz
Jessie Blanco
Argelia Bravo
Anyely Marín
Diana Cordero
Carlos Gutiérrez
María Peña
Vicmar Morillo Gil
Anais López
Antonio J. González Plessmann Activista de DDHH
Martha Lía Grajales Pineda
Mayalla Llavaneras Blanco
Antulio Rosales
Yuranis Valera
Ybelice Briceño
Alexandra Martínez
Nuria Vila
Mónica Mancera
Lía Febres-Cordero
María Hernández Royett
Alessandra Moonens
Valentina Guevara
Iskra Moreno
Nebai Zavala
Oscar Ernesto Feo Acevedo
Doris M. Acevedo Izaguirre
Alba CarosioCon diferencias de forma
Guillermo Edgar
Maryluz Guillén
Gabriela Malaguera González
Jonathan Colmenares Sánchez
Jonathan Palatz Cedeño
Sandra Álvarez Ramírez
Teresa Ovalles Márquez
Alicia Elena Rosales
Laura Rodríguez
Edith Pineda
Janet Helen Duckworth
Marieva Caguaripano
María Emilia Durán
Angela Barrios
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