José Roberto Duque entrevistó al compa para El Correo del Orinoco sobre el primer atentado contra su vida, 72 horas antes de que atentaran contra él por segunda vez. El primer atentado fue el 4 de marzo.
Es el segundo atentado en lo que va de año, su estado es incierto
A siete meses (4 de marzo) de haber sobrevivido a un primer atentado sicarial, hoy 11 de septiembre a las 12 y media del mediodía, José Pimentel —dirigente agrario del Frente Unido Campesino de San Carlos y del Movimiento Campesino Jirajara— fue nuevamente abatido por las balas del sicariato terrateniente.
Aproximadamente a la misma hora (12:30 del mediodía), y frente al quiosco dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Tierras (INTI) —capítulo Cojedes, un motorizado con parrillero le propina dos tiros mortales al dirigente frente a testigos y a plena luz del día, hiriéndolo de gravedad en la cabeza. Su actual estado de salud es incierto.
José Pimentel ha sido un reconocido dirigente de las luchas del campesinado sin tierra del estado y era uno de los principales promotores de la conformación del Frente Nacional Campesino Simón Bolívar, instancia que pretende articular y coordinar a nivel nacional a todas las formaciones militantes en la lucha por la tierra. Tras el primer atentado la amenaza de muerte ha sido constante y vigente. A pocos días de la primera intentona, Pimentel fue amenazado y amedrentado por cinco sujetos. Frente a la situación, el dirigente solicita protección policial y los cinco ciudadanos pasan a ser averiguados. La Jueza Cuarta de Control del estado Cojedes concede en principio la solicitud de protección. En este punto es importante recordar que en el caso del primer atentado, Wranglelhits Enrique Pacheco, actualmente detenido, es imputado como el autor material del conato y Melquíades García, quien subcontrata a Pacheco para realizar el trabajo, también se encuentra en la actualidad tras las rejas. Y aquí es donde el relato se enrarece: tras evaluar a los cinco ciudadanos la Jueza Primera de Control desestima las amenazas, los cinco ciudadanos son puestos en libertad y se pasa la orden para revocar la medida de protección. Medida que deja en entredicho la posición de ambas juezas.
En el primer caso, se sospecha que el detonante de los atentados fue producto de la lucha llevada a cabo por el movimiento campesino por la recuperación de la finca Manfralex, propiedad de un señor de apellido Toledo. Vox populi, tanto Toledo como un señor de apellido Boulton se le atribuyen la autoría intelectual del primer atentado, y poco descarta que también estén relacionados en el segundo.
Que a siete meses de la primera intentona no se hayan tomado medidas de mayor contundencia se desprende la más clara lectura: la seguridad del proletariado rural no es motivo prioritario para el aparato jurídico y de seguridad cojedeño. Nuevamente queda patente la connivencia acostumbrada entre la ley y los propietarios.
La lista de dirigentes agrarios asesinados por el sicariato paramilitarizado desde la implantación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en 2001 ya circunda alrededor de los 220 (contabilizados) en lo que va de año. Esta guerra silenciosa, aunque descaradamente declarada por los terratenientes y sus instancias organizativas (Fedenaga y su presidente Genaro Méndez a la cabeza) se hace cada vez más insostenible, y cada vez queda más en evidencia la orgánica articulación entre el latifundio retardatario y sus diversas manifestaciones: acaparamiento, control de instancias claves del aparato tanto del sector privado como el gubernamental, bien se trate de los tribunales agrarios, la institucionalidad o desde el amplio espectro de actividades desestabilizadoras —tráfico de armas, drogas y gente, empleo de fuerzas paramilitares y parapoliciales y focos de corrupción— ellos no van a retroceder y su accionar es claro y descarnado. Este es, a todas luces, un crimen político.
De cara a la actual coyuntura, con la amenaza imperial en ciernes y con la activación de células paramilitares colombianas en el territorio nacional, cabe hacerse, una vez más, la misma pregunta: ¿Qué hará la Defensoría Agraria, el PSUV, la gobernación del estado Cojedes ante esta amenaza de la que Pimentel es expresión puntera? ¿Nuevamente será revestido bajo el manto de la impunidad? No existe argumento para esgrimir un caso de “ajuste de cuentas”, la típica criminalización no procede. ¿Por cuenta de quién corre la protección del pueblo campesino? La soberanía alimentaria no se circunscribe a la mera producción de la tierra, también se trata del derecho a hacer vida de quien produce la tierra, que es quien la trabaja —los únicos con verdadero derecho de propiedad—, soberanía también implica protección y correcta administración de justicia.
Mientras la plataforma mediática fascista siga disminuyendo y burlando la presencia del paramilitarismo y de su estrecho vínculo con la oligarquía local, más en evidencia quedan de cara a la historia. Nadie puede engañarse, es indudable quiénes son los responsables, lo refleja la lucha de clases. ¿Qué piensa hacer la justicia del Estado?
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