I. 27F, veinte años después
Estos días se cumplen 20 años de la explosión popular que siguió al paquete neoliberal del gobierno de Carlos Andrés Pérez y el FMI y las masacres que aquel desató contra el pueblo alzado contra las políticas del hambre y la represión.
Las masacres del 27 y 28 de febrero de 1989 dejaron un saldo nunca determinado de víctimas, producto de la represión ordenada por el alto gobierno y llevada a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado – ejército y policías. Estos hechos significaron el punto de inflexión para la democracia excluyente del puntofijismo.
La rabia popular contenida se expresaría tres años después en el masivo apoyo popular a los golpes de 1992, y casi 7 años después, tras el nuevo corrientazo implementado por el binomio Caldera-Petkoff, en el respaldo popular que recibió en las urnas Hugo Chávez, comandante del golpe del 4 de febrero.
La conmemoración del décimo aniversario de la masacre coincidió con la llegada al gobierno de Hugo Chávez Frías. En estos diez años, se ha producido un avance espectacular en relación con reivindicaciones sustanciales de los sectores populares reprimidos – un proceso que conocemos y defendemos como revolución bolivariana.
No obstante, la mitad del tiempo transcurrido desde las masacres del 27 y 28 de febrero se corresponde con el proceso de gobierno bolivariano. Desde el comienzo del proceso de gobierno, la memoria de las víctimas ha sido reivindicada de diversas formas, en un doble ejercicio de memoria de luchas populares e instrumento político para el discurso.
Veinte años después de la masacre, y diez años después de la insurgencia electoral de las mayorías que abrió las puertas a la revolución bolivariana, la justicia no ha llegado para ninguna de sus víctimas.
II. Contexto y masacre
¿Cómo era Venezuela hace 20 años?
Nellys E. Ramírez Díaz
La gravedad de la crisis que enfrentaba el país tenía su expresión más álgida en la agudización y deterioro acelerado de los indicadores socio-económicos que delataban todo un cuadro de desequilibrios dentro de la estructura social venezolana... El fraude histórico, de la Venezuela igualitaria, quedará en evidencia. Para finales de la década de los ochenta, los indicadores reflejaban la gravedad de una realidad social y económica que cada vez se tornaba más peligrosa y que se expresaba en la situación de despojo en la que se hallaba el 80% de la población venezolana, inmersa dentro de un continuo espectro de pobreza que se movía desde niveles crecientes de pobreza relativa hacia condiciones extremas de pobreza crítica.
El 27 de febrero de 1989. A 20 años del sacudón
César Dorta
"El Presidente Pérez ordena a la Fuerza Armada a Nacional a disparar sus fusiles y sus armas contra el pueblo indefenso, enrojeciendo las calles con sangre patriota, con sangre de la gente nuestra, de los venezolanos aguerridos, cuya piel, carne y hueso no resistió las balas que a mansalva le dispararon. Miles cayeron en las calles de combate. "
El 27F del 89 el pueblo salió a las calles para reclamar su derecho a vivir
Luís Brito García
“El 27 de febrero representó un punto de quiebre en el sistema político, social y económico de Venezuela y es desde allí que se originan una serie de hechos que nos traen a la época actual donde tenemos una revolución que busca la justicia social en Venezuela que está liderada por un militar que surgió un 4 de febrero de 1992”
La Rebelión Popular del 27 de febrero
Homar Garcés
Tal acontecimiento removió profundamente los cimientos de las estructuras montadas por el Pacto de Punto Fijo, marcando el comienzo de su fin, y le devolvió a las masas ese protagonismo y papel constituyente que le fuera usurpado tras el 23 de enero; cuestión que todavía no ha culminado, manteniéndose en un proceso de definiciones y avances que anuncia una revolución popular inédita, pero definitiva. Sin marcas del pasado.
III. 20 años de impunidad
El Caracazo: 20 años de espera
Carlos Rodríguez (hermano de Francisco José, asesinado en una azotea de los bloques de Propatria, por disparo de FAL)
He aquí un testimonio que luego de 20 años pude escribir. En estos momentos, todavía, mis padres, su hija y sus hermanos esperamos que se haga justicia. Están en deuda con esas personas que de una u otra forma dieron el inicio...
20 años de impunidad y anarquía en materia de DDHH. 20 años de espera a que se haga justicia. Hasta los momentos ha sido, papeles que van y vienen, de la fiscalía, a la defensoría y de ahí a la vicepresidencia y así en ese círculo vicioso durante todos estos años, pareciera que no existe la voluntad de enjuiciar ni indemnizar a nadie…
Todos sabemos quiénes eran los funcionarios del Poder Ejecutivo que estaban en ese momento con las riendas del país. Ya se van a cumplir 20 años de esa matanza, la peor en toda la historia contemporánea de Venezuela y vendrán acusaciones y escritos pero luego de una semana de dimes y diretes, se olvidarán y así hasta el año que viene cuando vuelva a utilizarse como bandera política o publicidad.
27 de Febrero: "Día Nacional por el Respeto de los Derechos Humanos y del Poder Popular"
Celia Portillo Fonseca
Desde 1989 los sucesos del 27 de febrero han estado cubiertos por el manto de la impunidad, no sólo porque nunca se conoció una cifra exacta, ni siquiera cercana, del número de fallecidos, sino porque además quienes vulneraron los Derechos Humanos en esos días jamás recibieron el castigo que la ley les debió imponer.
IV. Síntesis de los “avances” de la justicia formal, según informe de la Defensoría del Pueblo de 2007
Imputaciones y acusaciones a autores materiales
En mayo 99 el MP solicitó a la Sala Político Administrativa de CSJ, que requiriera a los tribunales los expedientes del caso, y se avocara a conocer la causa. En septiembre se decidió el avocamiento y la CSJ ordenó desglosar los expedientes.
Febrero de 2001, la Sala Política Administrativa del TSJ decidió remitir las 437 causas originadas del desglose al MP, para que se encargara de la investigación. Se inició una investigación por los sucesos de El Caracazo, un total de 340 expedientes, que corresponden a igual número de víctimas que tienen sus respectivas actas de investigación, y otro relacionado con la muerte de 100 indigentes (*).
Se inició la actualización de las actas encontradas desde 1989 hasta 1991.
Enero de 2002: fueron acusados Jorge Jiménez Sánchez por homicidio intencional y Pedro Miguel Blanco Belmont, homicidio intencional en grado de cooperador inmediato, cabo primero y comisario de la Policía Metropolitana, por la muerte de Luis Manuel Colmenares, ocurrida el 7 de marzo de 1989 en el municipio Baruta.
En noviembre de 2002 se inició el juicio oral, en septiembre de 2003, el Tribunal 28 de Juicio de Caracas dictó sentencia absolutoria.
En junio de 2004 la Sala 5 de la Corte de Apelaciones de Caracas anuló la sentencia absolutoria, y ordenó la realización de un nuevo juicio ante un tribunal distinto. El inicio del nuevo juicio estaba pautado para el 12 de febrero de 2007, pero se difirió por cuanto uno de los acusados no se presentó, “debería” haberse iniciado el 27 de marzo.
Agosto de 2003: 3 funcionarios del Ejército venezolano, Coronel Pedro Colmenares Gómez, Mayor Carlos Miguel Yánez Figueredo y Coronel Jesús Francisco Blanco Berroterán fueron acusados, por el delito de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva por la muerte de Crisanto Mederos, el 3 de marzo de 1989 en La Pastora, municipio Libertador.
En de julio de 2004, el Tribunal 33 de Control de Caracas acordó sobreseer la causa, por prescripción. MP apeló y la Sala 10 de la Corte de Apelaciones ordenó la realización de una nueva audiencia preliminar. En julio de 2005, el Tribunal 19 de Control acordó el inicio del juicio oral y público, pero los defensores interpusieron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional del TSJ, alegando la extemporaneidad del recurso de apelación.
El 27 de julio de 2006, la Sala Constitucional en ponencia del magistrado Arcadio Delgado Rosales declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto por la defensa, revocó el dictamen de la Sala 10 de la Corte de Apelaciones de Caracas de agosto de 2004, mediante la cual se admitió la apelación del Ministerio Público y anuló los actos procesales posteriores al fallo de la Corte.
Destacó la fiscal Fariñas que uno de los argumentos de esa sentencia fue la extemporaneidad del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público. Señaló que la magistrada Carmen Zuleta de Merchán salvó su voto, y refirió en su argumentación que el recurso de apelación fue consignado el último día del lapso establecido para tal fin a las 6:30 P.M. ante un tribunal de guardia, por cuanto la oficina de alguacilazgo del circuito judicial penal de Caracas labora en un horario normal hasta las 4:30 P.M.
Alegó también la magistrada que era preciso tomar en cuenta, que el caso estaba relacionado con los hechos ocurridos el 27 y el 28 de febrero de 1989, denominados comúnmente como El Caracazo, los cuales fueron conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un proceso incoado contra la República Bolivariana de Venezuela.
Actuaciones en materia de responsabilidad intelectual
Carlos Andrés Pérez: MP prepara un informe para solicitar la extradición, existe una orden de aprehensión con fines de imputación por la presunta comisión del delito de homicidio calificado continuado, solicitada en febrero de 2005.
Febrero de 2004: los militares en situación de retiro, Italo del Valle Aliegro y Manuel Antonio Heinz Azpúrua, fueron imputados por homicidio por los hechos de febrero y marzo de 1989, de acuerdo con la sentencia de la Sala Política Administrativa del TSJ.
No hay acto conclusivo con respeto a estos altos funcionarios, en virtud de las numerosas diligencias que han solicitados los abogados defensores. “Diligencias que deben ser efectuadas por el Ministerio Público para garantizarles a Italo del Valle Aliegro y Manuel Antonio Heinz Azpúrua, el debido proceso y el derecho a la defensa”.
“Aún no se tiene registro por escrito de quiénes comandaban cada una de las zonas de Caracas, al ponerse en ejecución el Plan Ávila, debido a que la información sobre su aplicación era de carácter reservado”.
La Peste
“Todos los cuerpos de las víctimas de los sucesos conocidos como El Caracazo … que permanecían específicamente en el sector conocido como La Peste, en el Cementerio General del Sur, fueron debidamente exhumados”
El Fiscal 21 nacional con competencia plena, Alis Fariñas: desde 1991 se paralizó la exhumación en La Peste, por cuanto ya no existían en ese lugar víctimas con data de muerte correspondiente a El Caracazo. Acta levantada el 27 de noviembre de 1991, por el Tribunal 10 de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Distrito Federal y el estado Miranda, con firma de representantes de la Facultad de Antropología UCV, de la medicatura forense, del cuerpo de investigaciones, y ante la asistencia de representantes de la organización no gubernamental Cofavic y del Ministerio Público. “Mal pudiéramos decir a la fecha de hoy, 2007, que no se realizaron las exhumaciones correspondientes a La Peste”.
Se pudieron identificar tres cuerpos, que fueron entregados a los familiares. En Medicatura Forense reposan tres víctimas que no han sido identificadas plenamente, pero hasta la fecha no han sido reclamados, aún cuando en el año 2001 se publicó un aviso de prensa con un llamado a los familiares de las víctimas de estos sucesos.
V. Otras notas en Aporrea
20 años del Caracazo en la Biblioteca Nacional Con material del Archivo Audiovisual de Venezuela
El 27F sembró esperanzas. Todos Adentro
Liliane Blaser: La masacre contra el pueblo del 27F ha quedado impune
Sangre muerte y terror un 27.Obny Castillo P.
(*) De acuerdo a Carlos Rodríguez, para el día 16/11/2008, el Ministerio Público había reconocido 428 víctimas mortales de los sucesos.
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