“Vergüenza, decepción, tristeza, rabia”, son los sentimientos que, ante el veto del presidente uruguayo a la ley que despenalizaba el aborto, brotaron de una mujer frenteamplista. Debe ser la sensación de casi el 60% de la población que está a favor de la legalización del aborto o del 63% que rechazó el veto presidencial al proyecto de ley que fuera aprobado, previamente, en el Parlamento.
Tú votas, yo veto
El senado uruguayo había aprobado, con 17 votos sobre 30, el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva que incluía la despenalización del aborto siempre que la mujer lo realizara antes de las 12 semanas de gestación y, más allá de este plazo, también se permitía cuando el embarazo implicara riesgo de vida o de salud de la mujer o cuando se previera la malformación fetal incompatible con la vida extrauterina. Sin embargo, para que se transformara en ley, necesitaba ser aprobada por el presidente (¡y médico!) Tabaré Vázquez, quien la vetó junto con el aval de la ministra de Salud. Con su decisión, se ganó la bendición de la reaccionaria Iglesia Católica que había amenazado con excomulgar a todos los funcionarios que aprobaran dicha ley.
Mientras tanto, en este lado del Río de la Plata, se sumaban las firmas para una carta dirigida a Tabaré en la que, insólitamente, se expresaban “felicitaciones por la vitalidad y compromiso de la democracia uruguaya que ha sabido garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la ciudadanía.”, depositando confianza en “que será respetada la separación de los poderes del Estado y la voluntad popular expresada en todas las encuestas con más del 60% a favor de la ley.”
Uruguay, incluso antes de que asumiera Tabaré, ya había sido presentado por las feministas del Cono Sur como un ejemplo en la lucha por el derecho al aborto, cuando sus diputados aprobaron la despenalización, que entonces no prosperó porque fue rechazada en el Senado. Luego, el presidente frenteamplista aclaró, apenas asumió el cargo, que si el Parlamento volvía a aprobar un proyecto de despenalización del aborto, se encargaría de vetarlo. Irónicamente, habrá que reconocer que ¡fue la única promesa que cumplió al pie de la letra!
Al cierre de esta edición, quedaba en manos de la Asamblea General dejar el veto presidencial sin efecto. Para eso, deben obtenerse tres quintos de los votos de los miembros presentes, lo que muchos ponen en duda que pueda alcanzarse.
Sangre de mujeres pobres tiñe el mapa del “progresismo” latinoamericano
El mapa de nuestra tragedia indica que, en América Latina y el Caribe, se provocan 4 millones de abortos cada año, la gran mayoría en condiciones de clandestinidad.
En Argentina, una amplia campaña por el derecho al aborto surgió hace unos años, movilizando a vastos sectores de mujeres y juntando miles de firmas. Pero se diluyó en la expectativa de que el pasado gobierno de Néstor Kirchner aprobaría la despenalización del aborto. Hoy, el resultado es que el proyecto de despenalización está cajoneado en el Congreso, y hasta el propio y acotado proyecto de reglamentación del aborto no punible presentado por diputadas oficialistas acaba de ser congelado hasta el año próximo por decisión de Agustín Rossi, el presidente del bloque kirchnerista.
Todo el mapa del supuesto “progresismo” latinoamericano está teñido por la sangre de las más de 4 mil mujeres pobres que mueren, cada año, en América Latina y el Caribe por no contar con el derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo en condiciones de higiene y salubridad, en los hospitales públicos.
En Nicaragua, la derogación del aborto terapéutico fue la ofrenda del sandinismo al reaccionario obispo Obando y Bravo para conseguir el apoyo de la Iglesia Católica en la campaña que llevó a Ortega a la presidencia. Rafael Correa, de Ecuador, también se manifestó en diversas oportunidades contrario a la despenalización del aborto. Ni qué hablar del ex – obispo y actual presidente de Paraguay, Fernando Lugo, quien aclaró que “en temas como la eutanasia y el aborto, yo me identifico profundamente con mis creencias personales, que son las de la Iglesia”. En Brasil, distintos proyectos de despenalización han sido rechazados en el Parlamento durante los últimos 16 años, donde incluso hasta reconocidas figuras que se dicen de “izquierda”, como Heloísa Helena del PSOL, encabezan campañas contra el derecho al aborto de la mano de los sectores más reaccionarios de la jerarquía eclesiástica. Tampoco Venezuela o Bolivia han avanzado en legislar a favor de la vida de las mujeres más pobres que son las que mueren por las consecuencias del aborto clandestino. Y como el género de los mandatarios no define sus políticas, las presidentas Michele Bachelet, de Chile y Cristina Fernández, de Argentina, también se han mostrado contrarias a esta decisión. Para Bachelet, su tarea consiste en centrarse “en prevenir los embarazos no deseados”; mientras de este lado de la cordillera, la ministra de Salud expresó claramente la posición del gobierno K cuando señaló que el aborto era cuestión de “política criminal”.
¡Ni una muerta más! ¡Por el derecho al aborto! ¡Por un movimiento de lucha independiente del Estado y los partidos patronales!
Frente a esta dramática situación ¿hasta cuándo vamos a soportar que nos digan que tenemos que confiar en los gobiernos, las instituciones del régimen, la “vía parlamentaria”, el “lobby” con los ministros, en las “buenas intenciones” políticas de quienes no hacen más que concesiones al Vaticano y las jerarquías clericales, a la derecha conservadora y retrógrada, a los sectores más reaccionarios, desoyendo lo que las amplias mayorías aprueban y reclaman?
Debemos poner en pie un amplio movimiento de mujeres en lucha por nuestros derechos, con independencia del Estado, del régimen y sus instituciones, de la Iglesia y los partidos políticos patronales, para que pueda expresarse la voz de las más amplias masas de mujeres pobres, trabajadoras y de los sectores populares. Confiar en nuestras propias fuerzas y en la alianza con los explotados y oprimidos por este mismo sistema capitalista en decadencia es el único camino que tenemos para arrancar nuestros derechos a estas instituciones del Estado, sus regímenes y gobiernos. Porque, como decía a principios de siglo la feminista Julieta Lanteri, los derechos no se mendigan, ¡se conquistan!
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