El pasado mes de abril, las FARC había anunciado la liberación unilateral del cabo Pablo Emilio Moncayo. Una acción que se imposibilitó por los impedimentos del gobierno que preside Álvaro Uribe, de permitir la participación de Córdoba.
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, autorizó este miércoles a la senadora Piedad Córdoba como gestora para la liberación de los retenidos anunciados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero puso como condiciones que sean liberadas las 24 personas que se mantienen en cautiverio y que las Fuerzas Armadas estén a cargo de toda la logística para la operación.
"El Gobierno Nacional autoriza para la liberación de los secuestrados que están hoy en poder de las FARC, a la senadora (Piedad) Córdoba, a fin de que participe en el acto de liberación de esos secuestrados", en compañía de la Cruz Roja y la Iglesia Católica", anunció el mandatario colombiano desde el aeropuerto militar de Catam antes de viajar a la conferencia anual Allen & Company Sun Valley, en Estados Unidos.
En la lista de "canjeables", los que más tiempo llevan retenidos son dos militares -en poder de las FARC desde el 20 de diciembre de 1997-: Pablo Emilio Moncayo y Libio José Martínez, nombres que anunció el grupo rebelde para ser liberados de manera unilateral el pasado mes de abril.
Sin embargo, Uribe condicionó que para que ésto se produzca se debe también liberar al resto de los retenidos y en forma "simultánea".
Además, ordenó que las Fuerzas Armadas organice la logística en vez de un tercero como se hizo en las pasadas liberaciones.
Son 24 retenidos en poder las FARC, de la Fuerza Pública. "Además que debe incluirlos a todos, las FARC deben devolver los cadáveres de los tres compatriotas en el asesinato del cautiverio", agregó Uribe.
Las negociaciones serán realizadas entre la senadora Córdoba -y la comitiva- y el Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Frank Pearl.
El presidente hizo el pronunicamiento desde el aeropuerto militar de Catam antes de viajar a la conferencia anual Allen & Company Sun Valley, en Estados Unidos.
Anuncio en medio de escándalo por notarías
El anuncio de se hace en el marco del escándalo en el que se ve envuelta su gestión con la denuncia del ex superintendente de Notariado y Registro Manuel Cuello Baute, que reveló este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia, que el Gobierno usó las notarías para pagar la reelección 2006.
Cuello Baute declaró que como encargado de asignar las notarías, estaba cumpliendo órdenes del gobierno, específicamente del entonces ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega.
La denuncia integra un estudio que realiza la Corte Suprema en una averiguación general ejecutada a varios congresistas. Por su magnitud, la declaración ha sido dividida en tres segmentos para que los usuarios puedan apreciar en su integridad el texto.
En la primera intervención el ex superintendente admite a la Corte que su denuncia debió haberla hecho desde agosto de 2006, pero la justificó por temor a las represalias del gobierno en contra suya que lo obligaron a irse de Bogotá.
Moncayo rechaza condiciones de Uribe por "cerrar las puertas" de liberaciones
En entrevista exclusiva a teleSUR, el padre de Pablo Emilio Moncayo, denunció que el presidente Uribe está "negando" la posibilidad de que su hijo recobre la libertad. Uribe autorizó la participación de la senadora Piedad Córdoba en la liberación, hecho que la había impedido antes, pero ahora exige que se liberen de forma "simultánea" todos los retenidos, con el uso de la logística de la Fuerzas Armadas.
El caminante por la paz, Gustavo Moncayo, padre de Pablo Emilio Moncayo, retenido por las FARC desde hace 11 años, condenó este miércoles las condiciones impuestas por el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, para que se dé el proceso de liberación unilateral ofrecido por las FARC, porque "cierran las puertas" al deseo de ver a su hijo nuevamente.
Ante "el pronunciamiento oficial del Gobierno colombiano, miramos que está cerrando las puertas está negando la libertad de Pablo Emilio", denunció el profesor Moncayo, tras recordar que el grupo rebelde en abril dijo estar dispuesto a conceder la libertad a su hijo y a otro oficial, y no a los 24 soldados que solicitó el mandatario como condición.
"Esta nueva condición aleja aún más la posibilidad del reencuentro", de acuerdo con Monclayo, quien también criticó la orden de Uribe hacia las Fuerza Armadas para que se encarguen de la logística en la operación.
Se preguntó "¿por qué el señor presidente sigue negando e impidiendo la liberación de Pablo Emilio?".
Como medidas a tomar informó que solicitará una reunión entre el presidente , la senadora Piedad Córdoba, representantes de la Cruz Roja y su persona, con el fin de exigirle una explicación ante la nueva postura gubernamental.
También anunció que se realizarán nuevas movilizaciones en Colombia "para pedirle al gobierno la liberación de Pablo Emilio".
"La tristeza que nos embarga es que sea una tercera persona la que tenga que decidir la liberación de nuestro hijo", señaló Moncayo.
El padre del retenido, Gustavo Moncayo, es conocido como "el caminante por la paz, la vida y la libertad" por las caminatas de miles de kilómetros que ha realizado para pedir la libertad de su hijo y de un acuerdo humanitario.
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, autorizó este miércoles a la senadora Piedad Córdoba como gestora para la liberación de los retenidos anunciados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero condicionó que sean liberadas las 24 personas que se mantienen en cautiverio y que las Fuerzas Armadas estén a cargo de toda la logística para la operación.
Además estableció que sean entregados "los cadáveres de los tres compatriotas" soldados que murieron en combate.
En un comunicado dado a conocer el pasado 16 de abril, las FARC anunciaron su voluntad de liberar de forma unilateral al cabo Moncayo, para lo que solicitaron la presencia en la entrega del padre del rehén y de la senadora opositora Piedad Córdoba, la misma que en febrero recibió a cuatro uniformados y dos políticos por parte de patrullas guerrilleras.
Inmediatamente después que se supiera la decisión de las FARC, Álvaro Uribe respondió que no permitiría la presencia organización alguna diferente al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) con la participación opcional de la Iglesia Católica, si las FARC así lo desean.
Mientras las FARC mantienen a 24 uniformados, que consideran prisioneros de guerra "canjeables", el gobierno tiene en cárceles oficiales a más de 500 personas del grupo insurgente, según lo han denunciado. El grupo rebelde ha solicitado la realización de un acuerdo humanitario, para intercambiar a ambos grupos.
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