La CE advierte de que el riesgo de exclusión social es muy alto para 9 millones de personas, mientras la cifra de parados sin ayuda supera el millón.
José Antonio hace casi todos los días cola en el comedor social de Santa Isabel, en el madrileño barrio de Argüelles. No es un ‘sin techo’, ni un jubilado al que la pensión apenas le da para cubrir los gastos de la primera mitad del mes. No responde al típico perfil de usuario de esta clase de servicios asistenciales. Acabó la educación obligatoria e incluso hizo sus pinitos en la universidad, pero José Antonio terminó aparcando sus estudios de empresariales «porque vi que era muy sencillo encontrar un trabajo con un sueldo interesante». Y hasta hace unos meses lo ganaba en una pequeña empresa industrial de las que hicieron fortuna al calor del ‘boom’ de la construcción inmobiliaria.
Llevaba dos años pagando el piso en el cinturón sur de Madrid, donde vivía con su pareja y su hija pequeña cuando la empresa decidió no renovarle el que iba a ser su quinto contrato semestral. A la espera de que la Comunidad de Madrid le conceda la ayuda asistencial que ha solicitado, José Antonio come en Santa Isabel porque la prestación por desempleo y los pocos ingresos ‘extra’ que consigue en pequeños trabajos ocasionales «van para el banco», a pagar la hipoteca de la casa en la que viven.
El suyo no es un caso aislado. No hay más que hablar con alguna de las organizaciones sociales, que, como Cáritas, se esfuerzan en dar cobertura a las demandas de bienes de primera necesidad de familias con problemas económicos para comprobar que la crisis ha traído consigo una verdadera socialización de la pobreza.
«No es sólo que la crisis haya incrementado hasta en un 50% durante 2008 la demanda de los servicios asistenciales que ofrecemos», explica un portavoz de la organización humanitaria. «Lo que llama la atención es el perfil de los individuos y las familias que solicitan nuestras ayudas». apunta.
Muchos de los nuevos usuarios son personas que jamás se habían acercado antes a Cáritas. Tenían una hipoteca, vivían con lo justo, sin margen para ahorrar, y han agotado tanto las prestaciones por desempleo como el apoyo familiar.
«No son los vagabundos de siempre», subraya Raquel Sancho, responsable de una organización que lleva décadas auxiliando a los ‘sin techo’ barceloneses. «Están en la calle por la crisis, hay gente de 30 años que hasta hace nada se ganaba la vida con su trabajo».
El fenómeno tiene una explicación económica vinculada a los excesos de la última década. «En los últimos años, el incremento de bienes y actividades accesibles a la población ha ido acompañado de un repunte de las dificultades financieras de las economías familiares, en especial en todo lo referido a las cargas asociadas a la vivienda», afirma Luis Ayala, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, en la última edición del informe Foessa, el más importante que sobre pobreza se realiza en España.
Otras prioridades
«Llama la atención que los hogares con mayores niveles de privación material no sean aquellos cuyos miembros tienen rentas más bajas, sino que muestran un perfil más asalariado, más joven, más urbano y más arrendatario de vivienda», añade Ayala.
Las organizaciones sociales confirman esta conclusión: «han cambiado las prioridades de la gente, ahora piden ayuda para alimentos, pañales y otros bienes de primera necesidad, para dedicar todo lo que ingresan a pagar el piso».
El endeudamiento sistemático al que se han sometido las familias españolas para poder acceder a una vivienda, objetivo al que han llegado a destinar –según el Banco de España– hasta el 42% de los ingresos de la unidad familiar, se encuentra en el origen mismo de esta nueva generación de pobres . Según el instituto emisor, el 45% de los hogares españoles arrastra algún tipo de deuda, sobre todo vinculada con la vivienda. Ese porcentaje coincide con la tasa del 40% de hogares que el informe Foessa considera en situación de vulnerabilidad, que es la antesala de la pobreza.
La espoleta que activa el paso de un estadio a otro es el paro. En España, perder la ocupación supone pasar de los 1.549 euros que el Instituto Nacional de Estadística (INE) estima como sueldo medio de un trabajador a los 833 euros que el Ministerio de Trabajo da como media de la prestación estándar por desempleo del sistema.
En términos de economía real, engrosar la lista del paro equivale a perder el pequeño colchón que permite afrontar los gastos diarios al margen de la hipoteca.
Se accede a la situación de pobreza cuando se perciben unos ingresos inferiores al 60% del salario medio del país. En España, la barrera está en los 929 euros.
Para la Comisión Europea, el riesgo de perder ese margen de seguridad y caer en la pobreza es muy alto para uno de cada cinco españoles. Es decir, para nueve millones de personas.
Bruselas basa sus temores en las cifras del desempleo. El último dato de la Encuesta de Población Activa (EPA) avanza ya una cifra de parados nunca antes conocida en España, 4.010.700, lo que representa una tasa de paro del 17%. Según las estimaciones de organismos internacionales y gabinetes de estudios domésticos, llegará al 20% a finales de año.
Lo que dicen las estadísticas oficiales es que 1.836.500 españoles han perdido su puesto de trabajo en los últimos doce meses. También que los desempleados que han agotado su prestación por desempleo sin reintegrarse al mercado laboral es ya de 1.042.834, y que el número de hogares en el que todos sus miembros están parados ha superado todos los registros históricos al situarse en 827.200, el doble que hace apenas 12 meses.
Sin embargo, los oscuros augurios de la Comisión Europea para España no se sustentan sólo en estas evidencias macroeconómicas, sino también en la fragilidad de la red pública de protección social española para hacer frente a semejante avalancha de desheredados.
No en vano, Bruselas ha afeado de manera sistemática desde hace años al Gobierno su pasividad, al no aprovechar el especial dinamismo de su economía para cerrar la brecha en gasto social que le separa de la media europea y que permanece inalterada desde mediados de la década de los 90.
Faltan 70.000 millones
España gasta en políticas sociales siete puntos menos de su Producto Interior Bruto (PIB) que la media de la UE-15 (25,2% por 32,1%). Traducido en euros contantes y sonantes, esta brecha implica que las Administraciones Públicas domésticas gastan 70.000 millones menos de lo que deberían.
Para Olga Cantó, profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, la responsabilidad del sector público en la especial vulnerabilidad de los hogares españoles es evidente. «Las razones por las que el crecimiento económico no ha reducido las desigualdades hay que buscarlas, primero, en la persistencia de desequilibrios dentro del mismo mercado de trabajo y, en segundo lugar, en la decreciente capacidad redistributiva de las políticas fiscales y de las prestaciones sociales», explica.
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