Túnez pone rumbo hacia la transición política tras los importantes anuncios realizados esta tarde por el primer ministro del país, Mohamed Ghanuchi, quien ha anunciado, además, la composición del nuevo Gabinete. Ghanuchi ha avanzado que las formaciones políticas que lo soliciten serán legalizadas de cara a los próximos comicios legislativos, "que se celebrarán en seis meses", y que los presos de conciencia podrán abandonar las prisiones. Los cambios también incluyen la eliminación del Ministerio de Información y la investigación de todos los sospechosos de corrupción.
El último balance oficial desde que comenzaron las revueltas en el país magrebí suma 78 víctimas mortales, según ha asegurado Ghanuchi a la cadena árabe Al Arabiya. Entre los muertos se encuentra el fotógrafo francoalemán Lucas Dolega, de 32 años y colaborador habitual de la agencia Efe, que había sido herido el pasado viernes cuando cubría los disturbios en ese país para la agencia EPA. Su familia ha confirmado hoy su fallecimiento en el Centro Nacional de Neurología Rabta de Túnez, donde había sido ingresado tras recibir en la cara el impacto de una bomba de gas lacrimógeno disparada por un policía a unos cinco metros de distancia.
Protestas en las calles
Los cambios anunciados por el primer ministro llegaronn tras una mañana en la que unos pocos miles de personas salieron a las calles de la capital del país para exigir que el partido que hasta ahora ostentaba el poder, la Asamblea Constitucional Democrática, no tuviera representación en el nuevo Ejecutivo. Los manifestantes fueron dispersados con cañones de agua y disparos al aire.
El país recupera poco a poco el pulso y las calles están vigiladas por el Ejército. Universidades y colegios permanecían cerrados esta mañana, aunque ya había pequeñas empresas y cafés que han abierto sus puertas. Hay tranquilidad en la capital del país, aunque se escucha algún tiro aislado. Las prioridades del país parecen evidentes. Poner coto al desmadre que se vive en infinidad de ciudades y pueblos del país, donde continúa la escalada de tensión que ayer provocó, en la capital tunecina, varios tiroteos entre las fuerzas de seguridad y grupos aparentemente fieles al derrocado presidente.
Los enfrentamientos llegaron incluso a alcanzar al palacio presidencial de Cartago, en las inmediaciones de la capital, así como al barrio de Gammart, donde se encuentra la mayoría de las embajadas y residencias diplomáticas, entre ellas las de España, Francia, Arabia Saudí y Líbano. La familia de Ben Ali ha sido acusada por los servicios secretos franceses de haber abandonado Túnez con una tonelada y media de oro, según ha informado el diario Le Monde.
En realidad, esa etapa nueva ya se ha abierto porque la violencia desatada por la policía desde el pasado 17 de diciembre es algo que los tunecinos no han conocido nunca desde la independencia del país, en 1956. Como tampoco podía imaginar nadie hace solo un mes que Zine el Abidine Ben Ali sería defenestrado, un hecho histórico en el orbe árabe.
Un buen síntoma
Algunos partidos abogan por prohibir que concurra a los comicios el partido de Ben Ali, la Asamblea Constitucional Democrática, e incluso exigen que sea desmantelado. En principio, hay una cosa cierta: que hoy Túnez disponga de un nuevo Ejecutivo, es sin duda un indicio de que todas las partes implicadas están asumiendo la responsabilidad acorde con la gravísima coyuntura que vive el país.
La oposición, según ha trascendido, ha recibido garantías de que los comicios legislativos serán libres y que los partidos podrán contar con tiempo suficiente para organizar adecuadamente la campaña electoral. Y aquí radica uno de los escollos más relevantes. La Constitución exige que la cita con las urnas se celebre en el plazo de 60 días. Pero en este lapso de tiempo resulta imposible que partidos con tan escasa implantación en el país sean capaces de competir en igualdad de condiciones con la Asamblea Constitucional Democrática (ACD), el grupo que dirigía Ben Ali.
Por eso el primer ministro ha hablado esta tarde de un plazo de seis meses para acudir a las urnas con las suficientes garantías. De esos comicios saldrá la nueva Asamblea, que tendrá la misión de reformar la Constitución. Posteriormente se convocarán las elecciones presidenciales.
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