Tribunal Supremo de Estados Unidos
Un reporte de Prensa Latina del 17 de agosto dio a conocer que la Corte Suprema de Estados Unidos aplazó la ejecución del ciudadano Troy Davis en Georgia, condenado a la pena capital por el supuesto asesinato del policía Mark MacPhail en 1989, y fijó una nueva vista para analizar pruebas ante las dudas sobre la culpabilidad del acusado.
El fallo, precisa la nota, responde a un pedido de la defensa, que solicitó más tiempo para establecer la inocencia del sentenciado en base a nuevos testimonios.
Varias personalidades dentro y fuera del país han unido sus voces para pedir clemencia a favor de Davis. La ejecución del reo ya fue aplazada en septiembre último, a solicitud del Papa Benedicto XVI, el ex presidente norteamericano James Carter, el Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, la actriz Susan Sarandon, entre otros.
Según PL, en el último giro del caso, el juez John Paul Stevens, miembro de mayor veteranía en el Tribunal, indicó que ejecutar a un hombre sin estar seguros de su culpabilidad podría ser una justificación adecuada para exigir otra vista.
Cuando uno lee estos argumentos, y salvando las distancias, se pregunta por qué este mismo tribunal se negó a considerar la apelación de los Cinco antiterroristas cubanos, que el próximo 12 de septiembre cumplirán 11 años de injusta prisión en cárceles imperiales.
¿Por qué ignoró una causa que tiene sobrados méritos en derecho y el reclamo de justicia de diez premios Nobel, de prestigiosas organizaciones de abogados de Estados Unidos y de centenares de parlamentarios del mundo, incluyendo tres vicepresidentes del Parlamento Europeo?
¿Por qué desconoció el dictamen de un panel de derechos humanos de la ONU, que consideró que el juicio contra los Cinco no cumplió las normas del debido proceso?
¿Por qué entonces el magistrado John Paul Stevens no expuso similares argumentos para los Cinco, incriminados por salvar vidas de cubanos y norteamericanos, y sobre quienes no hay ni la más mínima prueba para condenarlos a penas tan severas e inhumanas?
Señor Stevens, ¿Qué pudo justificar su decisión y la del resto de sus colegas? Es una pena que Stevens y los demás magistrados obedecieran ciegamente el mandato presidencial contra los antiterroristas cubanos, y desconocieran la Ley que están obligados a respetar.
En el caso de Troy Davis, la policía carece de pruebas físicas para implicarlo con el crimen, y el Supremo ha entendido pertinente dar otra oportunidad al supuesto criminal. En el caso de los Cinco ningún organismo de inteligencia norteamericano ni el FBI ni el propio gobierno tampoco tienen pruebas incriminatorias, sin embargo otro fue su accionar del Supremo.
Troy Davis, un afro-norteamericano de 40 años, puede escapar del corredor de la muerte, donde ha permanecido durante 18 años. De los nueve testigos que declararon contra él en 1981, siete se retractaron y aseguran haber sido objeto de presiones por parte de policías.
Ojalá los testigos de la Fiscalía y los jurados seleccionados en el juicio contra los Cinco, amenazados también por la policía y la influyente mafia cubanoamericana del Sur de la Florida, tuvieran el valor de retractarse 11 años después del crimen cometido. Pensar en ello es casi imposible, en Miami no se permiten giros en la conciencia ciudadana.
Mientras la vida de Troy está en manos de las consideraciones finales del Supremo, la libertad de los Cinco dependerá, en mucho, de que este caso continúe tocando la conciencia de los ciudadanos norteamericanos y del resto del mundo, para en conjunto persuadir a las autoridades norteamericanas de que pongan fin a esta injusticia.
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