LA RAZÓN. El Gobierno de Aznar, con el plácet de Zapatero, decidió en febrero de 2002 estrechar el cerco sobre la izquierda abertzale con la Ley de Partidos Políticos, que comenzó su andadura en junio de ese año. Desde entonces, la maquinaria de los «servicios jurídicos» de Batasuna no ha cejado ni un solo instante en su empeño por conseguir que la formación ilegalizada esté presente en las instituciones vascas y navarras.
Su ímprobo trabajo permitió a esta fuerza atrincherarse en el Parlamento vasco hasta 2005, pese a ser declarada dos años antes ilegal por la Sala del 61 del Tribunal Supremo, a instancias de la Fiscalía General y de la Abogacía del Estado, tal y como establece la Ley de Partidos Políticos. A su permanecia en la Cámara contribuyeron de manera decisiva los nacionalistas vascos, que lideraron el frente numantino de los grupos nacionalistas del Congreso contra esta norma.
Hoy en día, el propio fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, reconoce la técnica depurada de los abogados de los abertzales. Conde-Pumpido admitió esta semana que las técnicas «sofisticadas» que utiliza el equipo jurídico de la fuerza ilegalizada dificultan sobremanera la actuación de la Justicia contra los batasunos. De momento, sus artificios han dado sus frutos y los de Otegi han logrado sortear la ley.
Por la puerta grande
Como botón de muestra, Batasuna salió del Parlamento vasco por la puerta de atrás en abril de 2005, mientras el PCTV entró por la grande ese mismo mes, después de las elecciones autonómicas en el País Vasco. Semanas antes, el Tribunal Supremo, a instancias de la Fiscalía General del Estado, ilegalizó a AG por su vinculación con la formación liderada por Arnaldo Otegi. Sin embargo, el PCTV, un partido creado años atrás, consiguió pasar el filtro legal. La izquierda abertzale repite ahora la operación de 2005, eso sí, con protagonistas diferentes (ASB y ANV). En el primer caso, nadie duda de que ASB correrá la misma suerte que AG (Aukera Guztiak). Mientras todos, incluida la Fiscalía General del Estado y el Gobierno socialista, dan por sentado que la izquierda abertzale ampliará su radio de acción en las instituciones vascas y navarras con ANV, partido fundado en 1977.
Además de la habilidad de los abogados batasunos reconocida por propios y extraños, la Justicia, en este caso la impartida por el Tribunal de Derechos Humanos, podría inclinar el fiel de la balanza hacia la fuerza ilegalizada. El tribunal de Estrasburgo emitirá, previsiblemente, antes de las vacaciones estivales y después de las municipales y forales del 27 de mayo su sentencia sobre el recurso de Batasuna contra la Ley de Partidos.
Fuentes judiciales aseguran a este diario que Estrasburgo podría fallar a favor de la formación ilegalizada y en contra del Estado español. De confirmarse esta sentencia, la izquierda abertzale podría concurrir a las elecciones generales de marzo de 2008 y a las autonómicas vascas de 2009 bajo las siglas de Batasuna. Y, aunque la sentencia de Estrasburgo de la razón al Estado español, también podrá acudir a estas citas con las urnas, a través de ANV, si el denominado «proceso de paz» avanza en los próximos meses.
Fuentes gubernamentales no descartan que, tras el 27-M, el «proceso» sufra un nuevo impulso. Estas mismas fuentes aseguran que el Gobierno mantiene operativos los canales abiertos en su día con la organización terrorista ETA con el fin de tomar la temperatura a la banda etarra, inmersa en un debate interno entre los defensores de continuar con la violencia y los partidarios de poner punto y final a la misma.
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