Desplazados Awa
Awás pierden su paraíso
BOGOTÁ, 19 feb (IPS) - Una estructura local de las insurgentes FARC reconoció haber asesinado a ocho indígenas awá, a los que acusó de ser informantes del ejército de Colombia. Para el indigenista Héctor Mondragón, "el desvarío" de esa guerrilla es tratar el caso "como un problema individual".
Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) precisaron que la matanza se cometió el 6 de febrero en el sitio Río Bravo del municipio de Barbacoas, en el sudoccidental departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador y con costa sobre el océano Pacífico.
El ejército sostiene que sólo 10 días después, el lunes, encontró un cadáver en avanzado estado de descomposición, en la vereda (vecindario rural) de Tangaral, en Barbacoas.
Según el general Leonardo Barrero, comandante de la Brigada 27 del ejército, el cuerpo estaba tras un cerco de "más de 50 minas interconectadas, con el objeto de causarle daño a la población indígena que lo buscaba para sepultarlo".
Fuentes locales recibieron reportes sin confirmar sobre 35 muertos, mientras autoridades del pueblo awá estiman un mínimo de 17, en al menos dos episodios.
Para la Columna Mariscal Antonio José de Sucre de las FARC, los ocho awás "recogían, por grupos, información sobre nosotros para luego llevarla a las patrullas militares que desarrollan operaciones en la zona".
Esa estructura irregular alegó que los civiles "realizaban exploraciones, ubicaban a la guerrilla y luego iban las patrullas del ejército para golpearnos", y que "desde hacía dos años trabajaban con el ejército en esa labor".
La columna de las FARC agregó en una declaración conocida el martes que la matanza "no fue contra indígenas", sino contra personas que "aceptaron dinero y se pusieron al servicio del ejército en un área que es objeto de un operativo militar".
El alto comisionado adjunto de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Craig Johnstone, visitó en la pequeña comunidad nariñense de El Diviso a 300 awás que huyeron tras la matanza en el territorio colectivo de Tortugaña-Telembí, a dos días de camino a pie desde El Diviso.
Tras escuchar el relato de los desplazados, el segundo jefe mundial del Acnur condenó el miércoles "fuertemente las graves infracciones al derecho internacional humanitario reportadas".
"No es cierto que la fuerza pública esté utilizando a los indígenas como informantes", dijo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, negando que los awá hagan parte de la Red de Informantes, uno de los programas más publicitados de la política de seguridad del gobierno en este país que vive un conflicto de medio siglo.
Sean o no ciertas las acusaciones de la Columna Sucre de las FARC, el hecho es que en la vida y el territorio de una etnia pacífica se incrustó la guerra, iniciada en 1946 con una tregua parcial entre 1957 y 1964.
"Los awás son víctimas de un genocidio cuyo curso puede seguirse evento por evento en los últimos años", dijo a IPS el indigenista Mondragón.
"Quienes asumen que combaten al enemigo ‘sin diferencias étnicas’ se estrellan con los indígenas y terminan contribuyendo al etnocidio", advirtió.
De los 41,5 millones de habitantes de Colombia, 1,4 millones son indígenas, que pertenecen a 102 etnias.
En su sentencia de julio de 2008, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) verificó "el peligro inminente de extinción física y cultural de 28 pueblos indígenas", y calificó la situación de "genocidio", aunque no aplicó ese término jurídico a los awás.
El TPP se ocupa de casos de violación masiva de derechos humanos en el mundo y es sucesor del llamado Tribunal Russell, que juzgó los crímenes de la Guerra del Vietnam (1965-1975) y los cometidos por dictaduras en América Latina.
Las sentencias del TPP tienen carácter ético y no vinculante, pero se basan en el derecho y la jurisprudencia internacionales y tienen en cuenta las competencias de la Corte Penal Internacional. Su definición de impunidad fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas.
En el caso colombiano, el TPP examinó qué beneficios obtienen con la guerra 27 empresas trasnacionales y seis industrias nacionales con vínculos estrechos con corporaciones extranjeras.
Según Mondragón, el territorio awá "es anhelado por el tradicional latifundio especulativo, porque va a verse valorizado por el megaproyecto IIRSA", siglas de Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana.
En esa zona, la IIRSA proyecta comunicar la Costa Pacífica con el río Putumayo y adecuar la navegabilidad de ese afluente del Amazonas, que desemboca en el océano Atlántico.
Además, "la Kedahda (subsidiaria de la transnacional AngloGold Ashanti) va por el oro, y los ‘parapalmeros’ por la tierra", agregó, en referencia a inversiones mineras internacionales, por una parte, y del narcotráfico y grupos paramilitares en cultivos de palma aceitera, por otra.
Para Mondragón, la guerra expulsa a indígenas, comunidades negras y campesinos "de las áreas económicamente estratégicas", lo que "ha devenido en un jugoso negocio para quienes están ganando la guerra quitando territorios y derechos".
"Si no se ven las cosas desde esta perspectiva estratégica, se colabora con el despojo", agregó.
Indígenas awá en la vorágine de la guerra
BOGOTÁ, 19 feb (IPS) - Las FARC pasaron a cuchillo a ocho indígenas awá, tras acusarlos de ser informantes del ejército de Colombia. Para el especialista en temas militares Ariel Ávila, los aborígenes del convulsionado departamento de Nariño "habían formado una especie de rondas campesinas al estilo de Perú".
La guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) ya se había referido a las rondas awá, dijo Ávila a IPS. "Los awás habían formado esos grupos. Yo había oído hablar de esa modalidad".
Ávila es miembro del Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris, que se diferencia de otros centros de análisis porque sus investigaciones parten del monitoreo en el terreno.
"El debate es si (las rondas) fueron formadas por el ejército o por iniciativa propia. Según las FARC, es un chantaje a través de recompensas, Familias Guardabosques (subsidio que se entrega a los finqueros que no siembren coca en una región)" y otros programas gubernamentales, dijo. "Pero también reconocen que fue por iniciativa propia", según el experto.
Las Rondas Campesinas surgieron en el norte del Perú en la segunda mitad de los años 70 para controlar el abigeato y aplicar justicia en conflictos por linderos, pero luego se expandieron hasta sumar unos 400.000 comités locales en ese país.
El gobierno peruano de Alberto Fujimori (1990-2000) decretó a comienzos de los años 90 la militarización de las Rondas, incluso en zonas donde no había guerrillas, e inició la represión de aquellas que se negaran a actuar con el ejército en su estrategia contrainsurgente.
Según los entendidos, la derrota de la guerrilla maoísta peruana Sendero Luminoso ocurrió tiempo antes de la captura de su jefe, Abimael Guzmán, en 1992, cuando los campesinos de las Rondas aislaron a Sendero y optaron por enfrentarse a éste, al tiempo que las fuerzas militares peruanas se modernizaron.
El sudoccidental departamento colombiano de Nariño, de 33.268 kilómetros cuadrados de abruptas montañas andinas y 1,6 millones de habitantes, registra el mayor desplazamiento forzado de civiles causado por grupos irregulares y la mayor concentración de campos minados de este país.
Todas las fuerzas en guerra se lo disputan, es tierra de nadie en términos militares y corredor estratégico para el narcotráfico y el abastecimiento clandestino.
Según el Observatorio, el contexto militar en Nariño es el siguiente:
Los 17.000 efectivos que tiene la fuerza pública allí serán reforzados este año con otros 10.000.
Las FARC y el también izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda guerrilla en pie de fuerza, se establecieron en el departamento en 1987 y 1985 respectivamente.
Hoy las FARC suman allí unos 600 combatientes con la Columna Mariscal Antonio José de Sucre (de unos 150-160 integrantes y que se adjudicó la matanza de los awá), la Columna Móvil Daniel Aldana y tres frentes, mientras el ELN está presente con unos 300 efectivos en Barbacoas, Samaniego y La Llanada, municipios del sector donde ocurrieron las muertes.
Desde 2005, ambas guerrillas combaten fieramente entre sí por territorio en todo el sudoccidente del país.
Tras una negociación con el gobierno en la que se desmovilizaron 32.000 paramilitares de extrema derecha, también están en Nariño los rescoldos y retoños de esas milicias de narcotraficantes: Águilas Negras, Nueva Generación, Autodefensas Gaitanistas y Los Rastrojos, en total unos 600 combatientes.
Los paramilitares ingresaron allí en 2001, con el frente Libertadores del Sur, señalado de actuar con el ejército.
En julio de 2005 se desmovilizaron más de 630 combatientes de ese grupo. Pero al día siguiente, contó el investigador Ávila, "se rearmaron algo más de 300. La gente en Nariño me decía: aquí no pasó nada. Al otro día estaban patrullando con uniforme. Son los Nueva Generación".
Las Águilas Negras y Nueva Generación amenazan a líderes sociales de la zona, pero nadie afirma en público que esos grupos trabajen actualmente con el ejército. Los Rastrojos, del narcotraficante Cartel del Pacífico, son aliados del ELN, mientras Gaitanistas, al mando del capo narco "Don Mario", provienen del noroccidental departamento de Antioquia.
En el fragor desapareció hace seis meses el grupo Los Machos, del narcotraficante "Jabón", del Cartel del Norte del Valle, asesinado en Venezuela por sus hombres y con el cual supuestamente estuvieron aliadas las FARC.
"Hoy todos están contra las FARC" en Nariño, subrayó Ávila.
Además, algunos de esos grupos se alían temporalmente y otros combaten contra las FARC y el ELN en ese departamento.
Los Machos y Los Rastrojos pasaron varios años en guerra. Ahora sus jefes están muertos o en la cárcel. "Se enfrentan por control de rutas, y después de la captura y muerte de todos esos capos, esas bandas quedan a la deriva. Es la ley de la selva: el que más alientos tenga", señaló Ávila.
En ese escenario, "no se sabe si estos indígenas trabajan solo a favor del ejército", como afirmaron las FARC, planteó Ávila.
"Los paramilitares también están amenazando y desplazando a la población. Se están dando cultivos de palma africana, con desplazamiento de gente, y hay coca (materia prima de la cocaína) por doquier. Los cultivos de palma africana son más hacia Tumaco, Pizarro, Roberto Payán", municipios al occidente de Barbacoas, dijo el investigador.
La estación de policía y la base del ejército, situadas en el casco urbano de Roberto Payán, habitado por comunidades negras, fueron atacadas por las FARC el 13 de enero con disparos de pipetas de gas rellenas de explosivos que dejaron cinco muertos, entre ellos cuatro niños.
El presidente Álvaro Uribe, que estará en la región de la masacre este viernes y el sábado, anunció que acentuará la "política contra el terrorismo" y que designó para los awás un militar como "enlace de confianza".
Los awás se negaron a "colaborar" con el ejército en la ubicación de los cuerpos de la matanza cometida por la guerrilla el 6 de febrero, dijo el comandante de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla.
Debido al minado en la zona, apenas el lunes sus tropas reportaron haber encontrado un cadáver.
Los awás denunciaron combates, ametrallamientos y bombardeos en su territorio desde el 1 de febrero.
"Poco se sabe cómo se vienen tejiendo en estas comunidades las redes clandestinas de informantes alrededor de los actores en contienda", escribe en su artículo "Terror en el Pacífico" el antropólogo Efraín Jaramillo Jaramillo, del grupo interdisciplinario e interétnico Colectivo de Trabajo Jenzera.
En Colombia, dice Ávila, "uno de los problemas principales es que gobierno, FARC, ELN y todos estos grupos han involucrado a la población civil en el conflicto", lo que viola el principio de distinción entre combatientes y civiles, columna vertebral del derecho internacional humanitario.
El gobierno lo hace mediante los mencionados programas asistenciales, a través de los cuales pide información militar, indicó.
En todo caso, a partir de la confrontación entre el ELN y las FARC, de la irrupción del narcotráfico y de la creciente degradación de la guerra, "los habitantes no confían en ninguna fuerza armada, porque se convierten en traidores potenciales para todos los grupos", señaló Ávila.
Cien años contra las drogas
BOGOTÁ, 19 feb (IPS) - El Plan Colombia antidrogas y contrainsurgente está, paradójicamente, en el origen de la tragedia de los indígenas awá, asesinados este mes por la guerrilla de las FARC.
La Columna Mariscal Antonio José de Sucre de las izquierdistas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) reconocieron haber "ejecutado" a ocho indígenas awá, a los que acusaron de ser informantes del ejército en el convulsionado departamento de Nariño, en el sudoeste de este país.
Hacia Nariño se desplazaron masivamente cultivos de coca y laboratorios de droga, luego de que el Plan Colombia, financiado por Estados Unidos, golpeó desde 2000 en forma sucesiva la producción en Putumayo y Caquetá, departamentos vecinos del nariñense por el oriente y el nororiente.
El objetivo del Plan Colombia era expulsar a la población cocalera y aislarla de las FARC, surgidas en 1964.
La estrategia no tuvo en cuenta el "efecto globo" que mencionan los expertos en drogas: cuando se "oprime" el negocio en un punto, éste se traslada a otro lugar. Ahora hay 20.000 hectáreas de coca en Nariño.
"Quizás los awás han recibido el mayor impacto de esta colonización y bonanza coquera, pues amplios territorios circunvecinos y dentro del territorio awá están sembrados de coca", señala el antropólogo Efraín Jaramillo Jaramillo.
Aunque la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) suele presentar su informe anual mundial en marzo, esta vez se adelantó, y publicó este jueves sus cifras.
La razón: el 24 de febrero se cumplen 100 años de la reunión de 13 países en el puerto chino de Shangai para estudiar la fiscalización internacional de las drogas, por primera vez, en la Comisión Internacional del Opio.
Sus recomendaciones quedaron plasmadas en el primer tratado jurídicamente vinculante contra las drogas, la Convención Internacional del Opio, que entró en vigor en 1919.
En 1909 se calculaba en 800.000 los consumidores de drogas. Hoy son unos 240 millones, el cuatro por ciento de la población mundial, calcula la JIFE.
"No se ha ganado, pero no se ha perdido", dijo en el lanzamiento del informe en Bogotá el médico Camilo Uribe, segundo vicepresidente de la JIFE y presidente del Comité Permanente de Estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
El informe de este jueves muestra que los cultivos de coca crecieron 27 por ciento en Colombia, que se mantiene como primer productor mundial de la materia prima de la cocaína.
El esfuerzo de erradicación de coca de las autoridades colombianas, apoyadas en el Plan Colombia, chocó con "violentos ataques perpetrados por grupos armados y grupos delictivos que utilizaron armas de fuego y minas antipersonal para proteger los cultivos ilícitos", registra la JIFE.
Esta es "una guerra que va a durar lo que dure la humanidad", dijo en la presentación del informe en Bogotá el general Álvaro Caro, director de la Policía Antinarcóticos, o al menos "400 años", matizó en seguida.
Pero no todos están de acuerdo en que el consumo de drogas merezca una guerra.
"La violencia y el crimen organizado asociados al tráfico de drogas ilícitas constituyen uno de los problemas más graves de América Latina", declara el informe "Drogas y democracia en América Latina: hacia un cambio de paradigma".
Divulgado el 11 de este mes en Río de Janeiro por una comisión encabezada por los ex presidentes César Gaviria (Colombia), Ernesto Zedillo (México) y Fernando Henrique Cardoso (Brasil), el informe llama a "rectificar la estrategia de ‘guerra a las drogas’ aplicada en los últimos treinta años en la región".
El Plan Colombia no alcanzó sus metas, anota el informe de los ex presidentes, o sea "acabar con el conflicto armado en ese país, elaborar una estrategia de enfrentamiento con el narcotráfico, erradicar la producción de coca, revitalizar la economía del país y ofrecer alternativas a los productores rurales".
El cultivo de coca era inexistente o marginal en Nariño, pero la "guerra a las drogas" del Plan Colombia lo catapultó, muestran las cifras del departamento.
Para los awás, la fumigación contra la coca en Putumayo y Caquetá significó un alud de población cocalera y una avalancha de compradores de tierras en sus territorios ancestrales.
Además, también entrañó daño al medio natural por la tala de bosques y por los abonos y precursores químicos que usan los productores de coca y cocaína, y a los que se suman las fumigaciones aéreas con una mezcla potenciada del herbicida glifosato.
Pero "lo que a largo plazo más los afecta es la violencia y la descomposición socio-cultural" que genera la producción de drogas, advierte Jaramillo Jaramillo.
La economía de sustento que les proporcionaba buena alimentación y salud fue sustituida por otra ilegal, que establece formas de pobreza "cultural, ambiental y espiritual" desconocidas para los awá, anota el antropólogo.
En el otrora paraíso awá, hoy "la muerte ronda por todos los caminos en forma de peleas por borracheras y atracos", agrega.
Ante cada hecho de violencia, los indígenas han clamado por la desmilitarización de sus territorios, como en la asamblea permanente que decretaron en octubre durante la Minga de la Resistencia Indígena y Popular, una movilización masiva del movimiento aborigen que desafió al presidente Álvaro Uribe a finales del año pasado.
Este mes, la Minga Indígena declaró ante la masacre de la Columna Sucre de las FARC: "Detengamos a los asesinos y que se haga justicia". "Nuestra solidaridad saldrá a caminar pronto", advirtió.
______
¿Solos con la lluvia? A los awás "muchas veces sólo nos acompaña la lluvia y la fumiga" (fumigación aérea), según Olivio Bisbicus, presidente de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), creada hace 19 años.
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), un jurado internacional cuyos fallos no son vinculantes, escuchó las denuncias del pueblo awá sobre la fumigación y sentenció en julio de 2008 que ésta "con frecuencia no se dirige contra los cultivos ilícitos, cuyo control está en poder de los sectores más poderosos del país; prueba de ello es el incremento de la producción ilícita de coca en un 20 por ciento en 2007".
Este pueblo de 25.000 indígenas con territorios que suman 210.000 hectáreas no se ha cruzado de brazos para salvar sus fríos bosques de niebla andinos que bajan hacia el mar, donde habita el oso de anteojos o frontino (Tremarctos ornatus).
En mayo de 2008 albergó una audiencia del TPP dedicada a la explotación petrolera y la fumigación y en junio tuvo su primer congreso, con unos 2.500 delegados, en el resguardo El Gran Sábalo, en el municipio de Barbacoas, cerca de donde la Columna Sucre de las FARC cometió la masacre de este mes.
En esa ocasión la radioemisora La Voz de los Awá retransmitió cantos en lengua materna, interpretados en vivo, al son de la marimba, por ancianos, mujeres y niños.
_____
Repaso del infierno En marzo de 2008, y en medio de masivas operaciones militares, fueron asesinados cuatro awás del resguardo (territorio indígena) Vegas Changüí Chibusa, comunidad que hace parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
Los 46 asesinatos que contabilizaban los awás desde 2006 hasta entonces estaban en la impunidad.
En la cifra están incluidos los cinco líderes baleados en la comunidad de Ataquer en la madrugada del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 9 de agosto de 2006, por hombres uniformados apenas a medias.
El coronel Juan Pablo Amaya achacó por entonces el crimen a la insurgencia. El gobierno señaló que quizá algunas víctimas hacían parte de la guerrilla.
Las investigaciones de la Fiscalía arrojaron un año después 11 sospechosos del crimen: seis militares y cinco civiles.
Cuando la matanza de Ataquer también había una fuerte presencia militar en el poblado. Un mes antes, la ocupación del ejército provocó el desplazamiento forzado de 1.700 personas.
En julio hubo una noticia recurrente: tres niños awá de entre ocho y 15 años, del resguardo de Las Planadas Telembí, murieron por minas antipersonal cuando cazaban y pescaban en el río.
Para entonces iban siete awás muertos en campos minados en 2008. En 2007 habían sido 13.
En Nariño todo el mundo pone minas, incluso el ejército, pero eso no se divulga. Quien más lo hace es el también izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN), que combate a las FARC en esa región.
En agosto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados reportaba el "confinamiento" de los awás en sus territorios en Samaniego.
Ese mismo año, dos gobernadores awá fueron detenidos.
Más información:
Si quieres contribuir a que Kaos en la Red pueda seguir publicando artículos como este, puedes hacer tu donación en:
| Paypal (seguro y permite diferentes formas de pago) |
Microdonación de 2 euros
| Donación de importe libre
|
|