Profesores, arqueólogos, madres, universitarios... Hasta 26 personas podrían acabar en prisión, con condenas que superan los cinco años, por ocupar y rehabilitar en 1999 un edificio, "infestado de ratas y abandonado desde 1940", en Terrassa (Barcelona). Es la petición más alta solicitada jamás contra personas vinculadas al movimiento 'okupa', y eso que, según aparece en el sumario, el jefe del operativo antidisturbios que les desalojó lo calificó de "extraordinariamente tranquilo". El juicio comienza el próximo lunes 21 de abril en los juzgados de esta localidad barcelonesa.

"Aquel edificio de tres plantas de la calle Puig Novell llevaba desde 1940 abandonado (cuando murió su propietaria), ruinoso, lleno de ratas y acumulando sólo basura", recuerda Ermengol Gassiot, una de las 35 personas que fue desalojada el 17 de junio de 1999. Cuenta la historia desde su despacho de profesor de Antropología Social y Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde sigue impartiendo clases a la espera de que a finales de abril se inicie el juicio contra él y otras 25 personas (las que eran adultas cuando se produjo el desalojo). También fue uno de los que participaron activamente en convertir el ruinoso piso en el centro social KORK-III, "donde se celebraban exposiciones, actividades lúdicas y conferencias", como la de precariedad laboral que se impartía en el momento en que la policía abrió un boquete en la pared e irrumpió en la sala.

La relación con los vecinos fue "buena", según Gassiot, incluso algunos de ellos participaron en las actividades y comparecerán como testigos de la defensa. Pero después de casi 60 años sin que ninguno de los descendientes de la propietaria aceptara o reclamara la herencia, ni, por tanto, pagaran por su titularidad, según denuncian los 'okupas', aparecieron los "dueños". Un juzgado desestimó la primera reclamación, pero la Audiencia Provincial obligó a admitir a trámite la denuncia, que desembocó en el desalojo. Al lugar acudieron unas 14 furgonetas de la Unidad de Intervención Policial para arrestar a las 35 personas que estaban dentro, "sin orden de detención", que en todo caso, fue pacífica, "incluso recibimos a los policías con aplausos". La Fiscalía no comparte este relato, y les imputa un delito de atentado contra la autoridad, al lanzarse objetos, tal y como informaba 'El País' en la edición del día siguiente, aunque, según los 'okupas', "en el vídeo que grabó la policía se ve que no éramos ninguno de los arrestados".

Otra cosa fue el traslado de los detenidos a la comisaría. "La policía no previó que fuéramos tantos los detenidos, así que decidió llevarnos a los adultos y menores esposados con grilletes de plástico y a cara descubierta por medio Terrassa", cuenta Bea, otra de las detenidas. "Ahora la imagen parece cómica, pero fue dramática entonces, porque nos llegaron a dejar fuera de la comisaría un buen rato esperando", relata esta arqueóloga. A los chicos los metieron en calabozos y a las mujeres las obligaron a desnudarse en presencia de agentes, "a lo que nos negamos, por supuesto, porque entendimos que era ilegal y humillante". Las presuntas irregularidades fueron denunciadas, y acabaron siendo archivadas por la Justicia. Al cabo de seis horas detenidos, todos fueron puestos en libertad y tuvieron que presentarse ante el juez, que les imputó una falta de orden público y un delito de usurpación.

Pronto la cosa se fue complicando. Durante estos casi nueve años se han producido seis señalamientos y en dos ocasiones el juicio tuvo que suspenderse en su vista previa. Una de ellas por un "grave error: el juez se olvidó de notificar el único delito que admitíamos, el de usurpación de la propiedad privada", señala Bea. Uno de los letrados de la defensa, Jordi Busquets, apunta también que el Ministerio Público "no tiene en cuenta el principio acusatorio de individualización" (ya que imputa a todos los procesados todos los delitos) y además, "existe una falta de proporcionalidad", porque después del tiempo transcurrido, en caso de ser condenados, los acusados tendrían que ir a prisión.

Y es que el fiscal del caso imputa, entre otros, los delitos de atentado contra la autoridad, usurpación, desórdenes y daños, por los que solicita cinco años y cuatro meses de prisión, "la pena más alta solicitada jamás contra personas vinculadas al movimiento 'okupa', que podrían acabar entre rejas", según Gassiot.

Los procesados tienen la esperanza de "una absolución", aunque no ocultan "el miedo" que les da la actitud del juzgado que ha llevado el caso. Hay algunos, como Bea, que lo volvería a hacer, "porque creo en esta causa como mecanismo de denuncia contra una situación injusta". Ahora todos esperan que llegue la "sensatez". Y no sólo al tribunal. Nueve años después del desalojo, en donde estaba aquel edificio rehabilitado se abre un solar "convertido en un vertedero tapiado".