Supongo que en este momento los lectores de esta web ya tendrán noticia de la denuncia de la Guardia Civil de Almaraz, y la posterior sanción administrativa (500 euros) de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, contra los firmantes de la comunicación de la manifestación anti-nuclear del pasado 14 de septiembre, Paca Blanco (de Ecologistas en Acción y Cerrar Almaraz), y José María González (de Adenex).
Para los que aquel día estuvimos en la manifestación, a la indignación, que es mucha, todavía la supera con creces el estupor. La sentada se produjo a escasos metros del recodo que conduce a la explanada a las puertas de la central, y duró -este es el único aspecto en que es exacta la denuncia de la Guardia Civil- unos cinco minutos. Cinco minutos en los que no se pudo "cortar totalmente la circulación" porque, además de que un carril de la carretera seguía, como durante toda la marcha, libre... ¡no había circulación que cortar! Si en la hora y media larga de trayecto entre el pueblo y la central pasaron apenas unas decenas de vehículos en ambos sentidos, ¿cuántos pudieron coincidir con los escasos cinco minutos en los que hicimos la sentada? O en los que, al menos, nos sentamos, porque no es muy seguro que pueda hablarse de "sentada" en medio de una carretera perdida de la mano de Dios, sin tráfico y sin más testigos que los agentes de la Benemérita que abrían y cerraban la manifestación... ¿Podría precisar la parte denunciante cuántos vehículos se vieron afectados, y por cuánto tiempo, por dicha "sentada"? Porque leyendo la denuncia... ¡ni que hubiéramos cortado la M-30 en hora punta y con barricadas! Y descartado el pretendido "corte de tráfico", ¿es acaso punible detenerse durante cinco minutos, dentro del trayecto de una manifestación comunicada? ¿Depende de si uno se sienta o se queda de pie? ¡Joder, que caro se está volviendo sentarse en este país! ¿Existe alguna proporcionalidad entre el daño causado y la sanción recibida? ¡Por favor, esto no tiene ni pies ni cabeza! Esto es lo que la gente de leyes llama "un delito sin víctimas", o en román paladino, un sinsentido y una desmesura, un afán insano de castigar por castigar...
¿Y todo esto, para qué? Porque a hechos con tan poca sustancia en términos de orden público, habrá que buscarle el sentido por otros derroteros. ¿Son estas multas un aviso a navegantes dirigido al expansivo y vibrante tejido social extremeño? ¿Se trata de devolver la bofetada por la manifestación del 7 de septiembre en Mérida, de extender como modelo para toda la región la mano dura represiva de Ropero en Villafranca contra la PCRN, o de Calle en Mérida contra la Asamblea de Parad@s y Precari@s? ¿Hay nervios en las eléctricas por la contestación social que puedan tener las renovaciones de licencia de actividad de Garoña y Almaraz? ¿Hay nervios en la Junta por la tributación de la central en la región, que piensan obtener como compensación porque los extremeños sigamos viviendo otros diez o veinte años con una bomba atómica debajo del culo, y generando unos residuos nucleares que a alguien le tocará después enterrar debajo de su casa? ¿El movimiento anti-nuclear, cuyos objetivos fueron enarbolados como programa electoral por el PSOE de Narbona y Caldera, es ahora un escollo para el giro pro-nuclear del PSOE de Sebastián y Garmendia? ¿Se vuelve incómodo hablar de desarrollo sostenible, de cambio climático, de principios de precaución... conforme el lobby neoliberal incrustado en el Consejo de Ministros sigue desmantelando los cuatro (excelentes) años de ministerio de Cristina Narbona, autoriza la Refinería Balboa, renueva las licencias de Garoña y Almaraz...? ¿Es emplear la mano dura represiva contra el movimiento ecologista el reverso tenebroso de la luminosa campaña publicitaria del lobby atómico y petrolero?
Sería lo más oportuno y sensato que la Guardia Civil de Almaraz y la subdelegación del gobierno en Cáceres retiraran sin demora la denuncia y las sanciones, y pidieran disculpas a los denunciados por este desafortunado incidente. Y, yendo al fondo del asunto, ya va tocando la hora de que la clase política extremeña, y muy en especial la que se presenta a las elecciones bajo siglas y con programas de izquierdas, empiece a considerar otras formas de encarar el descontento y la fractura social que su desnortada política medioambiental están provocando. Hay que recordar que la Estrategia Nacional contra el Cambio Climático y los compromisos emanados del Protocolo de Kyoto (que, le pese a quien le pese, siguen vigentes) nos llaman a reducir nuestra dependencia del consumo de petróleo, y en ningún caso son congruentes con nuevas industrias de refino, ni en la costa, ni aún menos en el interior. Hay que recordar que la desnuclearización ha sido un compromiso del Partido Socialista en 2004 y 2008, y que una crisis económica, por grave que sea, no equivale a un cheque en blanco para reescribir el programa con el que se han ganado unas elecciones, y mucho menos en una cuestión que compromete de forma tan decisiva la seguridad y el bienestar colectivo de la ciudadanía.
Habrá tiempo para hablar de todo esto en los próximos meses. De momento, y no ya apelando a la sostenibilidad medioambiental, sino a la democrática, es menester que Paca y José María, los 11 imputados de la PCRN en Villafranca y, en su conjunto, el tejido social extremeño, empiecen a ser tomados en consideración por las instituciones como un interlocutor político necesario, insoslayable, cargado de razones, de legitimidad y de representatividad, y no como un problema de orden público a sofocar a base de sopapos, imputaciones y multas. Es posible que, en cuestiones como Almaraz, la refinería, Valdecañas, las eólicas, las térmicas, el trasvase..., y después de un debate suficiente, informado, plural, libre de influencias interesadas, alguno de los planteamientos de sus promotores empresariales y/o institucionales pudieran, con plena legitimidad democrática, imponerse. Pero mientras ese debate, en esas condiciones, no se produzca, todos y cada uno de esos proyectos están más que justificadamente bajo sospecha, la carga de la prueba recae sobre sus promotores, ellos son los que aportan el déficit democrático, y gente como Paca y Jose María, y las organizaciones de las que son portavoces, los que dan ejemplo de civismo, y ponen algo de sustancia en el guiso, entre insípido y amargo, del actual espacio público extremeño, que tanto distorsionan, empobrecen y degradan tantos silencios, tantas mentiras, tantas medias verdades, tantos intereses velados, tantas cortapisas injustas, tanta mano dura...
Jónatham F. Moriche, Vegas Altas del Guadiana, Extremadura Sur, noviembre de 2008
http://jfmoriche.blogspot.com | jfmoriche@gmail.com
Más información:
Si quieres contribuir a que Kaos en la Red pueda seguir publicando artículos como este, puedes hacer tu donación en:
| Paypal (seguro y permite diferentes formas de pago) |
Microdonación de 2 euros
| Donación de importe libre
|
|