Desde Washington se habla de respeto a la democracia mientras continúan sembrando bases militares y ensayan golpes de estado en América Latina.
‘Hablar suavemente y llevar un gran garrote, así llegarás lejos’. El proverbio es de África occidental, pero lo asumió el ex presidente estadounidense Theodore Roosevelt como lema de la política interna y externa del imperialismo yanqui. Barack Obama tiene presente esa máxima y la aplica, combina un discurso “dulcificado” mientras continúa sembrando bases militares y ensaya golpes de Estado en América Latina.
En esta región, los Estados Unidos mantiene diecisiete instalaciones militares como las bases de Tres Esquinas (Colombia), Guantánamo (Cuba), Soto Cano (Honduras); los Puestos de Seguridad en Comalapa (El Salvador), Reina Beatriz (Aruba), Hato Rey (Curazao). Con la decisión de Álvaro Uribe de entregar siete bases más, los EEUU estarán en capacidad de operar oficialmente desde veinticuatro puntos. A nivel mundial el Pentágono ha regado alrededor de setecientas bases, cada una creada con un pretexto concreto.
Durante todo el siglo pasado, el control, espionaje y las actividades militares dirigidas hacia América Latina y el Caribe las cumplieron desde la base militar Howard (Comando Sur) en Panamá, hasta que debieron trasladarla a Miami Florida, como resultado del acuerdo Carter-Torrijos (1997). Desde el año 2000 el Pentágono aplica un nuevo esquema de control militar a través de los denominados puestos de avanzada de operación, diseñados como centros de ‘movilidad estratégica’ y ‘usos de fuerza decisiva’ en guerras relámpago, con bases y tropas aerotransportadas de despliegue rápido. La base de Manta formó parte de ese proyecto, así como lo es la reactivación de la IV Flota que, desde hace un par de años, navega por las aguas del Caribe y Suramérica.
El nuevo acuerdo militar entre Colombia y EEUU refuerza esa estrategia pero además, en los hechos, implica un reconocimiento del fracaso de la política contrainsurgente aplicada por Álvaro Uribe. Los más de siete mil millones de dólares invertidos en la ejecución del Plan Colombia y del denominado Plan Patriota no han puesto fin al narcotráfico, pretexto con el que se montó un proyecto que, en lo fundamental, se proponía derrotar militarmente a los grupos guerrilleros. Ahora la embestida será mayor.
Pero el papel proyectado para esos puestos militares va más allá de las fronteras colombianas, el ‘big stick’ se prepara en contra de gobiernos que mantienen políticas nacionalistas y progresistas como los de Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, y contra los pueblos que luchan por conquistar la liberación social y nacional. Ya se dio un aviso con el golpe de estado a Manuel Zelaya en Honduras, que puede marcar el fin de una política de tolerancia hacia gobiernos como los antes citados.
Así, Uribe continúa cumpliendo a pie juntillas el papel otorgado por el Pentágono en su esfuerzo por asegurar el control y dominio hemisférico, por impedir el desarrollo y consolidación de la corriente democrática, progresista y de izquierda en la región y la incubación y estallido de movimientos y procesos revolucionarios. Alan García de Perú y Felipe Calderón de México se unen a ese esfuerzo, en un frente reaccionario movido por hilos templados desde la Casa Blanca.
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