Alberto Pizango
Según la jueza que interpuso la solicitud, a los líderes indígenas ''se les imputa haber hecho en mayo apología a la sedición y motín". Los dirigentes impulsaron protestas, en vista de no percibir ''ninguna voluntad política'' por parte del Gobierno, en exigencia de la derogación de unas leyes que consideran lesivas a sus derechos
Un tribunal peruano solicitó este jueves la captura de dirigentes indígenas, asilados en Nicaragua desde el pasado mes de junio cuando el Gobierno de Álan García ordenó capturarlos por ser los promotores de una protesta que duró más de dos meses en la nación, organizada para defender a la Amazonia y derechos étnicos, y que terminó en una masacre, cuando fuerzas policiales arremetieron contra los manifestantes.
La medida abarca al líder amazónico Alberto Pizango, a los hermanos Saúl y Cervando Puerta, y a Marcial Mudarra y Teresita Antazú, defensores de los derechos étnicos.
Pizango y los hermanos Puerta recibieron asilo político del gobierno de Daniel Ortega y se encuentran desde junio en Managua, mientras que se desconoce el paradero de las otras dos personas.
Los cinco dirigentes fueron procesados por la jueza del 37º juzgado penal de Lima, Carmen Arauco, por los delitos de sedición y motín en agravio del Estado.
Arauco reclama en la solicitud que hizo ante la Interpol la "inmediata ubicación y captura a nivel internacional, con detención preventiva y posterior extradición vía diplomática" de los asilados.
Según la jueza "se les imputa haber hecho en mayo apología a la sedición y motín, ensalzando a la comunidad nativa a adoptar conductas violentas y radicalizar la protesta que se realizaba en Bagua" (noreste).
Los procesados integran la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), institución que lideró protestas en la nación que comenzaron el 9 de abril y permanecieron hasta junio, en exigencia de la derogación de unos decretos que consideraron lesivos a sus derechos.
Entre los reglamentos que rechazaron cerca de 60 etnias amazónicas, estuvo la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos.
Los nativos insistieron en que esas legislaciones vulneraban sus derechos a la propiedad y el control sobre sus propios recursos naturales. También se opusieron a los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Chile.
El fin de la protesta indígena se produjo después del pasado cinco de junio, cuando cerca de 40 personas murieron y otro centenar resultó herido en una manifestación que se desarrollaba en las provincias peruanas Bagua y Utcubamba, del norte del país, producto de acciones represivas policiales; hecho que se conoció como la masacre de la Amazonia peruana.
Posterior al genocidio, el Congreso de Perú derogó el 18 de junio, los decretos legislativos 1090 y 1064, que se refieren a la explotación de los recursos de la Amazonia.
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