SOBRE LOS INMIGRANTES DE LOS NUEVOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA
Ante las declaraciones aparecidas en El País (27-10-2006), de representantes de CCOO, en relación a la inmigración de trabajadores rumanos y búlgaros, cuyos países entrarán a formar parte de la Unión Europea (UE) dentro de dos meses, queremos manifestar lo siguiente:
1. Es sorprendente la alarma que expresa José María Fidalgo, secretario general de CCOO, sobre que el 1 de enero de 2007 “cientos de miles de inmigrantes rumanos que viven aquí, pueden dejar de ser “sin papeles.” Habla, después de establecer un período transitorio. Más bien cabría alegrarse de la ampliación de la UE y de las consecuencias positivas que tiene la aplicación de principios como la libre circulación de trabajadores y el concepto de ciudadanía europea para los nuevos países socios.
2. Más adelante, el secretario de Migraciones de CCOO, defiende que la postura del sindicato es que estos ciudadanos obtengan automáticamente el permiso de residencia, pero no que puedan obtener la autorización para trabajar. Y plantea que “los que ya están aquí podrán volver a su país para buscar la contratación en origen”. En realidad esta absurda propuesta equivale a obligar a que todos estos trabajadores que están actualmente trabajando y residiendo irregularmente, puedan solo residir legalmente, pero no trabajar legalmente, esto es: continuar trabajando irregularmente, contradiciendo toda la filosofía del proceso de regularización.
3. No es de recibo la ilógica petición de que estos trabajadores renuncien a la residencia con la que les amparará la entrada en la Unión Europea, por una posibilidad de ser contratados en origen. Este tipo de contratación sólo es usado por el empresariado español para unos pocos de miles de contratos anuales, por lo que no puede plantearse como la solución a la cuestión migratoria. El grueso de la contratación se produce con el contacto de los trabajadores y patronos en España.
4. La propuesta que hacen los representantes sindicales supone colocar barreras burocráticas para dilatar el derecho al trabajo en todos los países de la Unión de los ciudadanos comunitarios, que más tarde o más temprano se acabará imponiendo. Hay que recordar que este derecho está siendo utilizado hoy por cientos de miles de trabajadores y trabajadoras españoles.
5. Esta posición es completamente contraria al desarrollo de la Europa social, y hace pagar a estos ciudadanos búlgaros y rumanos, las dos últimas incorporaciones a la UE, los platos rotos de la alarmista y conservadora campaña mediática en relación con la inmigración. También nos preguntamos con preocupación que si ésta es la posición ante los inminentes trabajadores comunitarios, qué podemos esperar de nuestro sindicato en relación a los trabajadores no comunitarios.
6. Estas declaraciones son imprudentes, al ir más lejos de lo que, hasta ahora, el propio gobierno no se ha atrevido a proponer en materia de restricciones a los trabajadores de los nuevos socios de la UE. Además, Fidalgo, se desliza por un terreno peligroso cuando dice que la inmigración supone “costes que los paga un sector publico que está muy debilitado en forma de políticas educativas, sanitarias...” pero se olvida de la gran aportación que la inmigración supone para el crecimiento económico, el aumento de riqueza, la mejora de la viabilidad del sistema de pensiones o la mejora demográfica.
7. Por último, hay que dejar muy claro que estas declaraciones no tienen nada que ver con el planteamiento internacionalista y de clase del sindicato, con las resoluciones de los Congresos Confederales, con la labor que a diario hacen en el Sindicato los más de 50 Centros de Información de Trabajadores Inmigrantes (CITE) y no se ha aprobado en ningún órgano de dirección. Exigimos un debate en profundidad en el conjunto del sindicato sobre la cuestión migratoria.
Sector Crítico de CCOO
Madrid, 31 de octubre de 2006
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