Como terminó por saberse, el gobierno cocina en secreto –sin consultar con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores ni con el Congreso, y menos aún con la opinión pública– otorgarle cinco bases militares a Estados Unidos, una de las peores decisiones de la historia nacional. Serán dos en el Caribe (en Cartagena y Barranquilla), otra en el Océano Pacífico (en Bahía Málaga, al lado de Buenaventura), una más en el centro del país (en Palanquero, junto a La Dorada) y la última en Apiay, en los Llanos Orientales, decisión que convertirá a Colombia en un país ocupado, amenaza a los países vecinos y viola la soberanía y la Constitución.

El gobierno ha presentado este despropósito como un asunto de menor cuantía porque, dice, no se trasladará a Colombia la base militar que hoy tiene Washington en Manta, Ecuador –que se cerrará por orden de la nueva Constitución de ese país–, sino que sus funciones pasarán a cinco instalaciones controladas por las tropas norteamericanas dentro de bases militares colombianas, parte de cuyas dotaciones usarán.

Debe saberse que entre las nuevas estrategias de dominación global del mayor imperio de la historia aparecen las bases militares llamadas “lotos”, las cuales pueden ser relativamente pequeñas porque están diseñadas para ampliarse o para que las tropas salten de unas a otras. De acuerdo con Chalmers Johnson, profesor emérito de la Universidad de California, “La mayoría de estas nuevas bases constituyen lotos desde los cuales nuestras fuerzas podrán saltar como ranas muy bien armadas” (Estados Unidos imperio en guerra). Y en Colombia lo harían con la ventaja de que, en el primer salto, los estadounidenses podrían tomarse la base militar colombiana en la que estarán ubicados.

De acuerdo con Cambio, la revista que empezó el destape de este proyecto (El ABC de las bases militares colombianas en las que habrá presencia de Estados Unidos), las cinco bases escalarán la presencia militar norteamericana en Colombia no solo por su número y ubicación. Pues no serán solo contra el narcotráfico, sino también contra el “terrorismo”, término que, como se sabe, Washington define según sus conveniencias. Y las tropas norteamericanas podrán operar desde ellas, y sin consultarle a nadie, en otros países. ¿Alguien sensato, además, puede tener la certeza de que el Pentágono nunca actuará desde esas bases en contra de lo pactado y de Colombia, si así lo determinan sus intereses imperiales?

Con calculada y falsa inocencia, el gobierno de Álvaro Uribe –que le mantiene su respaldo a la invasión estadounidense a Irak–, presenta las cinco bases militares como “ayuda” norteamericana a Colombia, cuando estas se sumarán a las otras 700 que posee Estados Unidos en el mundo, bases en las que opera medio millón de hombres y resulta hasta pueril desconocer que existen para defender los intereses de dominación que signan las decisiones de la Casa Blanca, incluida la de Barack Obama. Esto, además, en la lógica de la tenebrosa estrategia de la “guerra perpetua” definida por el Pentágono, la más reciente teoría militar norteamericana para el control del mundo, política dentro de la cual, y como lo denunció Brasil, Estados Unidos puso a la IV Flota a navegar en aguas de Latinoamérica y el Caribe (El regreso de la Cuarta Flota y La IV Flota de EE.UU. vuelve a patrullar aguas latinoamericanas).

El secretismo oficial tiene como primera causa la total inconveniencia de una decisión orientada por un poder extranjero, que solo problemas puede traerle al país por la grave lesión a su soberanía y autodeterminación sobre lo político, lo económico y lo social y porque lo somete de la peor manera a los horrores de la guerra y los intereses de la superpotencia, lo enfrenta con los países vecinos y lo desacredita más ante los demócratas del mundo. Y también tiene que ver con que estas cinco bases militares –así les den otro nombre, como tienen decidido hacerlo para confundir– son inconstitucionales por dos razones diferentes. La primera, porque la Constitución dice que las relaciones internacionales del país se fundamentarán en la soberanía y su derecho a autodeterminarse. Y la segunda, porque ninguna norma permite crear bases de este tipo en Colombia, dado que la Carta, en sus artículos 173 y 237, solo autoriza “el tránsito –es decir, el paso temporal– de tropas extranjeras por el territorio de la República”, previa aprobación del Senado y concepto favorable del Consejo de Estado, trámite que el gobierno decidió no realizar.