En estas últimas semanas se han estado ventilando los problemas de Guatemala en la opinión pública internacional. Han surgido muchas inquietudes, especialmente por la dramática denuncia que dejara grabada Rodrigo Rosenberg, un reconocido abogado en el medio empresarial, antes de ser asesinado el domingo 10 de mayo en el sur de la capital.
El gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) es una amalgama de incoherencias, grupos de intereses diversos, contrapuestos y poco transparentes tanto en el ejecutivo como en el Congreso de la República. Un gobierno que, por otro lado, se presenta con rostro maya, emite algunas señales de compromiso preferencial con los pobres, usa un discurso socialdemócrata y emite señales y gestos de simpatía hacia el sur del continente.
Sin embargo también lo ha sido catalogado como un gobierno que, al estilo de los gobiernos de la posguerra, ha ratificado políticas muy alejadas del modelo socialdemócrata, sino que por el contrario ha impulsado un modelo de desarrollo orientado a los grandes capitales y megaproyectos nacionales y transnacionales. Incluso ha seguido extendiendo permisos de exploración minera más que otros gobiernos en contra de consultas comunitaria. Y se comienza a enamorar de los monocultivos para la producción del etanol.
En temas fundamentales y especialmente demandados por la mayor parte de la ciudadanía El gobierno de la UNE ha perdido el control. Es el caso de la inseguridad y la impunidad. Es el caso de la remilitarización creciente bajo el dictamen del Plan Mérida diseñado y financiado por EEUU en contra de lo convenido en los Acuerdos de Paz. Es el caso del problema agrario, del desarrollo rural y de la reforma fiscal que a pesar de estar claramente definidas sus características en la negociación y en las mesas de dialogo posteriores no avanzan como el país lo requiere.
Los Acuerdos de Paz que sellaron un largo conflicto interno se han diluido en sus contenidos sustantivos, sin que generaran los cambios en la estructura económica, en el entramado del poder y en la conformación multiétnica de la nación guatemalteca. Los Acuerdos de Paz han sido sustituidos por el programa de Cohesión Social, -- que aunque suena bonito y genera algunos alivios--, no se enmarca en la visión de desarrollo participativo como fue negociado. Tiene un contenido muy coyuntural, clientelista y poco sostenible. Tiene un objetivo claro de crear la base electoral para la próxima campaña del partido en el gobierno.
En este marco, las circunstancias e intereses que han rodeado el asesinato del abogado Rosenberg, la grabación y difusión del video con los señalamientos que adelantó por su asesinato al entorno presidencial y los señalamientos de lavado de dinero en un banco emergente que capta la mayor parte de remesas de los migrantes en EEUU, es depositario de los fideicomisos que financian los programas gubernamentales, han conmovido y sacudido de diferentes formas a la población, a la comunidad internacional y obviamente a diferentes entidades del estado. En definitiva estos hechos y sus circunstancias han acabado por debilitar más a un débil gobierno. Lo subyugan más a las roscas de poder tradicionales que se sienten con derecho a decidir sobre el destino del país, y lo obligan a negociar en condiciones muy desfavorables algunos puntos de la agenda nacional, como la reforma fiscal.
El país durante este mes ha visto una movilización especial. Por un lado de jóvenes de familias de clase media identificados con los señalamientos del abogado asesinado, partidos y medios de comunicación conservadores. Por otro, población de áreas marginales y de comunidades rurales que reciben transferencias condicionadas del programas oficiales en apoyo al gobierno. También ha estado muy activas diferentes instancias diplomáticas. Las distintas movilizaciones finalmente han concluido en que se investigue a fondo y sin obstáculos estos hechos, se haga justicia por parte de los órganos competentes, que se asegure la institucionalidad; y todo el mundo -- aunque haya sido del diente al labio -- ha acabado por reconocer la necesidad de la Comisión Internacional para la Investigación de Cuerpos Ilegales en Guatemala (CICIG). También se ha elevado el clamor en contra de los hechos de violencia generalizados en un país de los más violentos del continente, especialmente contra las mujeres, donde solamente un 2% de los crímenes son juzgados.
Desde dentro del país es difícil sostener que ha habido o hay una crisis de gobernabilidad. Funcionan normalmente, aunque con anemia, las instituciones. Algunos políticos conservadores intentaron e intentan sacarle partido a esta conmoción adelantando su campaña electoral del 2011.
Estas reivindicaciones, legítimas e incuestionables, esta pugna y su contenido no es precisamente una lucha de clases en el sentido clásico, aunque a veces se revista de estos elementos. Es en gran medida un forcejeo de poderes, unos ocultos en la institucionalidad del Estado, otros agazapados en las estructuras de las cámaras de la iniciativa privada, especialmente financiera. Es una lucha muy infiltrada también por mafias del crimen organizado y la narcoactividad que tocan e invaden cada día más las instancias institucionales, los poderes locales, los territorios y disputan el uso de la violencia al Estado.
Es un esfuerzo - como lo ha hecho siempre que se le escapan de su control decisiones financieras importantes - de una oligarquía que mantiene la columna vertebral del poder y trata de afianzar más su control sobre puntos importantes, como las decisiones en el sistema financiero, fiscal y los recursos estratégicos (tierra, energía eléctrica, minería y otros nuevos negocios). Una rosca que no se abre, sigue impregnada de racismo, crea sistemas paralelos de inteligencia, de toma de decisiones políticas, crea y desecha partidos políticos en coyunturas electorales. Una rosca que ha explotado de manera natural e inhumana el trabajo de las comunidades indígenas y últimamente estafa a quien se le pone por delante. Aquí hay muchos viejos y modernos intereses de clase que reproducen la tradición de los criollos guatemaltecos en los empresarios de hoy.
Pero la situación también hay reflejado ausencias y vacíos importantes. Las fuerzas sociales y políticas de la izquierda no han tenido la capacidad en medio de estas pugnas levantar con fuerza los intereses de la población más expoliada, los derechos de los pueblos indígenas, campesinos y campesinas, las capas empobrecidas, los derechos de las mujeres. La coyuntura hubiera podido confrontar estos intereses de manera articulada más allá de algunos mensajes y declaraciones que han estado emitiéndose. Las “izquierdas” - fuerzas sociales y agrupaciones políticas - no han desarrollado capacidad de presión en una dirección diferente. Hay fuerzas emergentes, hay liderazgos en diferentes lados del país, esperanzadoramente cada día más, pero dispersos y sin referentes políticos claros.
En Guatemala no es posible conformarse con defender la institucionalidad por la institucionalidad tal y como está, o el estado de derecho como un fin en sí mismo. Este debe transformarse con otros contenidos, con otra proyección y con otros sujetos que pujan por nacer pero que no han nacido.
En este sentido en Guatemala las fuerzas políticas reconocen la sagacidad con que los hermanos salvadoreños del FMLN han llevado su proceso y lo han ajustado a la situación que se vive en el continente. En medio de los escollos que ha puesto una derecha muy dura, incluso en medio de desprendimientos internos que han sufrido en los últimos 15 años han tenido la habilidad de mantener una identidad, una perspectiva revolucionaria, incorporar a la juventud y presentarse a las elecciones con un perfil abierto, nuevos aliados y una comunicación fresca que llega a la sociedad y a la comunidad internacional.
Desde Guatemala, además de la esperanza y simpatía porque logren las metas sociales y democráticas irrenunciables y merecidas, se percibe algún contagio. Comienzan a pulular las izquierdas, las agrupaciones sociales, los movimientos feministas y los pueblos indígenas en un ambiente que puede llegar a ser favorable dentro del reflujo sufrido en los últimos diez años.
Enrique Corral. Director General de la Fundación Guillermo Toriello
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