Las cúpulas de Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT) continuamente lanzan el mensaje de que se oponen a la privatización de la educación pública. Como no podía ser de otra manera, estos sindicatos de clase llenan sus intervenciones en el marco de la enseñanza de discursos que defienden la educación pública de calidad para todos y todas, y la Universidad Pública en particular. Sin embargo, entre sus palabras y sus hechos hay mucho trecho. Y sobre todo, la amplitud de La distancia entre lo que se dice y cómo se actúa depende claramente del partido que esté en el gobierno.
Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid gobernada por Esperanza Aguirre, los dirigentes de UGT y CC.OO. denuncian continua y combativamente (con movilizaciones en las calles) la privatización de la educación, desde la Educación Infantil hasta la Superior. Sin embargo, en la Andalucía gobernada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no apoyan las movilizaciones frente al Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares para los centros públicos no universitarios; una Orden de la Junta de Andalucía que propone pagar más a los docentes que aprueben a más alumnos, responsabilizando a los profesores del fracaso escolar. Programa que ha sido rechazado por la mayoría de los centros de Secundaria andaluces (solo se han sumado el 20% al Programa) y contra el que se movilizan sindicatos como USTEA, SAT o CGT.
Otro ejemplo de cómo cambia la postura de estos sindicatos respecto a las políticas educativas en función de quién gobierne: Cuando el gobierno de Aznar lanzó la Ley Orgánica de Universidades (LOU) ambos sindicatos se opusieron a ella con todas sus fuerzas en la calle, convocando manifestaciones masivas. Después llegaría el gobierno de ZP que habiendo prometido en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla la derogación de la LOU desde la oposición, una vez en el poder se limitó a reformarla; en algunos casos para peor, desde mi humilde opinión, como al introducir la posibilidad de volver a la elección del Rector desde el Claustro. Entonces, los dirigentes de CC.OO. y UGT se limitaron a negociar con el gobierno sin poner el grito en el cielo respecto a su claro cambio de postura, pasando a asumir sin apenas rechistar una ley a la que se oponían antes rotundamente, a pesar de las protestas que venían desde sus bases.
De aquellas lluvias estos lodos. La LOU respondía al desarrollo de la ‘filosofía boloñesa’ para la Universidad Pública. Ahora, esta ley se desarrolla con diferentes Reales Decretos que impulsan, entre otras cosas, la privatización y la mercantilización de la Universidad. Por ejemplo, el último año de la mayoría de las titulaciones se convierte en maestrías. Las maestrías no solo las pueden dar las universidades públicas, también las privadas, fundaciones de empresas, etc. Es decir, se liberaliza la especialización en los estudios universitarios. Además, las matrículas de las maestrías reguladas por los gobiernos autonómicos son bastante más caras que las del quinto curso actual. Para pagar estas matrículas se introducen los préstamos-renta: hipotecarse para estudiar. Y hay muchas menos plazas de máster que las que hay en quinto curso, es decir, que la especialización no va a estar al acceso de muchos de los estudiantes que ahora sí lo hacen durante el último año de carrera; aunque la oferta de maestrías aumente en los próximos años no llegará a cubrir con casi total seguridad todas las plazas de quinto curso.
Frente a ésta y otras reformas de la universidad que impulsan decididamente su privatización escondida tras palabras inventadas como “empleabilidad” y otras más antiguas como “calidad”, los dirigentes de UGT y CC.OO. no dicen nada o las aprueban y apoyan complacientemente. Esta postura se resumió perfectamente el pasado 4 de mayo en el telediario de la Primera cuando Candido Méndez de UGT afirmó que “para mi Bolonia no es una mercantilización”, apoyado por Ramón Górriz de CC.OO.
El proceso de privatización está mucho más avanzado en servicios de la Universidad como los de limpieza o mantenimiento, y otros como el de asesoría informática nacieron privatizados, y los mandamases de CC.OO. y UGT no dijeron ni dicen nada. Se agarran a que las privatizaciones mejoran la calidad de los servicios, cuando ocurre habitualmente lo contrario e incluso, salen más caros a la institución y aumentan la precariedad laboral.
Y cuando desde el sector crítico de CC.OO., cada vez más arrinconado y débil, se habla de “hacer algo” respecto a Bolonia, las instrucciones de los burócratas sindicales son claras: aquí no se mueve nadie.
Los dirigentes de CC.OO. y UGT se limitan a pedir negociaciones para, por ejemplo, mejorar el funcionamiento de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA) que instauró la LOU y cuyo funcionamiento es un auténtico desastre. Por ejemplo, evalúa al profesorado universitario de manera poco o nada transparente, utilizando plantillas que copia y pega en sus respuestas, o cambiando los criterios de evaluación a su antojo para favorecer a ciertos sectores de la comunidad científica.
Las protestas sindicales de los dirigentes de UGT y CC.OO. no ponen en duda la tendencia general que vacía poco a poco a la Universidad Pública (también, por ejemplo, con la creación de “empresas spin-off” o la próxima Ley de la Ciencia) y la pone al servicio de las empresas y el mercado laboral español, el más precario de Europa. Tampoco los negociadores de UGT y CCOO ponen en duda el unir parte del sueldo del profesorado universitario funcionario a la obtención de patentes y contratos con empresas tal y como propone el borrador del Estatuto de PDI en tramitación, lo que discrimina claramente a determinadas áreas de conocimiento que no encajan tan bien como otras en el mercado actual. Eso sí, respecto al Estatuto del PDI, los sindicatos mayoritarios protestan diciendo que introduce precariedad laboral en el profesorado y los investigadores. Pero las protestas se quedan ahí y no se convoca a la afiliación a protestar en las calles, y como sabemos todos y todas “el que no llora no mama”. Se escudan es que “es muy difícil movilizar a los trabajadores en estos tiempos”. Sin embargo, hay un gran malestar con algunas de las consecuencias de las reformas universitarias, como la ANECA, y muchos y muchas están dispuestos a protestar contra estas injusticias.
Igualmente, los dirigentes de CC.OO. y UGT no protestan cuando se les abren las puertas de la Universidad Pública a los bancos, poniendo a su servicio sus propias instalaciones, incluyendo propaganda en los carnés, facilitando el que el alumnado se convierta en clientes de un determinado banco al matricularse, etc. Mientras, el Banco Santander con su chiringuito de Universia al frente se frota las manos, llena los carnés universitarios de sus logos, convierte a los estudiantes en clientes y explica las bondades de Bolonia en su página web frente una desinformación cabalgante que solo ha puesto de manifiesto el movimiento anti-Bolonia..
En UGT y CC.OO. hay sindicalistas muy combativos y valiosos en nuestras universidades. Baste con mirar a muchos de los docentes e investigadores que con la LOU se incorporaron a la labor sindical y que creen, al margen de siglas sindicales, en una Universidad Pública de calidad y abierta a todo el/la que quiera estudiar en ella. Pero, sinceramente, en el panorama político actual creo que desde estos sindicatos no puede defenderse con fuerza la Universidad Pública de calidad que todos y todas merecemos, y menos con gobiernos del PSOE en el poder.
Tanto el Partido Popular como el PSOE (aunque obviamente no son lo mismo políticamente) defienden, posiblemente a velocidades diferentes, el neoliberalismo; y con el neoliberalismo llega la privatización de servicios públicos como la educación y la sanidad. En el contexto actual, y dada la alineación política de los dirigentes de UGT y CC.OO. expuesta anteriormente, luchar desde estos sindicatos burocratizados contra la privatización de la Universidad se me antoja muy difícil, requiere consumir muchas energías en batallas internas, una lucha infructuosa en no pocas ocasiones. Es previsible lo que les ocurriría a los que disintiesen con fuerza de la línea de los burócratas de UGT y CC.OO.: serían arrinconados o expulsados del sindicato; como ha ocurrido ya previamente en otros sectores donde los trabajadores han aumentando el nivel de sus reivindicaciones frente a abusos empresariales y la inmovilidad, e incluso la colaboración, de algunos de sus representantes sindicales. Además, muchos trabajadores universitarios ven a estos sindicatos como corruptos y vendidos, lo que resta habitualmente efectividad a sus llamamientos.
En las últimas semanas de mayo, hemos recibido comunicados más críticos con las reformas universitarias ‘boloñesas’ por parte de CC.OO. Se empiezan a ver riesgos de privatización y mercantilización cuando se declara que “CC.OO. […] no colaborará en el desmantelamiento de la universidad pública” (Hoja del lunes nº 465, 11/5/2009). Por ejemplo, respecto a la ANECA se dice que “la Dirección de ANECA sigue actuando por libre y cree que le asiste el derecho a redirigir la política universitaria del Gobierno” a la vez que se critica duramente su arbitrariedad y opacidad (Hoja del lunes nº 466, 25/5/2009). En su última resolución, la Federación de Enseñanza de CC.OO. exige, por ejemplo, más inversión en Educación Superior, más debate sobre qué modelo de universidad queremos, menos competitividad en el ambiente universitario y una bajada en el precio de las matrículas de las maestrías, para acabar haciendo un llamamiento “a la Comunidad Universitaria, con el fin de evitar que la aplicación de este proceso sirva de coartada para debilitar el carácter público y democrático de nuestra
Universidad Pública”. Los dirigentes de CC.OO. tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros. Esperemos que este llamamiento se plasme en movilizaciones reales que presionen al Gobierno y los rectores a dar marcha atrás en muchas de las reformas.
Es hora de que los docentes e investigadores de la Universidad Pública (un colectivo muy poco sindicado) impulsemos un sindicalismo combativo, sin sectarismos y de base con el resto de la comunidad universitaria para mejorar sus condiciones laborales y, a la vez, construir “Otra Universidad Posible” sin privatizaciones, desde un debate sincero y participativo dentro y fuera de la Universidad.
Jesús Castillo
Profesor Titular de la Universidad de Sevilla.
Ex–vicepresidente del Comité de Empresa del Personal Docente e Investigador de la Universidad de Sevilla.
Miembro de Comisiones Obreras (al menos, hasta el día de hoy).
Activista del grupo anticapitalista En Lucha.
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