El último y el mayor astillero de la bahía de Gijón ha sido sentenciado por los propios sindicatos cuando el 11 de agosto de 2009 el Comité de Empresa, formado por representantes de CCOO y de UGT, firmaron el cierre de Juliana en la reunión celebrada con la Administración Concursal, la empresa y, por parte del Comité de Empresa, su presidente Renato Rodríguez, la secretaria del Comité Mª Antonia López, ambos de CCOO y, por parte de UGT, Faustino Suárez y Félix Magadán, con la ausencia de la Sepi-Izar (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales)
Si el cierre de una empresa es grave, mucho más lo es cuando son los propios sindicatos los que negocian, pactan, acuerdan y firman su cierre y, además, el despido sin ninguna consulta previa con los afectados. Tanto la reunión como las decisiones que en ella se tomaron fueron a espaldas de los trabajadores, de la opinión pública e incluso, el documento de tres páginas, en el que constan las firmas de cada uno de los participantes ha sido ocultado a los propios trabajadores afectados y a la opinión pública. Este documento llegó a los medios de comunicación porque fue hecho público por la CSI (Corriente Sindical de Izquierda), no por los firmantes.
El último día de agosto y el fin de las vacaciones el Comité de Empresa reúne a los trabajadores de Juliana y les comunica que al día siguiente, el primero de septiembre, se cierra el astillero y se rescinden todos los contratos de trabajo (Podría prorrogarse por un mes). A esto se redujo la participación de los trabajadores. En esta reunión ni siquiera se presenta este documento, aunque ahora resulta que la preocupación de los firmantes es saber cómo ha salido a la luz.
Desde el punto de vista social y sindical la decisión tomada por el Comité de Empresa es un auténtico delito, tanto en el fondo como en la forma ¿Qué negociación ofrecen estos cuatro representantes sindicales cuando se sientan al otro lado de la mesa, enfrente de los trabajadores a los que debieran representar?
La firma de este documento pone a los pies del Juzgado de lo Mercantil cualquier reivindicación o posibilidad de negociación. Juliana se encuentra en un proceso Concursal y qué más puede pedir quien ha de resolver que, de antemano, sean los propios trabajadores, el Comité de Empresa, los que estampen su visto bueno al cierre y despido, sin más, de los trabajadores sin ninguna condición ni compensación real salvo cuatro cosas que no resuelven nada sustancial que no sea lavar la imagen de los firmantes. Pero sí es cierto, cómo no, que éstos sí se cuidaron de hacer constar en el último párrafo del documento que “se respetarán las garantías que la legislación vigente otorga a los representantes de los trabajadores,”
Sirva también como orientación de cómo se ha llegado a esta situación y, también, como prueba del delito, que el presidente del Comité de Empresa, Renato Rodríguez de CCOO y Félix Magadán de UGT y también miembro del Comité de Empresa, pertenecen ambos al Consejo de Administración de Juliana, desde 2006, y que vienen cobrando por ello 30.000 euros al año cada uno, según datos del Registro Mercantil.
En el documento firmado se cierra ya toda posibilidad de negociación, todo queda pactado cuando se acepta la situación de la Administración Concursal, se firma el cierre y la suspensión de todos los contratos de trabajo a partir del 1 de septiembre. Ahora, cualquier negociación queda condicionada y se regulará por la Ley Concursal, lo que supone la renuncia a cualquier otra salida y hasta se facilita al Juzgado de lo Mercantil la sentencia al procedimiento de concurso ordinario 297/09 de Juliana. Queda regulado también las indemnizaciones y demás liquidaciones que pudieran ser objeto de negociación fuera de la Ley Concursal ahora firmada.
La claudicación de CCOO y de UGT en este pacto con la empresa y con otros intereses, como los de PYMAR, (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión) que propician el cierre, supone la pérdida de 195 puestos de trabajo y de otros 700 a 800 de la industria auxiliar, aparte de los empleos indirectos.
La previsión es que 113 trabajadores mayores de 52 años serán prejubilados, 40 con menos de 52 irán al paro y unos 30 con contrato por obra también irán al paro. La negociación de cómo se gestionará todo esto parece que ahora se están complicando y, como todo está firmado, pocos son los recursos y las armas legales disponibles.
Detrás de este crak del sector naval de Gijón, como el de otras tantas industrias, está el modelo económico impuesto de grandes y rápidos beneficios derivados de la especulación. No son ajenos, sino cómplices directos, y beneficiarios, el poder político y los partidos que están detrás. En el Gobierno regional con el PSOE e IU y los mismos, con los mismos pactos, en el Ayuntamiento de Gijón.
¿Qué queda de los astilleros que rodeaban la bahía de Gijón? Edificios y la negociación iniciada, primero con Naval Gijón y, ahora, con Juliana. El mayor interesado y propietario de los terrenos de ambos astilleros es PYMAR (Propiedad del Ministerio de Industria y de la Consejería de Industria del Gobierno asturiano) que con la recalificación de cerca de 300.000 m2 se puede llegar a salvar la financiación de la obra del puerto de El Musel y otros proyectos que rodean estos terrenos.
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