La moderación de los sindicatos mayoritarios actuales guarda pocas similitudes con la lucha asamblearia de las Comisiones Obreras en los 60 y 70. La transición se encargó de desactivar la fuerza del movimiento obrero y de abrir las puertas a la burocratización, un proceso que se ha acentuado durante los 80s y los 90. Sin embargo, los sindicatos siguen siendo imprescindibles hoy en día, en un contexto de deslocalizaciones y precariedad.
La posición intermedia que ocupan los sindicatos dentro del capitalismo hace que si bien deben funcionar para defender los intereses de los trabajadores también sufren y ceden ante las presiones del estado y los empresarios. Los sindicatos no son organizaciones inmutables. El contexto y el nivel de luchas tienen una gran influencia en su desarrollo.
Mirar la historia, ver las transformaciones del sindicalismo en las últimas décadas, permite entender mejor cual es el papel que juegan en el Estado español, en un momento en que, si bien el movimiento obrero no está mostrando grandes avances, sí encontramos en los últimos años un auge de las luchas sociales.
La posguerra: un movimiento obrero roto
La guerra civil y la dictadura franquista supusieron un corte brutal en la fuerte tradición sindical en el Estado español.
En los años 30, el movimiento obrero llegó a tener su momento de mayor influencia en la historia1. UGT, la central sindical vinculada al PSOE, contaba con 1,5 millones de afiliados en vísperas de la guerra civil. La CNT, aunque contaba con 600.000 miembros, tenía una influencia mayor a su afiliación, especialmente en Catalunya, y jugaría un papel clave durante la guerra. El 60% de sindicalización entre los trabajadores barceloneses en 1936, nunca alcanzado posteriormente, es una muestra de la fortaleza de entonces2.
Sin embargo, la derrota de la Guerra Civil y la posterior represión gubernamental franquista llevó a la destrucción prácticamente absoluta de las organizaciones sindicales y políticas. Bajo la dictadura se instauró un clima de terror a todos los niveles de la sociedad para cualquier persona susceptible de ser “roja”3. Las decenas de miles de encarcelamientos y de asesinatos se combinaron con la exclusión en el trabajo y la confiscación de bienes. Entre los 400.000 exiliados que huyeron del nuevo régimen se encontraban un gran número de militantes y dirigentes de las organizaciones obreras.
El resultado fue que el franquismo consiguió barrer del mapa las poderosas centrales UGT y CNT. Los pequeños núcleos clandestinos que resistieron durante los 40 prácticamente se extinguieron en los 50, manteniendo tan solo una cierta presencia en el exilio. Una muestra del clima imperante es que los comités de dirección de la CNT fueron desarticulados por el Estado 33 veces entre 1945 y 19534.
A la desaparición prácticamente total de los partidos y sindicatos, y al vacío social practicado a los “rojos”, se tiene que sumar la miseria de la posguerra. Con un nivel salarial menor al de antes de la guerra, muchas familias pasaban hambre habitualmente. La principal preocupación de la gran mayoría de la gente era la simple supervivencia.
Teniendo en cuenta la represión, la miseria y la desmoralización que supuso la derrota en la guerra no es de extrañar que la tónica general en los primeros años de dictadura fuera la pasividad generalizada.
Las pocas protestas que se suceden, cómo la de los trabajadores de Barcelona y Manresa en 1945 y la huelga de Euskadi en 1947, no pasan de ser acontecimientos aislados. Son los últimos coletazos de la tradición de lucha obrera que perduraba de los años 30.
Al mismo tiempo que desmantelaba las organizaciones existentes, el régimen franquista creó la Organización Sindical Estatal (OSE), un sindicato vertical que tenía como fin asegurarse el control y la sumisión de los trabajadores.
La nueva institución era un gran organismo burocrático cuyos funcionarios eran falangistas designados desde arriba por el Estado. Formaban parte de él tanto los trabajadores como los empresarios, quines lo presidían en cada empresa. La OSE proporcionaba solamente una asistencia legal individual que servía de filtro a las reivindicaciones obreras. En el ámbito legal las huelgas eran prohibidas y pasaban a ser juzgadas por tribunales militares.
Cualquier intento de defensa de los intereses de los trabajadores durante estos años choca tanto con el vacío dejado por la desaparición de la CNT y la UGT como con la necesidad de resistencia al sindicato vertical y a la represión franquista.
Las primeras Comisiones Obreras
En los 50 la situación da un pequeño cambio y empieza un lento y discontinuo ascenso de las luchas en los principales centros industriales del Estado.
En 1951 tiene lugar en Barcelona una huelga general contra las subidas de las tarifas del tranvía. En Euskadi, durante el mismo año, se producen huelgas masivas contra el mísero nivel de vida en una situación económica general de estancamiento y perdida de poder adquisitivo. Los empresarios tienen un nivel tan alto de beneficios que ceden a ciertas mejoras.
En 1956 las luchas estallan en las minas de Asturias.
En la mina de La Camocha surge un poderoso instrumento de organización: la Comisión Obrera. Se trata de una forma de organización que se extenderá más adelante por todo el Estado y que llegará a tener una importancia fundamental en las luchas de las dos décadas siguientes.
La Comisión se elige en el transcurso de una asamblea para que sus miembros representen al conjunto de los trabajadores en las negociaciones que tienen lugar durante las protestas. Su carácter es absolutamente democrático, pues los trabajadores pueden sustituir a los miembros de la comisión si no están de acuerdo con sus actuaciones. La fuerza y representatividad de la Comisión se muestra en que la empresa minera la acepta como interlocutora, fuera del marco del sindicato vertical, en la huelga de los brazos caídos de enero de 1957.
Pese a las dificultades de la clandestinidad y las detenciones policiales, la formación de comisiones va aumentando poco a poco en distintas minas de la zona y se extiende a las fábricas de Vizcaya entre 1956 y 1962, aunque el carácter de todas ellas es todavía intermitente y sujeto a los momentos de reivindicación.
No es casual que las primeras comisiones se produzcan en Asturias. La arraigada tradición sindical en las minas y la cotidiana negociación con los empresarios por el precio del destajo facilitan la creación de la comisión como un paso cualitativo más allá de la simple reunión.
Los 60: las bases del nuevo movimiento
Si los años 40 y 50 están marcados, en el ámbito económico, por el estancamiento, en 1958 el régimen inicia una nueva política desarrollista y de modernización en la que se introduce la Ley de los convenios colectivos. A partir de este momento se reconoce la negociación colectiva entre empresarios y la nueva figura de los enlaces sindicales, representantes de la OSE elegidos por los trabajadores. Se trata de una obertura muy reducida —los derechos elementales de reunión, información o acción sindical están absolutamente restringidos— pero que abre un importante margen de actuación de los trabajadores en torno a la negociación de los convenios colectivos y a la elección de los enlaces sindicales.
La estrategia del Partido Comunista (PCE), el único partido de izquierdas con fuerza, de promover el entrismo en el sindicato vertical basándose en presentar enlaces no afines al régimen, jugará un papel clave en la lucha de los trabajadores. De hecho, será la actuación del PCE5 la que impulsará en gran manera la construcción y extensión de las Comisiones Obreras (CCOO), combinando hábilmente tanto la actuación dentro del estrecho espacio legal de la OSE como el trabajo clandestino.
Hay otro factor decisivo que posibilitará el resurgir del movimiento obrero: la aparición de una nueva generación de trabajadores jóvenes que no han sufrido la derrota de la guerra civil y la represión de la posguerra.
Durante los 60 la sociedad se transforma con el crecimiento económico. La industrialización conlleva el desplazamiento de millones de personas del campo a la ciudad. El sector servicios toma fuerza pasando de ser un 25% en 1950 al 40% en 1975. El sector industrial crece del 26% al 38%. Estos cambios suponen una gran regeneración y rejuvenecimiento de la clase trabajadora. Esta nueva generación, sin experiencia pero libre del peso de las derrotas y sin haber vivido el nacimiento del franquismo, será la base del importante ascenso de las luchas de los 60 y del avance en la construcción de un nuevo movimiento obrero.
Los inicios de la década están marcados por la ola de huelgas de 1962 en Asturias, Vizcaya y Catalunya, en las que resurgen con fuerza las comisiones obreras basándose en la experiencia de unos años antes6. La inédita combatividad y extensión de las luchas—en Asturias una huelga dura dos meses, en Vizcaya la huelga general consigue romper el bloqueo salarial del gobierno— marcan el despertar del movimiento obrero después de los oscuros 40 y 50.
El desarrollo de las luchas de los 60, así como los procesos de negociación colectiva, lleva a que las comisiones se extiendan más allá de cada empresa, para jugar un papel de vertebración del movimiento obrero en el ámbito de ciudad e incluso de provincia.
Aún y su ímpetu, su aparición en los distintos puntos del Estado es descortinada. Debido a la clandestinidad las comisiones van surgiendo muchas veces sin conocer la experiencia de los otros sitios, y con un perfil distinto conforme a la realidad de cada zona.
Si en Madrid las Comisiones Obreras del Metal surgen desde dentro del Sindicato Vertical en una reunió de los delegados sindicales, en Barcelona la Comisión se forma clandestinamente en una asamblea de 200 trabajadores procedentes de varias industrias y sectores.
En todas partes las comisiones tienen un fuerte carácter unitario. En ellas ser reúnen, superando las largas divisiones provinentes de los 30s, activistas comunistas, católicos de izquierdas, socialistas e incluso inicialmente miembros de la UGT y la CNT. Aún así es el PCE, la organización con más implantación y que ve rápidamente el potencial de las Comisiones, quien adquirirá una enorme influencia en ellas. La estrecha conexión entre los comunistas y las comisiones no dejará de provocar fricciones con otros sectores.
Las reivindicaciones de las CCOO en un principio atañen a cuestiones laborales pero rápidamente se van radicalizando y politizando hacia cuestiones políticas como la libertad sindical, de manifestación e incluso el fin de la dictadura. Esto llevará a las comisiones obreras a jugar un papel cada vez más central en la resistencia al franquismo.
Represión y auge del movimiento obrero
A mediados de los 60 el movimiento de comisiones ha tomado fuerza ya en los principales centros industriales del estado. En las elecciones sindicales de 1966, siguiendo la táctica de infiltración a la OSE defendida por el PCE, las CCOO promueven candidaturas no oficiales en muchas partes del Estado. Las nuevas candidaturas consiguen un apoyo masivo. Una muestra es que en Barcelona más del 75% de los nuevos delegados no habían formado parte anteriormente de las estructuras oficiales y eran mayoritariamente jóvenes.
El éxito conseguido por estas candidaturas provoca la amenaza y la reacción del régimen, que las ilegaliza en marzo del 1967. Esto supone un freno para el dificultoso proceso de construcción del tejido organizativo conseguido poco a poco durante una década.
Entre los años 1967 y 1970 se desata una etapa negra de represión por parte de Estado. Se producen detenciones, torturas, destierros e incluso el estado de excepción (Vizcaya en 1967, Barcelona en 1969). Las empresas despiden y sancionan a los trabajadores más comprometidos y la OSE retira credenciales a los enlaces sindicales disidentes.
El joven movimiento no está preparado para la represión, y además cuenta con el optimismo desmesurado de que no hay marcha atrás en el fin del régimen. Los golpes sufridos dan lugar a un fuerte debilitamiento organizativo, a la disminución del funcionamiento democrático y del pluralismo, pues comisiones queda reducido al núcleo de militantes de las organizaciones de izquierdas.
Sin embargo, la ilegalización no supone un retroceso de la combatividad que va en ascenso: en 1969 tienen lugar 491 huelgas y en 1970 se producen 1.547. La represión, en vez de un retraimiento, provoca una respuesta todavía más politizada.
A principios de los 70 el movimiento obrero coge envergadura especialmente en Catalunya, en un momento en que el miedo a la dictadura desciende mientras que la oposición al régimen es cada vez más fuerte. La fuerza de las luchas obreras se visualiza en las espectaculares mejoras que consiguen arrancar al régimen: entre 1963 y 1973 los salarios reales se doblan.
El origen de los conflictos es de base laboral, pero el choque con la represión (prohibición de huelgas y manifestaciones) y el papel dirigente de los miembros del PCE, hace que las protestas tengan cada vez más un marcado tono de lucha no sólo antifranquista, sino de una transformación social real.
La radicalización existente se muestra también en el aumento de las huelgas de solidaridad, que pasan de ser del 4% en 1967 y 1969 al 44% entre 1969 y 1971. Que una buena parte de las huelgas sean de apoyo a otras luchas muestra como ha aumentado el nivel de conciencia por parte de los trabajadores.
El régimen se ve cada vez más impotente para impedir el ascenso del movimiento. Aunque entre 1971 y 1972 la OSE cesa a 17.634 enlaces sindicales para intentar frenar la infiltración de los candidatos de CCOO, en la mayoría de conflictos se va extendiendo el proceso de creación de asambleas y comisiones.
Ya en 1974 las enormes dimensiones del movimiento de oposición —dentro del cual el movimiento obrero es su principal fuerza— está poniendo contra las cuerdas al régimen de Franco.
Las elecciones sindicales de principios de 1975 son un buen ejemplo. La oposición obrera se presenta, para conseguir el máximo de amplitud, a través de Candidaturas Unitarias y Democráticas (CUD), agrupando a CCOO, al sindicato católico de izquierdas USO y al resto de grupos. Los resultados de las CUD son arrolladores: en Barcelona, de las 30 empresas más importantes, los candidatos de la oposición ganaron en todas excepto en 37. Estas elecciones significan la implosión del sindicato vertical, cuyas cúpulas oficiales no pueden convivir con toda una base hostil de delegados y muestran lo acertado de la estrategia de entrismo en las estructuras oficiales.
La Transición
A finales de 1974 se agudiza la crisis interna de la dictadura que culmina el 20 de noviembre de 1975 con la muerte de Franco. A partir de este momento se abre la transición política, aunque realmente el régimen franquista se mantiene, agonizante, durante los dos años siguientes.
La dirección seguida hacia la democratización no se debe a una intención de apertura del régimen o a las negociaciones de los políticos, sino que está forzada por la intensidad del poderoso movimiento popular antifranquista en las calles. El nivel de huelgas entre 1975 y 1976 es el más alto de Europa, justamente en el país donde las huelgas están prohibidas y se reprimen violentamente. En Euskadi, donde se junta la lucha nacional y de amnistía para los presos políticos con la lucha obrera, tienen lugar 13 huelgas generales entre enero de 1976 y 1977.
Las clases dominantes se alejan del régimen previendo que si no se avanza hacia una cierta democracia, el movimiento puede desbordar el marco establecido.
A la muerte de Franco, Arias Navarro sigue como jefe de gobierno. Su intento de reforma del Sindicato Vertical es boicoteado por CCOO y USO. La presión en las calles, ya imposible de parar con la represión, obliga a dimitir al nuevo jefe de gobierno. Sin embargo, éste será uno de los últimos logros del fuerte movimiento popular democrático y su momento más álgido.
Adolfo Suárez, reconvertido rápidamente de ministro franquista a demócrata, toma las riendas de la transición. La estrategia seguida por Suárez, en colaboración con el Rey y la clase empresarial, es encarrilar el cambio a través de ciertas concesiones y de unas elecciones generales rápidas aprovechando que la oposición más radical está todavía desorganizada. Pero, para que tenga éxito, se necesita la legitimidad de los partidos de izquierda.
El PSOE de Felipe González da su apoyo al proyecto. Pero el proceso no hubiera prosperado sin contar con el PCE, que tiene una enorme influencia en el movimiento (el 90% de los miembros de los comités de huelga son comunistas).
Los líderes del PCE, entre ellos Santiago Carrillo, en lugar de apostar por la movilización como palanca para una transformación real, se suman a la transición “sin ruptura” en espera de conseguir unas buenas posiciones en las instituciones. Inspirándose en el caso del Partido Comunista Italiano, tienen las expectativas exageradas que podrían llegar un gran peso electoral, incluso superior al PSOE.
Así pues, el PCE pacta con las fuerzas políticas provenientes del franquismo al mismo tiempo que utiliza todos los métodos posibles para controlar y frenar las organizaciones de los trabajadores.
El carácter de la reconducción del movimiento hacia las instituciones y el ascenso del PSOE lo muestran las elecciones de junio de 1977: la UCD (centro derecha con ciertos miembros del régimen reconvertidos) recibe el 33% de los votos, el PSOE el 28,5 y el PCE 9,3. Los malos resultados del PCE indican como la política de pactos ha fortalecido a los rivales. La continuidad establecida entre la democracia y el franquismo se ve incluso en la composición del parlamento: 50 diputados habían formado parte de las Cortes franquistas y un tercio del total son miembros del Opus Dei8.
El punto definitivo en la transición son los Pactos de la Moncloa en octubre de 1977. La cultura sindical de lucha se reconduce con la aceptación por parte de las principales centrales sindicales de un modelo de Transición sin cambios fundamentales respecto el franquismo, asumiendo los partidos institucionales el peso político que hasta ahora recaía sobre el movimiento. CCOO, traicionando a sus bases, y la recientemente renacida UGT, firman los Pactos de la Moncloa que, además de lo que implican políticamente, significan la rebaja de los salarios reales en un 7 %9.
La desactivación del movimiento obrero
Las enormes movilizaciones que habían tenido su punto máximo en 1976 se deshinchan en un corto periodo de tiempo, topando con el muro de los pactos institucionales desde arriba. Todas las expectativas de un cambio profundo no sólo no se cumplen sino que empiezan los ataques laborales. Los sindicatos aparecen pactistas y sin gran implantación. La afiliación sindical a principios de los 80 se sitúa alrededor del 15% de los trabajadores, muy débil comparada con el 55,1% del Reino Unido o el 54,5% de Italia10.
¿Cómo se pudo pasar del movimiento obrero más combativo en el ámbito europeo a un sindicalismo moderado y con un nivel de afiliación de los más bajos de Europa?
Hay tres factores básicos que explican el gran cambio sufrido.
En primer lugar se encuentran los frutos de la estrategia del PCE. Este partido utilizó su abrumador dominio de las Comisiones Obreras para frenar sus movilizaciones y reivindicaciones en beneficio de crearse un espacio propio. Desde su creación, las Comisiones Obreras no se trataban de un sindicato —aunque realizaron muchas tareas sindicales en el marco de la OSE— sino de un instrumento de organización del movimiento obrero en su conjunto, en el que incluso participaban miembros de distintos sindicatos. El PCE se encargó de reconvertir este movimiento, que se había desarrollado durante más de dos décadas en condiciones durísimas, en un sindicato “clásico”, es decir, una estructura más encaminada a un papel de intermediario a través de negociaciones con los empresarios y el estado que hacia la movilización. El enorme potencial de la clase trabajadora organizada para arrancar mejoras substanciales quedó frenado por la hegemonía del PCE, que la izquierda revolucionaria (el Partido de los Trabajadores, el Movimiento Comunista y la Liga Comunista Revolucionaria entre otros), por su menor implantación no fue capaz de disputar.
Para lograr sus propósitos, el PCE potenció la creación desde arriba de CCOO, contradiciendo lo que había argumentado la sección catalana, que defendía que “el nuevo sindicato debería ser constituido desde abajo hacia arriba, basándose en las asambleas de fábrica”. La asamblea general de CCOO, en julio de 1976 fue reprimida por el gobierno. El PCE, además de su influencia, aprovechó las dificultades surgidas a causa de la represión para conseguir 24 de los 26 puestos del secretariado general e imponer su modelo sindical11. La construcción del sindicato se llevó a cabo con la creación de las distintas Federaciones desde la dirección nacional, en lugar de aprovechar la fuerza de las bases para arraigar el sindicato a nivel de empresa.
La firma de los Pactos de la Moncloa por parte de CCOO, a espaldas de la negativa al acuerdo compartida por gran parte de las bases, supone el abandono de la tradición combativa,.
Todo esto supuso un cambio total dentro del movimiento obrero. Como comenta Balfour:
“La autoorganización dio paso a la delegación y, más tarde, a las nuevas estructuras del Estado y los sindicatos democráticos. En el proceso, el nivel de participación de la base empezó a decaer hasta que, a principio de los años ochenta, las asambleas regulares de factoría prácticamente no eran más que un recuerdo del pasado(...)”12
Como consecuencia de la actuación del PCE se produjo el ascenso de las formaciones moderadas, la UGT y el PSOE. Dado el contexto, en que las CCOO predominan en el movimiento obrero, hubiera sido posible abrirla a otras fuerzas políticas hacia la construcción de una única central sindical, que habría evitado divisiones y debilidad. Pero el PCE, subestimando las posibilidades de un sindicato vinculado a los socialistas, prefirió mantener el control para ejercer influencia política a través de su propia organización. Se abrió así el espacio para que el PSOE, por su parte necesitada de una base entre los trabajadores, resucitase a la UGT.
La UGT —moribunda durante el franquismo— tuvo todas las facilidades posibles para su implantación. Este sindicato, al igual que el PSOE, tuvo un crecimiento fulgurante respaldado por el apoyo económico de la socialdemocracia alemana y sueca. La UGT también recibió un trato de favor de las instituciones. Pudo convocar su congreso sin problemas en abril de 1976 (a diferencia de CCOO) y recibió una inyección económica y el apoyo logístico del PSOE. Su poca presencia dentro del movimiento obrero también le permitió crecer encajando más fácilmente en la nueva situación de reflujo y institucionalización.
El segundo factor que explica la debilidad del sindicalismo es que los sindicatos se levantaron durante la fuerte crisis económica que sacudió el Estado español a finales de los 70. El PIB tuvo un crecimiento casi nulo entre 1978 y 1981, y la tasa de paro se triplicó entre 1976 y 198113. La crisis tuvo un efecto demoledor, especialmente en Catalunya. En esta zona, entre 1979 y 1982 se perdieron más de 44.000 empleos en las empresas más importantes y “en Barcelona, durante 1976 se produjo una media de una empresa por día que se declaraba en quiebra”14.
Ante la ola de cierres industriales, la dirección de CCOO planteó una estrategia defensiva de negociación de los despidos para minimizar los costes, en lugar de apostar por una resistencia en todos los frentes, como planteaba un importante sector liderado por la izquierda revolucionaria. Una resistencia fuerte y coordinada hubiera sido posible ante la tradición de lucha con la que se contaba. Pero la dirección de CCOO aceptó las negociaciones de los despidos en el ámbito provincial y estatal, que a veces dejaban de lado la resistencia activa de los propios trabajadores en las empresas donde se iban a producir.
El efecto de los cierres sobre los trabajadores fue traumático:
“La explosión de cierres y el repentino crecimiento del desempleo no sólo debilitó o dispersó los tradicionales centros de militancia obrera sino que también socavó la confianza de los trabajadores en su capacidad de defender sus empleos y nivel de vida.”15
Los sindicatos, que son organizaciones basadas en conseguir mejoras, sufrieron un fuerte daño por el contexto de crisis.
El último factor es el modelo sindical pactado. La construcción desde cero de los sindicatos, ya dificultosa por tener que rellenar un vacío enorme en un corto espacio de tiempo, se lleva a cabo en un modelo legal diseñado por el gobierno de la UCD —y aceptado por la izquierda— para burocratizar las estructuras sindicales.
El punto más importante de este modelo, y que sentará las bases para el bajo nivel de afiliación que existe en el Estado español, es que en las elecciones sindicales pueden participar todos los trabajadores, aunque no estén sindicalizados, y que todos los trabajadores se benefician de los acuerdos laborales conseguidos. Esto hace que disminuya para los trabajadores la importancia de estar sindicado.
Además se produce la financiación estatal de los sindicatos a través del dinero ingresado según el número de delegados, lo que lleva a que una gran parte de la financiación del sindicato sea por la vía gubernamental, con la consiguiente pérdida de autonomía económica y política de los sindicatos. Por otro lado, se excluye de la negociación colectiva a los sindicatos con menos de un 10% de delegados en el Comité de empresa, potenciando a los sindicatos mayoritarios.
Así pues, la desmovilización, los pactos del PCE, la crisis económica y el ascenso de las fuerzas moderadas del PSOE y UGT suponen un reflujo de gravísimas consecuencias para el movimiento obrero. Las cifras de afiliación sindical muestran la magnitud de este descenso.
CCOO creció vertiginosamente entre 1976 y 1978 de 30.000 hasta llegar a los 1.840.907 (cifra seguramente exagerada por tratarse del número de carnés distribuidos). Sin embargo, en 1981 ya se había reducido a 778.474 afiliados y descendería todavía más hasta 664.038 en 198616. El nivel de afiliación de los trabajadores industriales que en 1978 era del 56’3%, en 1980 ya había bajado hasta el 33’8 y en 1984 se situaba en el 23%17. El nivel de sindicalización en el conjunto de los trabajadores en 1981 había bajado por debajo del 20% en uno de los niveles más bajos de Europa.
Además del bajo nivel de sindicalización, el carácter de los sindicatos cambia enormemente. La garantía para la existencia de democracia en las organizaciones es la actividad y participación de sus afiliados. Con la extensión de la desmovilización el activismo de las bases baja y la burocracia se extiende y afianza. Las cuotas pierden peso a favor de la dependencia a las ayudas estatales. En 1984, de los 577’9 millones de ingresos de CCOO, sólo 67’9 millones son de cuotas frente a los 480’8 millones de subvenciones18. La experiencia asamblearia de las intensas luchas de los 60 y 70 convive con dificultades con las estructuras del aparato burocrático, que cada vez han cogido más fuerza (el 75% de los liberados sindicales son administrativos).
Los ataques del PSOE
La gran reconversión e institucionalización del movimiento obrero que ha tenido lugar durante la transición, se va a reforzar durante los 80 en un contexto de crisis económica y ataques laborales.
En 1982 se produce la victoria del PSOE de Felipe González en las elecciones generales. Los socialistas consiguen un gran apoyo al ser capaces de dar una imagen de cambio y modernidad, de ser un partido no vinculado al pasado. Sin embargo, las promesas de la campaña electoral (creación de 800.000 puestos de trabajo, salida de la OTAN…) serán incumplidas por el gobierno una tras otra.
El fuerte gobierno del PSOE hereda una economía maltrecha, con un crecimiento rozando el cero, una alta inflación y un paro en aumento. Para paliar la situación el PSOE empieza unas políticas derechistas de recortes sociales para la transformación y modernización del capitalismo español que el gobierno de la UCD, por ser un débil gobierno de equilibrio momentáneo, no se atrevió a hacer.
El gobierno lleva a cabo la reconversión de las empresas estatales de minería, siderurgia y construcción naval con el recorte de 200.000 puestos de trabajos.
El desmantelamiento de estos sectores industriales, donde existía un fuerte arraigo de la tradición sindical de lucha, lleva a enérgicas confrontaciones por parte de los trabajadores. A las protestas obreras contra los cierres, el gobierno responde utilizando la represión para romper el movimiento. Mueren dos obreros y se producen centenares de heridos.
Estas movilizaciones llevan a divisiones dentro de CCOO. Si bien hay sectores que apuestan por resistir a todos los cierres, la dirección acepta la negociación de los despidos y la aprobación de los cierres.
Las reconversiones del gobierno suponen un duro golpe para el movimiento obrero. Después del continuismo de la transición, los cierres industriales contribuyeron aún más a que los trabajadores perdieran la confianza en su capacidad de defender los puestos de trabajo y el nivel de vida, y se extendiera la sensación de derrota. Una situación de ataques no llevan de por sí a un aumento de la combatividad:
“Después de un periodo de grandes batallas y derrotas, una crisis tiene el efecto más de deprimir que de despertar a la clase trabajadora. Esta socava la confianza de los trabajadores en su poder y los desmoraliza políticamente.”19
Es por esto que la combatividad del movimiento obrero en los 80 ya no tiene comparación con las dos décadas anteriores.
La ofensiva económica del gobierno continúa. Contrariamente a las promesas, el paro aumenta en 700.000 trabajadores llegando en 1985 al 22%.
La enorme precariedad existente en el Estado español proviene de este momento. El PSOE introduce 13 tipos distintos de contratos para erosionar el empleo fijo: el trabajo temporal pasa del 4% al 30% en dos legislaturas. También reduce el gasto social en los presupuestos del 40% en 1979 al 35% en 1987 (un 10% menor a la media europea). Para llevar a cabo los recortes, el PSOE pactará con UGT, para conseguir así al mismo tiempo marginar a CCOO.
El contexto de “modernización” a costa de los trabajadores debilita los sindicatos. Debido a su burocratización y a la subordinación a los partidos, los sindicatos reaccionan con una posición defensiva y a remolque de los ataques. Como los sindicatos no luchan, los trabajadores no ven la necesidad de formar parte y la afiliación desciende.
Para hacer frente a las dificultades de la situación y a las luchas internas CCOO se distancia de un PCE en crisis permanente. El gran número de huelgas fracasadas, el predomino del PSOE y su propia evolución, llevan a CCOO a acercarse cada vez más al modelo sindical moderado de UGT.
Por su parte, los recortes gubernamentales obligan a UGT a un distanciamiento cada vez mayor del PSOE, y UGT deja de avalar sus acuerdos económicos. Es un ejemplo de que, a pesar su pasividad, los sindicatos mayoritarios tienen que defender de alguna forma los intereses de sus afiliados. El papel intermedio de los sindicatos lleva a una situación de aceptación de reformas regresivas, pero siempre dentro de unos límites. Si los ataques son demasiado fuertes los sindicatos no pueden consentirlos fácilmente.
La regresiva ley de reformas de las pensiones de 1985, junto con el descrédito que sufre por su poca implicación en las movilizaciones lleva a UGT a sumarse a las acciones de CCOO, recuperando así una mínima unidad sindical. Aún así, UGT no quiere ir hasta el final y no apoya la huelga general de julio de 1985.
En 1988, el plan juvenil de empleo del gobierno PSOE para precarizar todavía más el empleo es la gota que colma el baso, y provoca la respuesta unitaria de todos los sindicatos. El 14 de diciembre 9 millones de trabajadores paran todo el país en una huelga general que constituye la movilización más fuerte desde la transición. La huelga supone una gran victoria: el PSOE, que hasta el momento había conseguido llevar a cabo con éxito los recortes, se ve obligado a retirar el plan de empleo.
El enorme éxito de la convocatoria, con un seguimiento del 94’86%, muestra como, si bien el nivel de sindicalización es bajo, existe una voluntad combativa de los trabajadores.
A finales de la década el perfil de los sindicatos mayoritarios ha variado respecto a la transición. UGT se ha tenido que desvincular del PSOE e ir más allá de las negociaciones. Empieza a centrarse en la oferta de servicios como vivienda barata, fondos de pensiones seguros e incluso viajes para ganar afiliación.
En CCOO termina la era de Marcelino Camacho, dirigente histórico que representaba la resistencia sindical contra el franquismo. El sindicato se ha moderado alejándose de las formas de lucha de la transición y ha dejado atrás la estrecha relación con el PCE. Aún siendo el sindicato mayoritario más fuerte cuanto a movilizaciones se acerca al modelo sindical de UGT.
Las luchas más recientes
Durante los años 90 la burocratización sindical se refuerza, aunque también los sindicatos recuperan ligeramente la afiliación. Las cúpulas de UGT y CCOO continúan la estrategia de pactos y aceptan en gran parte las políticas agresivas, primero del PSOE y, a partir de 1996, del PP.
Aún así, se suceden importantes luchas, especialmente en la última legislatura del Partido Popular.
En 1992 los sindicatos convocan una huelga general de 4 horas. En 1994 una huelga general de 24 horas con un fuerte seguimiento hace frente a la reforma laboral del gobierno.
En abril de 1999 tiene lugar en Euskadi una huelga general a favor de la semana de 35h. En diciembre del año siguiente, los funcionarios secundan una huelga general contra la perdida de poder adquisitivo. En 2001 se producen varias huelgas generales en distintos ámbitos: en marzo en el sector de la construcción contra la siniestralidad laboral, en junio en Galicia y en el sector de la enseñanza en octubre y noviembre.
El éxito de las convocatorias planteadas por los sindicatos muestra que, más allá de la moderación de las direcciones sindicales, existe un sentimiento más luchador en las plantillas. No se puede medir la situación del movimiento obrero únicamente por la actuación de las direcciones.
La tendencia de los grandes sindicatos a priorizar los pactos se refleja en la postura expresada por José María Hidalgo, Secretario General de CCOO a partir de mayo del 2000, de seguir “un modelo nucleado muy especialmente en el diálogo con el gobierno, la patronal y los empresarios individuales”. El discurso pesimista de los dirigentes sindicales se debe, por un lado, al reinante en la izquierda en general que no cree que haya alternativa al neoliberalismo, pero también sirve para justificar las propias políticas pactistas.
Sin embargo, las cúpulas sindicales no son impermeables al sentimiento de la afiliación. Saben que si en momentos determinados no canalizan el rechazo a los ataques sociales, pueden dejar de ser vistos por los trabajadores como un referente o incluso se pueden crear formas espontáneas de lucha fuera del marco sindical. Dos huelgas al final de la legislatura del PP son un ejemplo.
En primer lugar, el fuerte movimiento estudiantil desatado a finales de 2001 y la enorme manifestación de medio millón de personas contra la Unión Europea en Barcelona en marzo de 2002 supusieron un clima que presionó a los sindicatos, que respondieron con una huelga general al Decretazo de recortes en el subsidio de empleo aprobado por el PP. La huelga general, que se llevó a cabo el 20 de junio de 2002 fue secundada por 10 millones de trabajadores. El PP tuvo que retirar el Decretazo.
El otro ejemplo es la presión que supuso la extensión del movimiento antiguerra en toda la sociedad. Los sindicatos se vieron empujados a convocar una huelga el 10 de abril 2003. UGT convocó 2 horas de huelga y CCOO sólo un paro de 15 minutos. Los sindicatos mayoritarios fueron receptivos a las movilizaciones, aunque desaprovecharon la oportunidad de paralizar el país durante 24h (postura defendida por CGT), que hubiera podido tener un apoyo masivo y puesto en serios aprietos al PP.
El sindicalismo en la actualidad
La trayectoria seguida durante los 90 ha supuesto que las diferencias originarias entre CCOO y UGT hayan prácticamente desaparecido. Comisiones Obreras se ha aproximado al modelo sindical de UGT, ampliando la oferta de servicios. Incluso, a un nivel general, UGT tiene una tendencia a ser un poco más combativo, como muestra el mayor énfasis en la convocatoria de la huelga contra la guerra.
Las finanzas continúan dependiendo de las ayudas gubernamentales y programas subvencionados: en 1998 del total de 6.785,3 millones de pesetas, las cuotas de CCOO suponían sólo 11,7%.
La derechización de CCOO se ha afianzado en los últimos años, como escribían en 1998 varios miembros del sector crítico de CCOO “desde el 6º Congreso Confederal de CCOO [1996], la represión no ha cejado: la llamada a la policía para el desalojo de una parte importante de la dirección, sanciones, expulsiones y gestoras, despidos y desliberaciones, expedientes de distinto tipo, afectando a más de ochocientos militantes”20.
Desgraciadamente, la fuerte burocratización de CCOO y UGT no es algo excepcional. La burocratización sindical es algo habitual en el capitalismo moderno, debido a la posición que ocupan los sindicatos entre los empresarios o el gobierno y los trabajadores. Para mantener un modelo de democracia interna arraigado en los centros de trabajo se necesita un fuerte activismo y un alto nivel de luchas de los trabajadores. Pero la presión del propio sistema hace muy difícil esta actividad y que se puedan mantener de forma continua grandes centrales sindicales sin burocratización.
Pese el abandono de la combatividad por el aparato sindical de CCOO, en muchas empresas todavía se mantiene la tradición sindical de asambleas y un trabajo de base heredada de las luchas de los 70. Este trabajo de base choca con la dirección cuando estalla algún conflicto laboral.
Un ejemplo es la magnífica lucha de los trabajadores de Sintel en 2001, con la acampada de 150 días en el paseo de la Castellana de Madrid reclamando sus puestos de trabajo, que fue traicionada por la cúpula de CCOO.
La aceptación, muchas veces incondicional, de los planes de las empresas por parte de CCOO, está llevando a fuertes confrontaciones entre los sindicalistas de base y la dirección. Este es el origen de nuevas realidades sindicales como Co.bas, a las que se desplaza el grueso de la afiliación de CCOO en Telefónica.
Se han ido creando, de la misma manera, varios pequeños sindicatos arraigados solamente en una empresa. Estos nuevos sindicatos junto a la CGT y a algunos miembros de CCOO y UGT que mantienen un sindicalismo de base forman la izquierda sindical. En algunas ciudades tiene una expresión organizativa, como en Barcelona con la Xarxa contra el Tancament d’Empreses i la Precarietat. Pero la izquierda sindical no tiene todavía suficiente fuerzas para llevar a cabo grandes movilizaciones e influenciar a las bases de los sindicatos mayoritarios.
Dentro de CCOO existe el Sector Crítico, una plataforma de trabajadores más combativos, vinculada a IU. Sin embargo, es una minoría y prácticamente no centra sus esfuerzos más allá de los cambios dentro de las estructuras sindicales.
Actualmente UGT cuenta con 900.000 afiliados, superados por los 942.000 de CCOO. Tanto UGT como CCOO priman un modelo basado en la creación de delegados sindicales, recompensado económicamente por el Estado. Si bien las cifras de afiliación han aumentado ligeramente desde la transición, la cifra de delegados sindicales se ha prácticamente doblado: se sitúa entre los 95.000 y 100.000 en ambas centrales.
Aunque el panorama en el ámbito general es de bisindicalismo (el 70% de los 2.600.000 afiliados son de UGT o CCOO), hay otras centrales con fuerza a escala regional o por sectores.
La CGT21, sindicato orientado a un trabajo de base, va en ligero aumento, siendo para algunos trabajadores una alternativa a la política claudicante de CCOO y UGT. Aunque CGT sólo cuenta, según sus fuentes, con 50.000 afiliados y 5.000 delegados, tiene fuerza en ciertos sectores, especialmente en Catalunya.
En Euskadi, ELA, de orientación nacionalista y socialdemócrata, es el principal sindicato. Existe también LAB, más pequeño y vinculado a la izquierda abertzale. En Galicia existe la central CIGA.
Además, existen sindicatos sectoriales principalmente en los servicios públicos como educación y sanidad.
El nivel de sindicalización en el Estado español actual es del 17%, es uno de los más bajos de Europa y la mitad que Alemania o Italia.
Sin embargo, es importante no confundir el nivel de afiliación con las posibilidades de movilización. En Gran Bretaña, con un 30% de afiliación no se ha vivido ninguna huelga general en el último medio siglo respecto las 3 vividas en el Estado español desde la democratización.
Otra característica vinculada con el poco nivel de afiliación es la poca base en las empresas, especialmente en las de menor tamaño. Esto, reforzado por el modelo de delegados sindicales, y el poco interés de los sindicatos en hacer campañas de sindicalización, conlleva un bajo nivel de afiliación en los ámbitos o colectivos con más precariedad: mujeres (14%), jóvenes (8’5%), trabajadores en contratos temporales (10%) y trabajadores en empresas de 10 empleos (8%).
Los retos del sindicalismo hoy
Actualmente las dos amenazas más visibles sobre los trabajadores son la temporalidad laboral y las deslocalizaciones de empresas. Los sindicatos mayoritarios, pero, no están poniendo los medios para hacerles frente. En algunas empresas los sindicatos han aceptado rebajas salariales o incremento de la jornada para evitar el cierre. Además, el nivel de afiliación sindical es muy bajo y el nivel de luchas obreras es poco importante.
Sin embargo, para entender la situación del movimiento obrero se tiene que mirar más allá del número de huelgas o el nivel de sindicalización, que no corresponde con la combatividad o conciencia sindical de los trabajadores, por las circunstancias específicas del modelo sindical en el Estado español.
Se debe tener en cuenta no sólo el factor económico sino también el político e ideológico, y el impacto de estos factores dentro de los sindicatos. Y en los últimos años es claramente perceptible que ha habido una radicalización política entre los trabajadores. Como ejemplos encontramos las enormes movilizaciones anticapitalistas de 2002 en Barcelona el 16 de marzo y el 18 de junio en Sevilla, con un fuerte contingente de sindicalistas de CCOO y UGT, o el enorme movimiento antiguerra que tuvo un impacto en cada centro de trabajo.
La distancia que separa el nivel de radicalización política del bajo nivel de luchas laborales no puede mantenerse indefinidamente. Esta separación se puede equilibrar a través de dos formas. Que la politización ayude a aumentar la oposición a las medidas neoliberales y provoque un ascenso de las luchas laborales. O, por el contrario, que las ideas políticas se moderen debido al escepticismo que puede generar el inactivismo y la falta de resistencia a los recortes laborales.
De momento ha habido algunas importantes expresiones de lo primero: el hecho que los sindicatos convocaran una huelga general en junio de 2002 no se puede separar de la presión de la politización de sus bases con las movilizaciones anticapitalistas de los meses anteriores. De la misma forma, la convocatoria de huelga contra la guerra en abril de 2003 fue la respuesta de los sindicatos ante el desbordamiento y radicalización de los trabajadores, como forma de evitar una separación demasiado grande entre las organizaciones sindicales y la movilización antiguerra.
Construir vínculos entre el movimiento obrero y el movimiento anticapitalista es crucial para ayudar a este proceso de radicalización e intentar que el espíritu combativo de las protestas anticapitalistas impregne los centros de trabajo y ayude a dar un paso adelante en las movilizaciones laborales.
Las manifestaciones del May Day en los últimos años en Madrid, Barcelona y Sevilla, entre otras ciudades, han movilizado a los jóvenes como no lo hacen las manifestaciones tradicionales del 1 de mayo. El ambiente en estas manifestaciones tiene un claro componente anticapitalista, y son un reflejo de esta nueva clase trabajadora, joven, sin experiencia ni organización sindical pero politizada y dinámica.
El éxito de las convocatorias del May Day o por una vivienda digna muestra el potencial de movilización y el espacio vacío que no están ocupando los sindicatos mayoritarios contra la precariedad.
Los retos que tiene el sindicalismo hoy se pueden resumir básicamente en dos. Por un lado, crear los lazos entre el sindicalismo y esta nueva clase trabajadora precaria e impregnada del ambiente anticapitalista que está necesitada como nunca de organización sindical. Y en segundo lugar, y que depende en gran parte de lo primero, fortalecer la izquierda sindical para extender un sindicalismo de base y empezar a romper en algunas luchas con la sumisión de las cúpulas de CCOO y UGT.
Notas
1. Ver el folleto de En lucha Trabajadores, sindicalismo y anticapitalismo.
2. Durgan, A. ‘The search for unity: Marxists and the trade-union movement in Barcelona 1931-6’ en A. Smith (ed.), Red Barcelona. Social Protest and Labour Mobilization in the Twentieth Century (London) (2002)
3. Casanova, J. et al. Morir, matar sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco. Ed. Crítica. (2002)
4. Holm y Kölher, El movimiento sindical en Espanya. Editorial Fundamentos. (1995)
5. La intención del PCE de promover el entrismo contrasta con la estrategia de los grupúsculos de la CNT y UGT que se quedaron al margen. El PCE fue el partido clave en la lucha antifranquista. Si bien en los 60s se iría formando distintas organizaciones de la izquierda radical nunca tendrán la implantación de los comunistas.
6. Ruiz, David (Dirección) Historia de Comisiones Obreras (1958-1988) . Siglo Veintinuno Editores. (1993)
7. Balfour, Sebastián La dictadura, los trabajadores y la ciudad. Edicions Alfons el Magnànim. (1994)
8. Holm y Kölher, Op. Cit.
9. Balfour, Sebastián. Op. Cit. Pag. 252.
10. Ebbinghaus y Visser The Societies of Europe: Trade Unions in Western Europe. Basingstoke. Citado en Mac Millan (2000)
11. Holm y Kölher, Op. Cit. Pag.122
12. Balfour, Sebastián. Op. Cit.
13. Holm y Kölher, Op. Cit. Pag. 142.
14. Balfour, Sebastián. Op. Cit.
15. Balfour, Sebastián. Op. Cit.
16. UGT llegó en 1977 a tener 1.300.000 afiliados. En la actualidad CCOO cuenta con 942.000 afiliados y UGT con 900.000. Cifras muy menores que las de la época y con una clase trabajadora actual más numerosa.
17. Pérez Díaz, encuesta citada en Ruiz, David (dirección) op. Cit.
18. Ruiz, David. op. Cit.
19. Trotsky, Leon. My life, citado en Building the Party de Cliff, T. Pag 237.
20. Salce Elvira, Jesús Albarracín et Al. Finanzas y derechización en CCOO. El Viejo Topo nº121 septiembre 1998.
21. La CGT es la heredera del anarcosindicalismo. En los 70s la CNT tomó fuerza, principalmente en Catalunya pero su crecimiento, fue rápidamente interrumpido por la falsa atribución de una acción con cócteles molotov que terminó con cuatro muertos. En 1979 estallaron los conflictos internos produciéndose una división del sindicato. Más tarde, a final de los 80s, en un proceso judicial se dará el nombre de CGT a la facción mayoritaria y de orientación sindical más abierta. La facción más reducida y defensora de mantener el anarquismo se quedará las siglas CNT.
Artículo publicado en el boletín "Ideas en acción" por En lucha/En lluita en marzo de 2007
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