¿Será verdad que la vicepresidenta del Gobierno fue quien salvó de ir a la cárcel al banquero más rico de España?
Hace unos meses escribí un artículo (El Ministerio Fiscal trata de evitar que el banquero más rico de España se siente en el banquillo) en el que explicaba que el Ministerio Fiscal estaba tratando de evitar que el banquero más rico de España, Emilio Botín, diera cuenta de “un presunto delito fiscal derivado de la comercialización de un producto de ahorro llamado cesiones de crédito, de carácter opaco” (CINCO DÍAS, 23-11-2006).
Lo que ocurrió fue que “durante los años 1988 y 1989, el Santander manejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro, que provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables, mediante la comercialización de un producto destinado a captar esa cuantiosa bolsa de dinero que circulaba fuera de los cauces legales, a cuyos dueños se aseguraba que iba a seguir siendo tan ‘negro’ como antes (...) El banco entregó al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas. Y al mismo tiempo puso en marcha una operativa por la cual los empleados, mediante instrucciones directas de los acusados, procedieron a simular contratos mercantiles de cesiones de crédito, así como resguardos provisionales y documentación contable de diverso carácter, con el fin de aparentar que esas operaciones se habían realizado por terceras personas y no por los verdaderos titulares. A tal efecto, no dudó en declarar como titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con la entidad, etcétera” (EL CONFIDENCIAL, 21 de septiembre 2006) ”.
Como consecuencia del descubrimiento de esa serie de irregularidades, la acusación solicitó para el presidente del Santander “un total de 170 años de prisión y una multa de 46.242.233,92 euros (7.694.060.334 pesetas), además de una responsabilidad civil de 84.935.195,86 euros (14.132.027.499 pesetas), que es el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública” (EL CONFIENCIAL, 21 de septiembre 2006).
En mi artículo, informaba de que la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, había pedido el sobreseimiento de la causa en siete ocasiones y el Ministerio Fiscal en quince (EL PAIS, 23 de noviembre de 2006).
En el artículo de entonces, yo me preguntaba si el Ministerio Fiscal estaría siguiendo órdenes del Gobierno y ahora puede que ya sepamos la respuesta.
Resulta que el ex Ministro de Economía del Gobierno de Aznar, Rodrigo Rato, está imputado junto a su hermano Ramón Rato, el presidente del Santander, Emilio Botín, el consejero delegado del banco, Alfredo Sáenz, y otros directivos del grupo (¡Dios santo, qué tropa!) en el caso de la compra de Aguas de Fuensanta, por la que Banesto pagó unos 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros) a la familia Rato, un precio considerado desorbitado por la acusación particular por tratarse de una sociedad en "quiebra técnica" (EL PAIS, 27 de mayo de 2008).
Y para defenderse lo que se le ha ocurrido a Rato no es otra cosa que decir que los favores políticos a banquero más rico de España no comenzaron con él, sino que venían de antes, más exactamente de cuando desde el gobierno se dio órdenes al Abogado del fiscal para que no actuara contra el banquero en el caso de las “cesiones de crédito”.
Lo bueno es que al parecer aporta un escrito de la entonces Secretaria de Estado de Justicia y ahora Vicepresidente del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, “en la que ésta pidió el 25 de abril de 1996 que se cursaran al Abogado del Estado "instrucciones" sobre su actuación en el caso de las cesiones de crédito.
En este sentido, pidió que no se dirigiera "acción penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública, contra la citada entidad bancaria o sus representantes" por las retenciones "no practicadas o no ingresadas" por el banco, basándose en un informe de la Agencia Tributaria.
Además, exigió al Abogado del Estado que solicitara la remisión a los Juzgados de Instrucción que en cada caso correspondieran de las actuaciones contra los clientes que se hubieran beneficiado de la fiscalidad opaca de las cesiones de crédito, "sin exigencia de responsabilidad en las presentes diligencias al Banco Santander o a sus representantes" “(El País 27 de mayo de 2008).
¿Será esto así?
¿Fue realmente la actual vicepresidenta del Gobierno la que impidió que se juzgara al banquero más rico de España por unos hechos que, de haberse probado (si es que necesitaran ser probados), le hubieran costado docenas de años de cárcel por los perjuicios millonarios que causó al Estado?
¿Alguien le dio órdenes a ella, o actuó por propia iniciativa?
Y, con independencia de todo ello: ¿qué tendrá que ver que antes de Rato le hubieran hecho favores a Botín con los 6 millones de euros que logró cobrar de Botín y su gente por una empresa en “quiebra técnica”?
Es evidente que lo que ha hecho es poner el ventilador pero lo que hay que procurar es pedir responsabilidades a todos y que la porquería les salte solo a ellos.
Juan Torres López es catedrático de Economía aplicada de la Universidad de Málaga (España). Su web:http://www.juantorreslopez.com
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