Manuela Trasobares y su escultura de Rita Barberá
El proceso contra el juez Garzón y el derribo del Cabanyal han sacado a la actualidad las contradicciones que subyacen en la democracia española, generadas por los pactos de la Transición y la Amnistía de 1977. Mientras el Falangismo está evitando un juicio histórico a sus crímenes, la policía Nacional del gobierno socialista castiga duramente al pueblo por oponerse a la especulación inmobiliaria amparada por los conservadores.
El Pacto de la izquierda con los franquistas.
La actuación del gobierno socialista en ambos casos se mueve constantemente entre dos aguas. Aprobó una la Ley de Memória Histórica que no se plantea ni siquiera la necesaria anulación de la Ley de Amnistía de 1977, por la que ya claman organismos y medios de comunicación mundiales y que impide sentar en el banquillo a los criminales del franquismo. En esta ley se encuentra la esencia de los errores políticos cometidos por socialistas y comunistas, al firmarla y aceptar la presión de la vieja guardia del régimen franquista para pasar página a los crímenes de la Guerra Civil y de la dictadura, manteniendo en las altas instancias a jueces que habían consentido procesos sin las mínimas garantías de defensa y que habían negado las denuncias de torturas en las comisarías. Ellos y sus sucesores están aún en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Los partidos socialista y comunista no promovieron el cambio en profundidad de estas instancias. La izquierda que iba a ser legalizada tenía que renunciar a sus pretensiones republicanas y de justicia para las víctimas del franquismo, a cambio de la liberación de solamente un puñado de presos políticos y de un estatus en el nuevo orden. Este canje asentó la monarquía borbónica instaurada por Franco y elevó una clase política cuyos intereses a derecha e izquierda eran en el fondo comunes y ajenos al pueblo. Entre estos intereses se encontraba el de alejar a los partidos republicanos de las primeras elecciones de 1977 postergando su legalización de tal modo que ya no pudieran recuperar posiciones jamás en la carrera política.
La policía del gobierno de Zapatero carga contra el pueblo.
Durante la lucha del pueblo valenciano por salvar su patrimonio en el Cabanyal, la actuación del partido socialista no ha sido para nada consecuente. La carga policial que el pasado jueves recibieron los vecinos, ¿acaso no estuvo protagonizada por los agentes del cuerpo de policia nacional? Hubiera bastado una llamada del Ministro Rubalcaba para evitar la intervención violenta de los antidisturbios, aunque lo más deseable era la presencia de un miembro del gobierno central en la cabecera de los hechos para detener a la todopoderosa Rita Barberá. Si en verdad el gobierno quería parar esta prepotencia de los populares valencianos ¿por qué no vino la ministra de cultura a defender su postura delante de las excavadoras junto al pueblo y retando a la alcaldesa? ¿Por qué una simple alcaldesa tiene más potestad para imponer su criterio que el gobierno central? ¿Cómo puede pasar por encima de las directrices del ejecutivo utilizando para más inri su policia? ¿Acaso esto no demuestra que los intereses sobre la especulación del terreno son en el fondo comunes a ambos partidos, socialista y popular, aunque tengan que aparentar formas distintas para mantener el sistema? ¿ Qué truculentos acuerdos se esconden detrás de estas contradiciones? Es además significativo que la policía nacional en vez de reconocer rápidamente su error instada por el gobierno, emita un comunicado exculpatorio acusando a los manifestantes. Las fotografías publicadas por la prensa han puesto al descubierto la verdad: la policía cargó con porras y cascos contra el pueblo sentado, con las manos vacías y la cara descubierta. Es lo mismo que hacían los grises en el año 1977, cuando nos manifestábamos contra la Ley de Amnistía, pactada por el partido socialista y el comunista con los franquistas.
A por la Tercera República
Es urgente una revisión de los fundamentos en que se basa el Estado monárquico con el fin de terminar con los privilegios de una familia y de una clase política en la que se ha enquistado la corrupción y la demagogia. Si no planteamos una verdadera transición hacia un estado federal republicano en el que la soberanía y la riqueza estén en manos del pueblo, corremos el riesgo de que la crisis económica se prolongue indefinidamente a causa del desencanto sobre la política y la economía que en estos momentos recorre toda la sociedad. Otro de los riesgos que se acentúan en este clima de tensiones es el de la aparición de opciones políticas autoritarias que traten de imponerse aprovechando el descontento general. Prueba de ello es que las posturas ultraconservadoras se ven apoyadas en algunos medios de comunicación y en los altos tribunales.
Resulta imposible luchar desde el sistema de monarquía parlamentaria para defender los intereses del pueblo con una auténtica postura de izquierdas, ya que todos los partidos institucionales, incluida Izquierda Unida, tienen que aceptar no solamente la monarquía sinó la demagogia corrupta del bipartidismo que ha conducido a nuestro país a una gran mentira democrática.
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