Los nuevos documentos sobre el asesinato de seis jesuitas en El Salvador en 1989, presentados este martes por la acusación ante el juez Eloy Velasco, demuestran que el crimen del español Ignacio Ellacuría fue "premeditado", gestado y coordinado durante tres días por altos cargos militares salvadoreños.
Estos documentos, que suman 12.000 folios, fueron desclasificados por la CIA (servicios secretos estadounidenses) en 2001 y algunos de ellos fueron aportados por la testigo Terry Karl, profesora de la Universidad de Stanford (EEUU) y especialista en asuntos latinoamericanos, quien insistió hoy en la necesidad de profundizar en la investigación para "romper la impunidad que todavía existe en El Salvador".
Velasco admitió a comienzos de año la querella de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), respaldada por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), contra 14 militares salvadoreños, a quienes imputa los delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes, y a los que tiene previsto interrogar en febrero.
El juez acordó no investigar al ex presidente de El Salvador Alfredo Cristiani, contra quien también se dirigía la querella, basada en el principio de Justicia Universal, que permitió en 1998 el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet por orden del juez español Baltasar Garzón.
Según fuentes de la acusación, el material cedido a Velasco demuestra que el crimen de Ellacuría fue "premeditado", gestado y coordinado por altos cargos militares de El Salvador tres días antes del asesinato, ocurrido el 16 de noviembre de 1989.
En autos no figura, no obstante, el manuscrito que supuestamente contiene la orden dada por el general René Emilio Ponce de asesinar a Ellacuría, publicado hace unos días por un diario español.
Junto Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana (UCA), fueron asesinados los también españoles Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, y el salvadoreño Joaquín López y López.
Además de los jesuitas, murieron la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.
Uno de los documentos aportados hace referencia, según las mismas fuentes, a una reunión entre el presidente salvadoreño, Alfredo Cristiani, y el entonces ministro de Defensa, el general Rafael Humnero Larios, en dependencias del Estado Mayor, a "sólo 500 metros" del rectorado de la UCA, donde se cometió el crimen, la noche previa al mismo.
Por estos crímenes fueron llevados a juicio en El Salvador, en septiembre de 1991, catorce militares, pero sólo fueron condenados el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussy Mendoza, quienes en marzo de 1992 quedaron en libertad tras la aprobación de una Ley de Amnistía.
El jueves declararán el fiscal y el juez instructor del caso en El Salvador, y el lunes 30 de noviembre, la analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, Kate Doyle.
El actual presidente de El Salvador, Mauricio Funes, anunció ayer lunes, pocos días después de un homenaje con motivo del 20 aniversario del crimen de los jesuitas, que esto no es "lo único" que planea hacer su Gobierno para reparar a las víctimas de la guerra civil que tuvo lugar en su país entre 1980 y 1992.
El primer mandatario de izquierda de El Salvador anunció que "en su momento" pedirá perdón en nombre del Estado y reafirmó su posición a favor de que se derogue la Ley de Amnistía, aprobada en 1993, y que, a juicio de organismos de derechos humanos, dejó en la impunidad crímenes cometidos en la guerra civil.
En el extremo opuesto, el que fuera jefe de Estado salvadoreño entre 1989 y 1994, Alfredo Cristiani, en cuyo mandato fueron asesinados los seis jesuitas, pidió la semana pasada no "reabrir heridas" y reiteró su rechazo a la posible derogación de la ley.
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