El pasado fin de semana, José Luís Rodríguez Zapatero realizaba el primer viaje oficial a Marruecos tras la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla.Esta visita, concebida para dejar constancia pública de las magníficas relaciones existentes entre el Ejecutivo socialista y la monarquía alauita, tenía oficialmente como objetivo "impulsar una relación bilateral que se considera estratégica, así como la cooperación económica, policial y judicial para gestionar la inmigración". Con la mirada fija, pues, en los intereses económicos de las empresas españolas en Marruecos y en la utilización de este país como gendarme contra la inmigración africana que trata de llegar a Europa, fueron eliminados de la agenda los asuntos que podrían "enturbiar” estas relaciones bilaterales. En los días previos a la visita de Zapatero las agencias de noticias informaron de que no se trataría uno de los temas que "más incomoda a Rabat": la ocupación marroquí de la antigua colonia española del Sahara Occidental.
Pese a todo, la prudencia política imponía que no se omitiera completamente la mención a un conflicto del que España continúa siendo corresponsable como antigua potencia colonial. Así, durante su reunión con el primer ministro marroquí, Abbas El Farsi, José Luís Rodríguez Zapatero se refirió a la posición de España respecto al Sahara, asegurando que "es la de respeto a la legalidad internacional". Añadió además - con la ambigüedad intencionada propia de sus declaraciones - que "España mantiene una posición que busca el punto final a este asunto, pero siempre cerca de la onU". (El subrayado atónito es nuestro).
Tal declaración de intenciones podría considerarse mera retórica política, toda vez que - como el valor de los reclutas en la antigua mili- el respeto a la legalidad se le debería suponer al Gobierno del Estado español. Sin embargo, la política seguida por el Ejecutivo socialista en este conflicto sugiere más bien que las palabras de Zapatero podrían explicarse acudiendo al latinajo de origen medieval excusatio non petita, accusatio manifesta (la excusa no pedida, acusación manifiesta). Y es que, si algo ha caracterizado a la posición del Ejecutivo Zapatero en relación al Sahara Occidental es la absoluta connivencia con la ocupación de Marruecos de unos territorios que - según la legalidad internacional aludida por el presidente español - deben ser definitivamente descolonizados.
Hace apenas tres meses, la Secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, Elena Valenciano, era la encargada de hacer público el apoyo de su partido al proyecto de "autonomía" para el Sáhara. Última pirueta de malabarismo marroquí para impedir la celebración de un referéndum de autodeterminación y la opción de la independencia, derechos ratificados en todas las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU desde la firma del alto el fuego de 1991.
En realidad, Elena Valenciano no hacía más que dejar claro a la monarquía alauita cual era la auténtica posición del PSOE en relación con el derecho a la autodeterminación de la antigua colonia española. Como en otras cuestiones, el gobierno socialdemócrata español trata de jugar con este chalaneo con dos cartas a la vez. Por una parte, le presta oficialmente al gobierno marroquí todo su apoyo en el proyecto autonómico. Y, por otra, trata de jugar la carta de la ambigüedad con aquellos sectores más progresistas de su electorado que todavía no han terminado de digerir el proyecto expansionistas de Mohamed VI. No es nueva esa técnica en los gobiernos socialdemócratas españoles. La suelen aplicar indiscriminadamente tanto en la política interior como en la exterior. Como muestra de ello bastaría con recordar aquel retruécano de antología, -"OTAN, de entrada no" - con el que engañaron en la década de los ochenta a una progresía ingenua y despistada. Más difícil lo tienen, sin embargo, con el pueblo saharaui. El representante del Frente Polisario en España, Brahim Ghali, lo dejó bien clarito, cuando manifestó que el “plan autonómico” de la monarquía feudal marroquí apoyado por el PSOE, que pretende utilizar al pueblo saharaui como moneda de cambio, es "un proyecto contra la libertad de expresión y la legalidad internacional, que podría desembocar primero en inestabilidad y, posteriormente, en una guerra". De manera que ojo avizor. No en todas partes se cuecen las mismas habas.
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