Santa Cruz de Tenerife.- Yahya Mohamed El Hafez, defensor saharaui de los Derechos Humanos, miembro del Colectivo de Defensores Saharauis de los DD.HH. (CODESA) y de la Asociación Marroquí de los DD.HH., suspendió hoy tras 62 días su huelga de hambre después de que administración de la prisión marroquí de Ait Melloul accediese a mejorar las condiciones de los presos políticos saharauis, anunció CODESA en un comunicado al que ha tenido acceso el Servicio de Comunicación Saharaui en Canarias (SCSC).
 
La administración de la prisión, a la que fue trasladado Yahya Mohamed desde la cárcel de Inzegan, inició el diálogo con el activista saharaui de los Derechos Humanos el pasado 5 de junio. CODESA exigió al conocer el final de la huelga de hambre, que fue seguida por varios prisioneros políticos saharauis, que se “informe y se arroje luz sobre el delicado estado de salud de todos los presos saharauis, especialmente el de Yahya Mohamed El Hafez” y advirtió de que “el Estado marroquí será el único responsable de lo que les pudiera suceder como resultado de la prolongada huelga de hambre” mantenida desde el 4 de abril.
 
Además, llamó a “atender sus problemas de salud lo antes posible” y a “garantizarles un juicio limpio y justo”, en referencia a la vista que el tribunal de apelación de Agadir celebrará el próximo 24 de este mes después de 6 aplazamientos.
 
Yahya Mohamed El Hafez, de 43 años, padre de tres hijos y único sustento de toda su familia, fue detenido el 29 de febrero de 2008 y sometido a torturas desde ese momento por sus opiniones políticas y su activismo a favor de los DD.HH. en los territorios ocupados del Sahara Occidental. El Tribunal de Agadir lo condenó a 15 años de cárcel por participar en manifestaciones pacíficas y lo internó en una celda con presos comunes. En el proceso judicial seguido contra él, estuvo impregnado de múltiples vulneraciones de derechos fundamentales desde el primer momento, siendo enjuiciado por un “tribunal de ocupación”, imputándoles “hechos no probados, ninguna actividad probatoria y privándole del derecho a la tutela judicial efectiva”, denuncian los juristas miembros de la Misión Internacional de Observadores. (SCSC)