El 14 de mayo de 2006, al cumplirse un mes del 75.º aniversario de la proclamación de la Segunda República, durante el transcurso de la primera de las manifestaciones para protestar contra la precariedad laboral y para exigir la adopción de políticas que permitan ejercer de manera efectiva el derecho constitucional de la clase obrera a una vivienda digna, fui detenido por dos agentes de policía que vestían de paisano, bajo la acusación de ‘injurias a la bandera’. El motivo: haber escalado la fachada del edificio público que alberga la sede del Juzgado Central del Contencioso-Administrativo, acto seguido, arrié la bandera impuesta por Franco a través de las armas (roja y gualda) y en su lugar, procedí a la restitución de la bandera legítima de España, adoptada por unas Cortes Constituyentes electas, legalmente válidas y que nada tenían que ocultar, temer o de qué avergonzarse (roja, amarilla y morada).

Tras permanecer 27 horas detenido, fui puesto en libertad provisional con cargos y sometido a un régimen de restricciones que incluyó la obligación de presentarme cada 15 días en sede judicial. El atestado policial, además de relatar la restitución de la tricolor, aparecía ostensiblemente «engordado» con acusaciones ficticias: como la falsa imputación de haber organizado y dirigido esa protesta ciudadana, la supuesta destrucción del mobiliario urbano o el haber proferido insultos a la autoridad; se da la circunstancia de que muchas de esas imputaciones se corresponden a hechos acaecidos horas después de producirse la detención, cuando todavía me encontraba bajo custodia policial, por lo que no pude haberlos cometido, al no poder encontrarme en dos lugares distintos al mismo tiempo.

Pasada la detención inicial, fui puesto en libertad provisional con cargos, acusado de sendos delitos de ‘desórdenes públicos’ e ‘injurias a España’; el primero de ellos en base a la fantástica fabulación de hechos relatada por los policías que vestían de paisano, adscritos a la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía en Madrid; y el segundo, el de las supuestas ‘injurias a España’, como resultado de la interpretación política que a título personal hicieron primero el inspector jefe de guardia y posteriormente el fiscal y el titular del Juzgado número 25 de primera instancia e instrucción. Según su exclusivo criterio personal, los colores de un régimen democrático constituyen un ultraje a la dignidad de España, en contraposición a los colores impuestos por los sediciosos que se levantaron en armas contra el régimen democrático al que juraron defender con lealtad. Esta última combinación de colores: roja y amarilla es la que ha llegado hasta nuestros días, de igual modo que el escudo franquista permaneció vigente hasta bien entrados los 80. Un símbolo, inescrutablemente relacionado con otro: el de la monarquía, o lo que es lo mismo: el mantenimiento hasta nuestros días de un militar no-electo, vitalicio y hereditario, designado arbitrariamente por uno de los más execrables genocidas del siglo pasado, en la cúspide de lo que deberían ser nuestras instituciones públicas, negándonos –siquiera por obstaculización– nuestro legítimo derecho a elegir periódicamente a quien deba representarnos, sancionar nuestras leyes, ostentar el mando supremo de nuestras Fuerzas Armadas, arbitrar y moderar el equilibrio y separación de poderes, y ejercer la capacidad de veto de acuerdo los términos previstos en la Constitución que nos demos.

Somos mayores de edad, ciudadanos libres y por ello, no es preciso permanecer por más tiempo bajo la tutela amenazante de personajes opacos, de insostenible legitimidad a la luz de la razón crítica… el conciudadano que resulte electo el próximo 9 de marzo no debería estar sometido al dictado de seres cuyo pasado esté vinculado al de regímenes fascistas y totalitarios. Recordemos que esa fue, precisamente, la razón por la que el pueblo de Grecia optó por desterrar al cuñado de nuestro autócrata.

Me gustaría mencionar a las dos decenas de personas que fueron detenidas en las posteriores manifestaciones por la Vivienda Digna, esos estudiantes y trabajadores, junto a los incontables heridos por la habitual desproporción en los medios empleados contra nosotros por nuestra propia policía… ésos, son los héroes que han actuado de catalizadores de la opinión pública, los verdaderos artífices de las todavía insuficientes políticas de ayuda a la Vivienda que ha emprendido el gobierno del Estado.

Un problema como el de la imposibilidad de acceso a la Vivienda no se resuelve con medidas cosméticas o electoralismo populista. El dinero público destinado a las ayudas a la Vivienda estaría mejor empleado si lo destinaran a la Fiscalía Anticorrupción. En resumen, si el PP o el PSOE poseen verdadero interés en racionalizar el precio de nuestras casas, harían más con una simple circular interna que con el propio BOE… en última instancia, como en todo, solo hace falta voluntad política.

Y no es mezclar las cosas: existe una clara relación entre la elevada tasa de precariedad laboral, el imparable aumento de los precios –sobretodo en el sector de la Vivienda– y una forma de gobierno que no es plenamente representativa. Estamos como estamos porque no hay separación de poderes, el único poder que cuenta es el del interesé económico, frente al que los trabajadores permanecemos indefensos. Estamos como estamos porque no estamos representados, o al menos no con libertad, no sin límites, ni sin miedo, ni sin tutores, ni mentiras en las que nadie cree pero que todavía son ley.

España no debería preocuparse por el color de las telas que decoran el exterior de sus edificios públicos, sino por el bienestar y el respeto a la voluntad de su ciudadanía. Una voluntad culta, libre e informada. ¿Qué es España? ¿Acaso interpreta el fiscal que nuestros legisladores reducían el honor de nuestro país a la dignidad de un trapo? La bandera es un símbolo, y su propósito es el de comunicar… en este caso, lo inaplazable de un cambio: nosotros el pueblo estamos resueltos a retomar las riendas de nuestro queridísimo país de países, empezando por la supresión del último reducto del franquismo: urge despedir al becario del dictador, porque mientras reine este hedor a olvido, metal y sangre, la casa no será habitable, ni la particular, ni mucho menos la común, sustraídas ambas de su legítima dueña: la clase obrera.