En la madrugada del 23 al 24 de noviembre, la Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 36 miembros de SEGI, organización juvenil vasca. La operación policial se ha desarrollado por toda Hego Euskal Herria (Comunidad Autónoma Vasca y Navarra) y en ella se han llevado a cabo más de una treintena de registros.
Con todo esto, el Estado Español reafirma su voluntad de perpetuar el llamado “conflicto vasco”. A día de hoy, la situación en Euskal Herria ha degenerado tanto, que el gobierno central puede permitirse lo que en cualquier otro lugar del mundo sería considerado incompatible con cualquier presunción de democracia: detener a 36 jóvenes por motivos políticos.
No hay otra posible lectura a las detenciones: son presos políticos. Punto. 36 jóvenes repartidos por toda la geografía vasca, a los que no se les ha incautado ningún arma, no pueden formar un “comando terrorista” ni nada que se la parezca, ni siquiera desde la “lógica” de la “justicia” española.
En los últimos tiempos, este tipo de macro-detenciones se han convertido en algo frecuente y el argumento esgrimido por las autoridades suele ser “detención preventiva” o “pertenencia al entorno de una banda armada”. Lejos de cualquier eufemismo, cualquier demócrata debe entender que lo que sucede en Euskal Herria es la detención de cientos de personas sin haber cometido ningún delito demostrable.
Pero al margen de esta perspectiva legal, debemos mirar también la política. Como sucedió recientemente con el caso de Otegi y otros líderes de la izquierda abertzale, las detenciones se dirigen contra militantes que aportan vías políticas hacia un proceso de paz en Euskal Herria. El Estado no quiere un proceso de negociación y, por eso, detiene a quienes pueden liderarlo. También provoca a la izquierda abertzale deteniendo a 36 nuevos inocentes, para intentar forzar una dinámica de mayor confrontación, que imposibilite el proceso de paz.
Debemos destacar, además, que esta operación policial se dirige específicamente contra la juventud, lo cual no es casual. El aumento de la represión contra los jóvenes es una espiral creciente en los últimos años, que no se limita a Euskal Herria, sino a todo el Estado Español e, incluso, a toda la Unión Europea. Un caso muy conocido fue la ilegalización de la Unión de la Juventud Checa (KSM) en 2007 y ejemplos recientes los encontramos en las movilizaciones antifascistas del 12 de octubre y el 20 de noviembre.
En tiempos de crisis, al Estado le preocupa la capacidad de reacción de los y las jóvenes, una nueva generación que dejó atrás la moral de derrota de los años 90 y que, de forma creciente, empieza a organizarse para luchar por sus derechos. La organización y la lucha son las claves para nuestro éxito y, por eso, el Estado burgués siempre va a reprimir a las diferentes expresiones de juventud organizada y de movimiento juvenil.
La solución del conflicto exige de un proceso político que necesariamente necesitará de la más amplia acumulación de fuerzas democráticas y progresistas tanto en Euskal Herria como en el resto del Estado para materializar el derecho a la autodeterminación nacional de la mano de la superación del marco constitucional monárquico.
¡Por el fin de la represión en Euskal Herria!
¡Libertad para los presos políticos!
¡Por la ruptura democrática y la autodeterminación de los pueblos!
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