Hoy 20 de junio, durante los festejos del Aniversario de Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el 93 Batallón de Infantería con sede el Tlapa, instaló un retén de revisión a 50 metros del lugar donde se llevaba acabo el foro Guerrero: Donde se castiga la pobreza y se criminaliza la protesta.
Ante el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y abogados de este Centro que exigieron una explicación por esa operación, uno de los militares justificó que estaban ahí para “evitar que las personas traigan armamento o enervantes, y para que la población se sienta tranquila”.
En el boletín que manda el mismo Centro de Derechos humanos, señalan que durante la inauguración del foro que se realiza las instalaciones de Casa Católica en Tlapa, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que el interés de ese encuentro es poder sacar una lección de las luchas de resistencia que cada una de las organizaciones que ahí participan y cuyos integrantes han sido perseguidos y encarcelados por exigir al gobierno del estado que garantice sus derechos humanos y libertades fundamentales. Además, “Los tratan como criminales y organizaciones delictivas” agregó y resaltó que “más bien el criminal y el delincuente no es el que está en el campo cultivando sus tierras o el que está defendiendo sus derechos humanos, sino que el criminal y el delincuente es el que permite que se muera la gente cuando mal usa y desvía los recursos que están destinados para el desarrollo de los pueblos”.
Al respecto de la presencia del retén militar en el foro, señaló “con estos actos se busca inhibir la participación de la ciudadanía en torno a problemáticas que cuestionan el status quo y sobre todo que interpelan los actos ilegales de las autoridades. De nueva cuenta el Ejército interfiere en la vida cotidiana y altera la convivencia promovida por pueblos y organizaciones que construyen espacios civiles para tejer redes de solidaridad hacia las victimas de violaciones a los derechos humanos”.
Dijo que “la presencia del Ejército remarca la posición inflexible de un sector del gobierno que cataloga a las organizaciones sociales como delictivas por ejercer el derecho a la protesta. Este retén no es más que un acto de molestia a los pueblos indígenas y organizaciones civiles que participan en nuestro 14 aniversario, resulta insólito que en plena ciudad se instale una revisión militar que genera más zozobra, desconcierto y temor a la población atentando contra la garantía del libre transito, se ha vuelto costumbre que sea el instituto castrense el que asuma los mandos de esto operativos y sea el que encare al ciudadano para los interrogatorios, revisión de pertenencias que están fuera de nuestros marcos jurídicos”.
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