Néstor Kirchner no les perdona a los trabajadores del Subte haber puesto al desnudo tanto sus contradicciones como su hipocresía.

En efecto, los ‘amigos’ del matrimonio se pusieron de acuerdo con sus ‘adversarios’ para derogar, en el Congreso, la única clase de ley que nunca se debería derogar, que es aquella que prohibía hacer una nueva oferta, o sea una nueva ley, a los acreedores internacionales que no aceptaron el canje de deuda en 2004.

O los que votaron aquella ley obraron como sinvergüenzas, o los sinvergüenzas son los de ahora (aunque la mayor parte de ellos estaba entonces y está ahora).

Claro que, en 2004, entre los acreedores había todavía numerosos ahorristas y ahora hay solamente fondos buitres, que compraron la deuda a precios muy inferiores a los que se les ofrece para el rescate.

Pero mientras, por un lado, se deroga una ley con el exclusivo propósito de posibilitar el pago de unos diez mil millones de dólares (incluidos los intereses atrasados) a las aves de rapiña del capitalismo a tasas de interés usurarias; por el otro, se impide la aplicación de una ley, que tiene plena vigencia, que otorga el derecho a la inscripción gremial al Sindicato del Subte.

Esta duplicidad no le sienta nada mal al gobierno “nacional y popular” –que, al mismo tiempo, acusa de desestabilizadores a los obreros que exigen el respeto del derecho y no a los capitalistas que adecuan el derecho para seguir saqueando al país.

En una palabra, la huelga del Subte dejó al desnudo que la única ley imperativa para los K es la que está al servicio del capital.

Por esto mismo, para que la hipocresía no se apague, Moyano propone celebrar, el Día de la Soberanía, la represión a los trabajadores del Subte y la anulación de la llamada “ley cerrojo”.

Pocas veces ha quedado más al desnudo la demagogia oficial: ¡los fondos buitres, una decena, recibirán cuatro y cinco veces más dinero que toda la asignación por hijo que festeja la Presidenta!

La soberanía nacional está corporizada en los trabajadores, no en el matrimonio cipayo ni en los burócratas que vacían las arcas de las obras sociales y de otras cajas más.
Se vuelve a quebrar la pretensión de que obreros y patrones tenemos intereses comunes y que el kirchnerismo o el pejotismo representan con eficacia esta colaboración nacional entre las clases.

¿Por qué sorprenderse, entonces, de que el gobierno que tacha de sellos a los partidos de izquierda, cuando se trata de reclamar el apoyo al fraude llamado “reforma política”, les asigne a esos mismos sellos un poder desestabilizador?

En este caso, para el gobierno, las patronales y los bloques que votaron el nuevo pago de la deuda, la denominación izquierda equivale a clase obrera –a una clase obrera independiente, emancipada de la burocracia sindical patotera.

El futuro del país depende, precisamente, de que esta autonomía política de la clase obrera y de los trabajadores se desarrolle hasta sus últimas consecuencias.