El año 2009 puede pasar a la historia como el de la mayor ofensiva de un gobierno progresista contra un pueblo originario. El gobierno de Michelle Bachelet intenta frenar la recuperación de tierras del pueblo mapuche amedrentando a comunidades enteras con un estilo represivo que recuerda el terrorismo de Estado. En esta ofensiva, los niños mapuche son una de las principales víctimas de Carabineros y los Grupos de Operaciones Especiales que han militarizado la Araucanía.
Para quienes crean que mentar el terrorismo de Estado suena a exageración, vale la descripción de algunas operaciones represivas registradas por el Observatorio Ciudadano, onG humanitaria situada en Temuco, en su trabajo Hechos de violencia imputables a Carabineros que han afectado a niños mapuche en la región de la Araucanía (2007-2009), que puede encontrarse en www.observatorio.cl
El informe relata 14 casos de violencia policial, varios colectivos, contra niños en comunidades mapuche. Llama la atención que la represión se dirige contra comunidades enteras, en supuesta respuesta a tomas de tierras, quemas de camiones y barricadas. El 5 de octubre, un niño de 14 años de la comunidad de Rofué fue herido con disparos de balines cuando Carabineros lo confundió con los comuneros que ocupaban el fundo Santa Lucía. “El niño intentó huir del lugar, siendo perseguido desde un helicóptero a ras de tierra por los efectivos policiales, que lo alcanzaron a tres kilómetros de distancia, cerca de la comunidad llamada Pichiloncoche. Allí, siendo apuntado con un arma por uno de los integrantes del GOPE, y bajo amenaza de muerte, fue sumergido en un canal, quedando completamente mojado (...) Una vez en vuelo fue botado al piso con la cabeza hacia el exterior y con las puertas del helicóptero abiertas, los carabineros lo amenazaron con lanzarlo a tierra si no daba nombres de las personas que a esa hora participaban de la acción en el fundo Santa Lucía”.
El informe cita otro caso, sucedido el 16 de octubre contra la escuela de la emblemática comunidad de Temucuicui, mientras se realizaba una reunión de 80 comuneros con funcionarios estatales. “Sin aviso, y sin mostrar orden de allanamiento, los efectivos policiales que se movilizaban en una bus, una tanqueta y alrededor de 10 camionetas, procedieron a disparar balines y gases lacrimógenos hacia la escuela desde una distancia de 200 metros. El operativo policial, que tuvo una duración de 30 a 40 minutos, dejó alrededor de 12 heridos con balines de perdigones, y cerca de 30 personas con asfixia, la mayoría niños.”
El 26 de octubre Gary Stahl, representante de Unicef en Chile, se refirió a estas violaciones con una frase que parece sacada de los peores tiempos de la dictadura de Pinochet: “Para que no haya otra generación de chilenos marcada por la violencia, tenemos que saber qué ha pasado, y buscar una solución para que no vuelva a pasar en el futuro”. Y agregó, respecto a la pasividad del gobierno, que “hasta el momento no hemos visto ninguna investigación imparcial para saber qué ha pasado”. Unicef exigió al gobierno que tome medidas para proteger a los niños mapuche. Sin embargo, el Ministerio del Interior, usando un argumento que también recuerda tiempos pasados, culpó a las víctimas al asegurar que los padres utilizan a los niños como “escudos” durante las tomas de tierras y otras acciones. La simpatía con los mapuche crece de sur a norte, y gana espacios como mostró la enorme manifestación del 12 de octubre en Santiago: 10 mil personas de varias etnias, incluyendo muchos no indígenas como la Garra Blanca, la popular hinchada de Colo Colo, participaron en una actividad de neto apoyo a la resistencia mapuche.
Esta nueva oleada de luchas está anclada en tres elementos. El primero es la cada vez más estrecha alianza entre el Estado chileno, independientemente de qué partido lo administre, con los empresarios forestales, salmoneros y mineros. Los primeros son capitales chilenos, en tanto los otros dos son trasnacionales, y son los más directamente implicados en el conflicto en la Araucanía, ya que los monocultivos de pino sepultan a las comunidades en un mar verde que las asfixia. Arauco, principal forestal chilena, se expande con plantaciones en el norte de Argentina y en Uruguay: en Misiones ya posee 10 por ciento de la superficie de la provincia y en Uruguay se ha convertido en el primer latifundista con 250 mil hectáreas, buscando zafar de un conflicto que le dificulta su reproducción.
En segundo lugar, la actual oleada de ocupaciones de tierras muestra cambios internos en el mundo mapuche. Está tallando una nueva generación de jóvenes universitarios que viven en albergues urbanos, aparece una amplia gama de medios de comunicación electrónicos de mapuche de las ciudades y del exterior, y se ha creado una organización: Alianza Territorial Mapuche, que agrupa de 60 a 120 comunidades.
Por último, los mecanismos estatales de contención están siendo desbordados. Cada vez que arrecian las tomas, el gobierno incrementa los fondos para tierras que se entregan a ciertas comunidades, no a todas las que necesitan, generando división y debilitando las luchas. La represión masiva parece una señal de desesperación de los mandos de Carabineros, mientras la aplicación de la legislación antiterrorista a las luchas sociales tiene cada vez mayor costo político para el Estado.
La amplia solidaridad de sectores populares y de izquierda urbanos con la lucha mapuche es uno de los datos más auspiciosos, toda vez que la criminalización de ese pueblo sólo es posible si se le consigue mantener aislado. El nuevo gobierno chileno que surja de las elecciones de diciembre encontrará un pueblo de pie, dispuesto a seguir luchando por la autodeterminación, rodeado de creciente solidaridad.
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