La permanente y diaria violación de los Derechos Humanos por parte de las instituciones policiales y judiciales españolas es motivo de alarma y preocupación internacional.
Es probado que el gobierno de España, a través de sus instituciones represivas y judiciales vulnera, de manera sistemática y consciente, todos los acuerdos y tratados internacionales suscritos en materia de Derechos Humanos.
La prisión incomunicada, la realización de secuestros y torturas, la difusión de mentiras, calumnias y difamaciones contra organizaciones políticas de izquierdas… son algo demasiado común y frecuente en la España actual, tal y como han documentado todos y cada uno de los prestigiosos organismos internacionales dedicados a la defensa de los Derechos Humanos.
En consecuencia y ante la falta total y probada de independencia judicial y el visible comportamiento irresponsable y antidemocrático que ejercen las actuales instituciones del Reino de España, consideramos que es urgente la intervención de Naciones Unidas, de Amnistía Internacional, del Parlamento Europeo y de todos los organismos internacionales y países civilizados y democráticos, en aras a que condenen y sancionen al gobierno español, por su reiterado comportamiento antidemocrático y por sus constantes vulneraciones y violaciones de los Derechos Humanos.
España no es un Estado de Derecho ni una democracia occidental y europea. Toda la transición fue una burda farsa, un obsceno montaje para perpetuar una dictadura bananera a través de una monarquía ilegítima. Determinados partidos dinásticos, han formado parte de esa gran mentira, de ese gran circo y han seguido cometiendo los mismos delitos y actuaciones criminales que el genocida general golpista, Francisco Franco…
La falta de libertades públicas y la ausencia de una ley de partidos plural, que permita la participación democrática de todos las organizaciones políticas y de todos los ciudadanos, es algo visible, que nadie puede negar ya. El descrédito y desprestigio del ilegal sistema monárquico, es innegable y crece día a día, pues ha logrado generar e instalar una profunda corrupción y degeneración en todas las instituciones del Reino de España.
Hoy en día, la clase política dinástica ha creado y promovido un sistema de privilegios y tratos de favor, que impiden la directa participación de los ciudadanos en los asuntos que les afectan, incrementándose las desigualdades y las injusticias en todos los ámbitos de la vida social, política, económica, educativa, laboral, sanitaria…
España no existe como nación tal y es un invento de colectivos y grupos de presión con ideología totalitaria.
La necesidad de lograr la plena independencia y crear un gobierno republicano en el País Valenciano, es una tarea urgente y básica, para acabar definitivamente con la profunda corrupción e inercia que hay instalada en todas las instituciones estatales, autonómicas y locales.
Acabar con la actual dictadura monárquica es un deber urgente, si realmente queremos dejar de ser súbditos y vivir libres, dentro de nuestra propia tierra, dentro de nuestra República Valenciana.
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Lokarri muestra su preocupación ante la detención de militantes de Segi.
Lokarri pide que no se aplique el régimen de incomunicación
Ante la detención de 36 militantes de Segi, Lokarri, Red ciudadana por el acuerdo y la consulta, quiere hacer las siguientes consideraciones:
1- El Estado debe garantizar el respeto a los Derechos Humanos básicos de las personas detenidas. El Comité contra la Tortura de la onU recientemente ha hecho público un informe en el que alerta de que el régimen de incomunicación vulnera las salvaguardas propias de un Estado de Derecho contra los malos tratos y actos de tortura. Siguiendo sus recomendaciones pedimos que no se aplique a las personas detenidas el régimen de incomunicación y que se les permita escoger abogado y ser visitados por un médico de su confianza.
2- La presunción de inocencia de las personas detenidas es un principio rector en un Estado de derecho. El circo mediático organizado alrededor de estas detenciones, con fotos y grabaciones de vídeo incluidas, puede causar un daño irreparable en personas que todavía no han sido formalmente acusadas ni condenadas.
3- Una causa que incrementa la preocupación que provocan estas detenciones son los precedentes. Anteriormente se han organizado operaciones semejantes que tenían una intención preventiva, es decir, detener a personas que presuntamente eran susceptibles de militar en ETA, pero que todavía no habían ingresado en ella. Finalmente, tras varios años de prisión la gran mayoría de las personas detenidas preventivamente han sido puestas en libertad sin cargos, aunque el daño causado por la estancia injustificada en prisión es irreparable.
4- La militancia política en Segi no es un delito. Como consecuencia de los sumarios 18/98 y Jarrai/Haika/Segi, que finalizaron con la consideración de que "todo es ETA", la propia Segi está ilegalizada. Pero concluir sin ningún fundamento que la militancia en Segi presupone la colaboración con ETA, constituye un salto jurídico que lamina las libertades de expresión, reunión y asociación.
Por todo ello, Lokarri exige que no se aplique el régimen de incomunicación a las personas detenidas, que se les garantice una defensa adecuada y que no se tomen medidas, como el ingreso en prisión preventiva, cuyas consecuencias pueden ser irreparables.
Finalmente, Lokarri quiere señalar que el camino hacia la paz está basado en el respeto escrupuloso a los derechos humanos y las libertades democráticas básicas, no en las ilegalizaciones ni en la exclusión política de una parte de la ciudadanía vasca.
24 de noviembre de 2009
http://www.lokarri.org/index.php/es/
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DERECHOS DE MINORIAS
LA SITUACION DE LOS PRESOS VASCOS
El País Vasco es un territorio pequeño, de apenas 20.000 km cuadrados, que mantiene vivo su reclamo por la independencia desde larguísimos años. Las luchas de Las últimas décadas han llevado a la cárcel a cientos de personas que, además de recibir la condena que la ley española le impone, sufre otros castigos accesorios. Así, se han denunciado torturas, sospechosos suicidios y vejaciones tanto a los presos como a familiares. La tregua instalada a partir de la decisión de la ETA (Euskadi ta Askatasuna, "Patria Vasca y libertad") instaló, entre tantos debates, el de la situación de los presos vascos, dispersos por las cárceles españolas. Una fuerte campaña en demanda de su traslado a territorio de Euskadi ha forzado al gobierno de Madrid a ceder, pero lo hace en mínima medida ya que los mantiene como rehenes en las negociaciones con el independentismo vasco. Bajo el lema "Etxera" ("a casa", en euskera, la lengua vasca), se viene realizando una intensa campaña por la repatriación de los presos y denunciando las condiciones violatorias de los derechos humanos en que son mantenidos por el gobierno español.
LARGAS DISTANCIAS
Un promedio de 615 kilómetros separa a los presos de sus familias. Sólo 40 vascos se encuentran encarcelados en tierra vasca. El mapa de la dispersión apenas ha cambiado: están separados en 80 cárceles. Pero la dispersión no es todo: las trabas a la comunicación con el exterior, la mala asistencia médica y la violación de muchos otros derechos de los prisioneros se agregan a la distancia. Hay 69 presos encarcelados a más de 1.000 kilómetros. Los 467 miembros del Colectivo de Presos Políticos Vascos se encuentran dispersados por 76 cárceles de Euskal Herria, Francia y España. A estos hay que añadir los cuatro encarcelados en Holanda, México, Miami y Alemania.
DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS
Los últimos pasos dados por la sociedad vasca son esperanzadores, pero hay que hacer aun más. Los familiares exigen una mayor implicación a los partidos políticos y a la sociedad le pide un mayor compromiso, pues los datos de la realidad son rotundos y dramáticos: en los primeros seis meses de este año, 14 familiares de presos vascos han sufrido accidentes en la ruta cuando iban a visitar a sus allegados. El más grave causó la muerte, el 3 de abril, a Mari Karmen Salbide, cuando ésta regresaba de visitar al preso José Mari Fernández Pérez, de Nanclares. Otros familiares, tras haber recorrido miles de kilómetros, se han quedado sin poder visitar a los suyos por no serles permitida la entrada en la prisión. En la mayor parte de las ocasiones no han recibido ninguna explicación por parte de los carceleros.
CONDICIONES DE DETENCION
Demás está decir cuáles son los padecimientos de los prisioneros. Brutales palizas, mala situación sanitaria y desidia en la atención de los enfermos: muchos de ellos siguen sin ser atendidos de las afecciones que padecen por la negativa de las autoridades penitenciarias a que sean atendidos por sus médicos. En exigencia de su repatriación y del respeto a sus derechos en prisión, los presos vascos han llevado a cabo más de cuarenta protestas en lo que llevamos de año, sobre todo encierros y huelgas de hambre.
El gobierno de Madrid acaba de proceder al traslado de sólo 25 presos, del total de 105 anunciados, pero retiene al resto, lo cual permite caracterizar claramente como rehenes a los prisioneros que quedan en cárceles españolas. Desde distintos ámbitos vascos se reclamó por esta voluntad obstrucionista del gobierno que encabeza Aznar. Paralelamente, las fuerzas firmantes del pacto de Lizarra-Garazi negocian una propuesta que podría tener una caja de resonancia popular en diciembre, con la realización de un gran acto público. Lo cierto es que, mientras tanto, se mantienen las pésimas condiciones de detención de los presos, el alejamiento de sus familias con las graves consecuencias señaladas y un factor de perturbación del proceso de pacificación que se intenta llevar adelante en el País Vasco.
En España se están violando los derechos humanos y esto debe ser conocido y denunciado ante la opinión pública.
(Datos obtenidos del Boletín "Etxera")
DANIEL C. BILBAO
Periodista
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