LA REFORMA DE LAS PENSIONES NO DEBE PASAR
El pasado 29 de Enero el Gobierno anunció su plan de reforma de las pensiones públicas. Pretenden elevar la edad de jubilación a los 67 años, ampliar la base de cálculo de las pensiones de15 a 20 años para así reducir su cuantía (de momento en un 5%), recortar las pensiones de viudedad y aumentar el número de años necesario para acceder a una pensión contributiva. Estas medidas son la mayor agresión a los derechos básicos de la clase trabajadora en mucho tiempo.
El Gobierno lo hace justo cuando el paro va a subir este año hasta los 5 millones, hay 1.200.000 familias con todos sus miembros desempleados y el 40% de los jóvenes están sin trabajo. Pero en vez de dar trabajo a los parados, prefieren exprimir a los trabajadores hasta los 67 años. Es un verdadero escándalo.
Estas medidas sólo tienen un único beneficiario: la banca, las aseguradoras y los inversionistas extranjeros, los mismos que han provocado la crisis y se han beneficiado de un apoyo sin límites del dinero de todos, provocando un enorme déficit público.Para enriquecer a los más ricos hay que empobrecer a la gran mayoría. Bajo el capitalismo, las mejoras de la productividad, en lugar de favorecer el bienestar colectivo, se convierten en una maldición para los trabajadores.
Dicen que como hay que reducir el gasto en pensiones, pero ellos tienen sus espaldas bien cubiertas. Dicen que hay que reducir el gasto público, pero no se les ocurre subir los impuestos a los ricos, ni tocar los altos cargos, ni la Casa Real, ni los gastos militares (ahora aumentados con el envío de 500 militares más a Afganistán), ni los sueldos insultantes de los directivos de la banca y las grandes empresas, ni las subvenciones millonarias a los empresarios.
Los dirigentes de CCOO y UGT han manifestado su rechazo el plan del Gobierno y de los banqueros. Saludamos este primer paso y, al mismo tiempo, les pedimos que se mantengan firmes y que no den un solo paso atrás. No hay una sola razón para entrar a negociar el plan del Gobierno. Sólo cabe exigir su retirada inmediata y prepararse desde ya para dar una respuesta general y contundente de toda la clase trabajadora si el Gobierno no cede.
Si imponen esta salvajada, ¿qué vendrá después? Cualquier negligencia ahora sería imperdonable.
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