El anuncio para reformar las pensiones se ha desinflando como un globo. El Gobierno se ha afanado en los últimos días en rebajar el contenido de su propuesta, si bien el texto de buenas intenciones que ha llegado a ojos de Bruselas recoge tres ideas clave: alargar hasta los 67 años la edad de jubilación, aumentar el periodo de referencia para calcular la pensión y, lo más revolucionario, endurecer el número de años para obtener la ansiada paga de retiro.
Y a partir de ahí, comienza el juego. Aunque lo cierto es que al Ejecutivo se le acaban las opciones para modificar el marco del sistema público de pensiones y agradar, a partes iguales, a la Comisión Europea y los agentes sociales. Y es que las tres vías que está dispuesto a explorar ponen en jaque a los parados de entre 51 y 64 años. Cualquier cambio que les suponga alargar o perfeccionar sus carreras de cotización abre la puerta a una crisis de mayor calado: la de truncar la jubilación de 607.608 de ellos.
Para este grupo ha comenzado la cuenta atrás. Recibir o no la pensión que tenían en mente dependerá de si encuentran en los próximos meses un empleo, que, de entrada, les permita completar los 15 años de cotización mínimos que en la actualidad se requieren para poder cobrar una pensión. Sobra decir que este objetivo será más difícil, en tanto que este umbral se eleve.
Más coercitivo es aún este otro aspecto:según los datos que revela la Muestra Continua de Vidas Laborales, que elabora el Departamento que dirige el ministro Celestino Corbacho, tan sólo el 3% de las personas de entre 50 y más años ha cotizado ya el tiempo suficiente para acceder a su jubilación. Dicho de otro modo: a día de hoy quedarse sin trabajo no supone un problema mayúsculo para los 134.000 trabajadores de esa franja de edad que tienen la doble suerte de haber cumplimentado ya el expediente que les tiende el puente hacia el retiro.
El balance es bien diferente para los 600.000 parados que aquí se mencionan: si la coyuntura no remonta corren el riego de quedarse apartados legalmente del sistema. Los datos del Inem apuntan en esta dirección: de los parados de mayor edad registrados hasta febrero, el 57% tiene “muy baja” o “baja” probabilidad de dar el salto al mundo laboral.
El Ejecutivo está al corriente de esta situación. Ni los populares ni los socialistas habían ahondado en este detalle, hasta que el portavoz del PNV en la Comisión del Pacto de Toledo –el grupo en el Congreso que tiene la tarea de acordar las reformas vinculadas a la Seguridad Social– Emilio Olabarría, advirtió a la Comisión de este efecto pernicioso.
Para el grupo vasco está claro que se deben exigir carreras de cotización más largas, pero en la actual coyuntura esto “dejará a miles de trabajadores y parados nacidos entre 1948 y 1959 sin derecho a una pensión”, en tanto que si se prospera una jubilación a los 67, se retrasará la entrada de los jóvenes al empleo.
La odisea para modificar los usos y costumbres de la Seguridad Social
El pasado febrero, el Ejecutivo abrió la caja de truenos. Y, como era de esperar, salieron relámpagos de todos los frentes. Moncloa está sola en la tarea de cerrar una reforma de pensiones creíble, que consiga arrancar el aplauso de Bruselas. Éstas son las claves para entender la odisea en que se ha convertido este cometido.
•¿Cómo quiere reformar el sistema el Gobierno?
Es una incógnita. En un primer momento, envió a la Comisión un ambicioso programa para reformar el sistema a la europea. Es decir, convertir los 67 años en la edad de jubilación legal, como hacen Alemania y Finlandia, a la vez que flirteó con la opción de ampliar gradualmente los años cotizados para cobrar la pensión y su cálculo. Con estas dos medidas, el gasto en pensiones se recortaría cuatro puntos del PIB, a partir de 2030. El Ejecutivo renegó de su propia propuesta un par de horas después de anunciarla, dada la ira que despertó entre la sociedad.
•¿Qué está dispuesta a negociar la Comisión del Pacto de Toledo?
Los grupos siguen resentidos por el desplante que les hizo el Ejecutivo al presentar sin aviso previo a esta Comisión del Congreso su propuesta de reforma, un guión que, según los propios diputados del PSOE, nunca se había dado. Todos coinciden en que jubilarse a los 67 no es la panacea que resolverá los aprietos financieros de la Seguridad Social.
•¿Qué plazo hay para cambiar los cimientos?
Ninguno. Ni legal ni oficial. Recientemente Trabajo ha sugerido que no hay que apresurarse por reformar el actual modelo de pensiones, ya que queda toda la legislatura por delante. El Gobierno quiere evitar el desgaste político en solitario, así que se amoldará a los plazos que vayan surgiendo en el seno del Pacto de Toledo. Su lema es consenso, consenso, y más consenso. El Ejecutivo no quiere volver a alzar su voz por encima del resto de grupos.
•¿Qué opinan los sindicatos?
Están satisfechos porque el Gobierno ha reculado. Esta misma semana Cándido Méndez afirmaba que “la metamorfosis [respecto al primer texto] puede ser de tal magnitud que no la reconozca ni el padre que la engendró”.
•¿Qué espera Bruselas?
Que España arriesgue y dé un paso al frente. De hecho, tanto la Comisión como la OCDE recibieron con vítores la ambición primigenia del Ejecutivo. Si el ansiado cambio no llega, Zapatero deberá suplir esta carencia con medidas valientes en el terreno laboral.
El cambio
El pasado febrero los sindicatos salieron a la calle para frenar las pretensiones del Ejecutivo. Parece que lo han logrado:se da por hecho que la gran reforma de las pensiones se reducirá a una jubilación voluntaria a los 67. ¿Qué dirá Bruselas?
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