El primer gran mito patronal en que se basa la propuesta de la actual reforma laboral es el planteamiento sobre «el alto coste del despido». La realidad del último año demuestra todo lo contrario: un promedio de 19 a 23 días por año trabajado en las indemnizaciones por extinciones contractuales. Según datos oficiales del Ministerio de Trabajo, en el periodo de octubre del 2008 a octubre del 2009, el 50% de las relaciones laborales se han extinguido con una indemnización de 8 días por año (finalización de contrato temporal). De las restantes extinciones, hasta un 5 % lo han sido por ERE (indemnización legal de 20 días por año trabajado), y las demás, una combinación entre los 20 días por año trabajado del despido objetivo y la indemnización de entre 33 a 45 días por año que corresponde a los despidos improcedentes.
Por otro lado, el coste para los empresarios es sustancialmente inferior por dos motivos: en el caso de los despidos individuales y colectivos en empresas con menos de 25 trabajadores que deriven de causas económicas, técnicas organizativas o productivas, el empresario abona el 60%, y el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), el restante 40%. Las empresas insolventes no abonan cantidad alguna asumiendo las indemnizaciones el Fogasa, de lo que se deriva una minoración de la indemnización desde los potenciales 45 días a 30 por año sin que la cantidad a percibir pueda superar el salario de una anualidad.
El segundo mito empresarial son los «salarios altos y aumentos desproporcionados». Para justificarlo, tan solo nos trasladan datos parciales sobre incrementos en convenios colectivos o incrementos interanuales sectoriales, nunca se reflejan los niveles salariales existentes. El último gran estudio sobre salarios en el Estado español, realizado con datos oficiales de la Agencia Tributaria correspondientes al 2007, indica que el 63% de los asalariados españoles tenían unas retribuciones inferiores a los 1.100 euros brutos, lo que situaba a 16,7 millones de trabajadores y trabajadoras entre el inframileurismo y el mileurismo.
El tercer mito empresarial es que «las relaciones laborales son rígidas y la negociación colectiva es deficiente». En cuanto a la supuesta rigidez de las condiciones de trabajo, nos vemos obligados a pensar que quienes realizan tales afirmaciones no solo desconocen las habituales prácticas empresariales, sino que omiten cualquier análisis de la legislación laboral vigente sobre la materia. El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores permite la modificación de la jornada de trabajo, el horario, el régimen de turnos, el sistema de trabajo, los rendimientos y las funciones, etcétera. Tan solo se requiere que la medida adoptada «contribuya a mejorar la situación de la empresa...».
Se nos quiere hacer creer que existe ineficiencia y rigidez en la negociación colectiva cuando, por el contrario, en los últimos años se ha sufrido una permanente desregulación de derechos laborales a través de los convenios (bolsas de horas, distribución irregular de la jornada, posibilidad de modificar las condiciones de trabajo sin que las modificaciones introducidas ostenten tal consideración, dobles escalas salariales legales e ilegales, etcétera).
Por último, el cuarto y gran mito empresarial es la «dualidad laboral» ¿Cuál es la realidad, la dualidad o la atomización de la precariedad? La descripción de la dualidad se basa en la existencia de fijos y protegidos-temporales y desprotegidos en porcentajes iguales. Esta división no tiene nada que ver con la realidad, que se caracteriza por una generalización de la precariedad laboral. A todo esto hay que sumar a aquellos que se sitúan en la infralaboralidad: falsos autónomos, contratos administrativos, falsos becarios, trabajadores sin alta en la Seguridad Social e inmigrantes sin permiso de trabajo. Todas estas realidades compuestas por la flexiblidad y la inaplicación de las leyes laborales son las que construyen la realidad del mundo del trabajo remunerado actual: la atomización de la precariedad.
En definitiva, las propuestas de reforma laboral presentadas por el Gobierno, lejos de apostar por actuaciones para la creación de empleo, su reparto y protección, optan por trasladar la crisis a quienes más la sufren, los trabajadores y las trabajadoras.
Artículo publicado en El periódico de Catalunya
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