En estos momentos de crisis, el planteamiento de abaratar el despido es uno de los elementos recurrentes en la política española. Conviene reflexionar sobre las cargas de profundidad que suponen esta idea. Se plantea tanto el abaratamiento del coste del despido declarado improcedente por carecer de causa que lo ampare, como la creación de un contrato único cuya extinción sea alrededor de 20 días por año trabajado. Y se incluiría en dicho coste las resoluciones con causa, fin de los contratos temporales, extinciones por causas objetivas y extinciones sin causa y, por tanto, declaradas improcedentes.
También se plantea la ‘flexiseguridad’, que básicamente consiste en cambiar la protección frente al despido que va a cargo del empresario, por las prestaciones por desempleo. En definitiva, cambiar la protección en el actual empleo, por una protección genérica que descansaría en una supuesta cobertura social que amparase la situación de carencia de rentas entre empleo y empleo, pero que liberaría al empresario de sufragar los costes. De este modo se traspasan al conjunto de la sociedad los costes empresariales de dicha protección frente al despido.
Se citan también los modelos danés y austriaco como ejemplos, ya de una protección social fuerte para los periodos sin empleo, ya de modelos ‘alternativos’. Como la generación de una especie de fondo de capital que acompañaría al trabajador de empresa en empresa, como protección ante al riesgo del despido. Pero se obvian elementos centrales de dichos modelos como son la presión fiscal, las tasas de población activa y de desempleo e incluso la propia cultura empresarial de cada uno de dichos países. Sorprende que aunque seamos el país europeo que más empleo destruye, sin embargo, no se opte por endurecer la ruptura injustificada de la relación laboral. Sino que, al contrario, se trata de facilitarla abaratando sus costes. Es decir, el argumento recurrente es que se despide mucho porque despedir es caro, lo que no deja de ser insostenible.
La política ‘flexisecuritaria’, aprobada en Lisboa tanto por la UE como por la propia Confederación Europea de Sindicatos (hubo voces discordantes en su seno), trata de trasladar costes empresariales a los propios trabajadores y al conjunto de la sociedad. Mientras, los beneficios empresariales permanecen ajenos a la realidad de la crisis.
Así, la propuesta es que para que no existan trabajadores con contratos temporales precarios junto y frente a trabajadores indefinidos con una mayor protección, rebajemos los derechos de éstos últimos. En lugar de optar por ampliar los derechos de todos los que se encuentren en situación de temporalidad.
Resulta ofensivo que mientras se reconoce que la actual crisis nada tiene que ver con el mercado de trabajo, sea éste, sin embargo, el elemento a reformar. Y, además, reformando los costes del despido, que no parecen haber supuesto obstáculo alguno para la extinción de más de un millón de contratos en cuestión de meses. La construcción del despido como un mero acto económico banal, obvia las repercusiones que tiene para quienes lo sufren, negando nuestros derechos políticos y de ciudadanía por la ‘racionalidad económica’. Entregando así el gobierno de las relaciones sociales a las gerencias empresariales (no democráticas), que sustituyen el bienestar de la población por el beneficio económico de las empresas.
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