" La ecuación neoliberalismo y ausencia de ética, montada sobre un sistema electoral entrabado por los intereses electoreros, no augura nada bueno"
Reflexiones sobre el sistema electoral costarricense.
Se han iniciado ya las actividades electorales en los diversos partidos políticos, cuyas expresiones más evidentes son el registro de los precandidatos y lo que denominamos "elecciones internas" de los partidos. Y empiezan los medios de comunicación a festinar nombres y tendencias, expresiones de las orientaciones de los candidatos, cuando las tienen, porque a veces no, sino que son oportunistas vulgares, y según las preferencias de los dueños de los medios, a favorecer a unos frente a otros.
Pero muy poco se habla de la inmadurez de nuestro sistema electoral, porque se pierde el tiempo inútilmente en alabar la "antigüedad" de nuestra democracia, olvidando los gobiernos autoritarios del Siglo IXX y principios del Siglo XX, ya que una de las características de los políticos criollos y los seudointelectuales que los respaldan, es olvidar el pasado del país; y aún menos de las reformas a dicho sistema, que duerme el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa, porque a los partidos tradicionales allí representados no les conviene cambio alguno, que no sea el que les favorezca para el mantenimiento de las distorsiones existentes.
Diversas son las distorsiones jurídicamente consolidadas en la formación y expresión de la representatividad política de los ciudadanos, a través de los partidos políticos, las cuales son el resultado de varios factores: en primer lugar, la insuficiencia de las previsiones legales dirigidas a garantizar el funcionamiento democrático de las agrupaciones políticas, lo cual permite que las mismas sean realmente rebaños dóciles ante las disposiciones del caudillo o la cúpula dominante; en segundo lugar, al menoscabo que sufre la expresión del pluralismo cuando en los procesos dirigidos a este fin se otorga en el Tribunal Electoral un tratamiento legal privilegiado a los partidos respecto de otras entidades, como podrían ser asociaciones de electores; en tercer lugar, cuando se conceden ventajas a las agrupaciones que ya están en las lides electorales desde hace tiempo, frente a nuevas agrupaciones que pudieran surgir, como es el caso de que las primeras obtienen financiamiento del Estado para sus campañas, mientras que las segundas no. Y todo ello está plasmado en blanco y negro dentro de la legislación y la normativa electoral.
Es notoria la ausencia de democracia interna en los partidos políticos lo cual es definitivamente un obstáculo para el ejercicio de sus funciones públicas, ya que muchas veces la elección de los precandidatos se fundamenta en la fuerza de las "camarillas" y de su respaldo financiero, no siempre muy claro; de igual forma, en menoscabo del pluralismo en el proceso de selección de los representantes del partido, se otorga excesiva importancia a la "figura" del candidato y del grupo que lo acompaña, olvidándose que el ordenamiento democrático configura el proceso electoral como una forma de interiorizar el pluralismo político existente en la sociedad, de manera que los órganos del Estado de carácter representativo reflejen proporcionalmente en su composición aquella diversidad, y si ello no existe dentro del partido político, menos aún podrá serlo en los órganos representativos.
Por otro lado, es notoria la necesidad de reformar el sistema de financiación de los partidos políticos como exigencia del principio democrático, medida ineludible para subsanar, o al menos aminorar, los graves problemas que plantea; en especial, el deficiente sistema de control de la contabilidad que han de llevar las entidades políticas receptoras de subvenciones públicas. Y agregamos algo que no se discute: la posibilidad de financiamiento de nuevas agrupaciones, que tiene cerradas las puertas para ello.
De igual forma, se hace ya notorio que es indispensable normar sobre el transfuguismo de representantes elegidos por los electores a través de un partido y que posteriormente se separan de él, que no es más que la expresión de una concepción patrimonial y no funcional del cargo de representación, llevada a cabo por el representante que está incurriendo en una deslealtad en el ejercicio de su función. Debe recordarse que la titularidad de un cargo de representación constituye una habilitación normativa para le expresión de la representatividad conferida por los electores, con lo que queda claro que los representantes no son sus dueños; esa representatividad no les pertenece, sino que los titulares del cargo son, más bien, un instrumento al servicio de la realización de la misma.
Con estas observaciones, o consideraciones si así quiere usted llamarlas, notamos de inmediato que algunas cosas están definitivamente mal en nuestro sistema electoral, y que los partidos políticos no son ni de lejos lo que deberían ser: un espacio para la convivencia democrática del pluralismo social, que aunque se encuentre dentro de una línea de pensamiento político definido, da espacio para las divergencias y contraposición de criterios.
Ahora se entiende por qué los partidos políticos criollos son en realidad agrupaciones alrededor de un caudillo que capitalizan la ingenuidad del electorado, su ignorancia política, y el borreguismo con que siguen figuras que, después de sus períodos de gobierno, se descubren como delincuentes de cuello blanco, como ha sido la experiencia de al menos los últimos diez y ocho años anteriores.
¿Qué sucederá, en consecuencia, en las elecciones del 2010? Probablemente lo mismo que en las elecciones anteriores: la ciudadanía será embotada con una propaganda demagógica, se la creerá y continuará la partidocracia que tanto daño nos ha hecho. Y lo peor de todo esto es que no existen alternativas para solucionar el problema, ya que los magistrados del Tribunal Electoral tiene "tinte político definido" o deben sus cargos a partidos específicos que "instruyeron" a los Magistrados del Tribunal Supremo acerca de sus nombramientos, y por ello tampoco pasarán de gestos vacuos ante una Asamblea Legislativa a quien no le interesa cambio alguno.
¡Pobre democracia costarricense, que permite sucedan cosas tan lamentables como han sido los últimos cuatro gobiernos! Dos presidentes bajo procesos judiciales de los cuales esperamos no salgan bien librados, y uno que no tomó decisiones y fue abandonado por su propio partido político, al cual pertenecen los tres, hundiéndose en el más enorme desprestigio que se ha conocido localmente. Y en la actualidad, otro que vendió el país, por unas pocas monedas, a los grandes intereses transnacionales y a los intereses políticos de los Estados Unidos, saliéndole al final el tiro por la culata, pues todas las promesas enunciadas como consecuencia de la destrucción del sistema institucional quedaron en el aire, por la crisis financiera que asola a "el principal socio comercial".
La ecuación neoliberalismo y ausencia de ética, montada sobre un sistema electoral entrabado por los intereses electoreros, no augura nada bueno. Pues no se puede esperar que se lleven a cabo las reformas indispensables.
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