No más urithler
Violando todos los procedimientos legales, saltándose el orden de los trámites, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, buscará, a como dé lugar, la aprobación de una ley reeleccionista que le permita estar en el poder unos cuatro años más, donde se busca complacer un interés personal y no el beneficio de todos los colombianos.
Antes que se realicen las próximas elecciones presidenciales en Colombia planificadas para el 2010, ha surgido del ingenio del presidente Álvaro Uribe Vélez, y de un grupo pro gobierno, realizar una nueva modificación, luego de la efectuada en el 2003, a la Constitución Política Nacional en su Artículo 197 para posibilitar la reelección, una vez más, para el cargo de Presidente de la República para el actual mandatario.
Los intereses particulares de Uribe son evidentes; el único beneficiado es él mismo, ya que hasta con la formulación de la pregunta con que fue consultado los ciudadanos tiene detalles específicos que le otorgan la oportunidad de ser reelecto.
El pueblo fue consultado con la siguiente pregunta que aprobó la Comisión Primera de la Cámara: "quien haya ejercido la Presidencia de la República por dos períodos constitucionales, podrá ser elegido para otro período. ¿Aprueba usted el anterior inciso? Si, No o Voto en blanco".
Automáticamente, el presidente Uribe es excluido de este rango, ya que cuando se realicen los próximos comicios en el mes de junio, no habrá finalizado las totalidad de sus dos mandatos sino hasta agosto de 2010. Y es que hasta no supieron hacer su propia trampa, por lo que más adelante, luego que los ciudadanos firmaron, modificaron la interrogante para "quien haya sido elegido..." para seguirla presentándola ante los siguientes organismos.
El objetivo de continuar en el poder durante unos cuatro años más para, supuestamente, seguir con el plan que daría fin a los grupos subversivos instalados en esa nación es otra de las pretensiones individualista que está penada por el estatuto disciplinario, ley 734 de 2002, donde dispone que todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo.
Falta conocer cuál es la necesidad real de Uribe para que se apruebe esta modificación, donde se ha hecho hasta lo imposible para que se lleve a cabo en un tiempo muy corto, y quiénes serán los beneficiados en que exista un tercer mandato de aquél que ha causado división entre países hermanos permitiendo la instalación de bases estadounidenses en territorio colombiano.
Primer Acto: La recolección de firmas
El pasado 28 de abril un grupo reeleccionista inició la colecta de firmas para que Uribe pudiera optar por un tercer mandato. Fueron cerca de cinco millones de rúbricas las presentadas ante la Registraduría colombiana, y trasladadas a través de vehículos blindados como si se tratara del tesoro de la nación.
De la recolección de firmas se encargó el Comité de Promotores de una asociación sin fines de lucro llamada Primero Colombia. Ellos explicaron que se colocaron en diversos lugares de todas las ciudades de Colombia y abordaba a las personas con la pregunta de dudosa formulación; si la respuesta era positiva firmaban, sino continuaban con su camino. Algo bastante sencillo y fácil de creer.
En referencia a este plebiscito han surgido dudas, entre ellas: ¿de dónde vienen los recursos para imprimir las planillas (que debieron ser más de un millón), colocar a la cantidad necesaria de personas en múltiples puntos de las ciudades de Colombia, entre otros gastos que van implícitos a la consulta?.
Según una entrevista publicada en el mes de agosto en la revista colombiana Semana, el vocero de Primero Colombia, el secretario del partido del partido de La U, Luis Guillermo Giraldo, informó que los gastos para la realización de la recolección de firmas fue de unos 90 mil dólares.
A pesar de esto, la cifras no coincide con los pagos a las empresas contratadas para recoger las firmas. El artículo publicado en la edición del 11 de agosto en Semana, titulado "A revisión cinco millones de firmas pro-reelección de Uribe", una de las empresas temporales contratadas recibió al menos 400 millones de pesos (unos 200 mil dólares) por un millón doscientas mil firmas. Y si se tiene en cuenta que estaban dispuestos a contratar con 20 de estas empresas, se podría suponer que el referendo tuvo reservas presupuestales para pagar al menos 2 mil millones de pesos (cerca de un millón dólares).
Igualmente éste acopio de firmas presentó irregularidades en casos como los 'autopréstamos' entre la Asociación Primero Colombia y el Comité Promotor (ambos presididos por Luis Guillermo Giraldo quien actualmente es interpelado por la Fiscalía por fraude procesal), la violación de los topes de aportes individuales y las donaciones extras que no fueron registradas. Una de ellas fue la de Transval, empresa de transporte perteneciente a DMG, que estuvo implicada en uno de los mayores estafas millonarias con "pirámides" financieras en la historia del país suramericano.
Del total de las rúbricas presentadas la Registraduría avaló sólo tres millones 909 mil 825, de las cinco millones 21 mil 873 presentadas.
Segundo Acto: Legalidad del Proceso
El pasado 17 de diciembre, luego que la Cámara de Representantes dejara para el próximo año la discusión del referendo, pues ya salían de vacaciones, el gobierno convocó a una sesión extraordinaria para que continuara el debate.
Se estuvo sesionando hasta las cuatro de la mañana, con un pequeño receso de 15 minutos cerca de la media noche. El texto definitivo fue aprobado por 86 votos contra cero. En esta decisión hubo dos irregularidades, una es que los proyectos que por diversos motivos no logran sesionarse se archivan, con mayor razón en este caso ya que era el último día de labor por el año de los parlamentarios. La segunda irregularidad es que la convocación a tiempos extras está prohibida cuando aún no se han acabado las leyes ordinarias que estaban en cola. Lo que se traduce en que no se puede pasar por encima, como si fuese una carrera de obstáculos, los proyectos que ya estaban planificados para el siguiente año por un capricho presidencial.
Las contribuciones o aportes hechos por instituciones y personas naturales que ayudan a una campaña determinada tienen unos topes que son establecidos por el Consejo Nacional Electoral. En este caso, las cuentas presentadas por el Comité de Promotores no se han puesto en claro pues carecen de credibilidad por parte del ente comicial.
Entre las irregularidades que se encontraron está el registro de ingresos hasta de 50 mil dólares cuando según la ley el tope es aproximadamente mil 675 dólares. De igual manera, se omitieron gastos en el balance presentado por el Comité al mostrar un balance que no refleja la realidad, pues no incluyó todos los gastos generados y no pagados al momento de entregarse dicho balance. Esta conducta podría ser asimilada, además, a una infracción penal por falsedad de parte de los promotores.
Hubo contribuciones que aparecen como un préstamo que hizo la Asociación Primero Colombia al Comité Promotor. El Consejo Electoral encontró que dicho ingreso en realidad se entregó al Comité, y para disimular la violación de los topes electorales lo registraron como préstamo de la Asociación.
Entre los nombre que resaltan dentro de lo que podría denominarse como una presunta estafa se encuentran Luis Guillermo Giraldo Hurtado, quien es el vocero y representante legal; la viuda del ex presidente Víctor Mosquera Cháux, Cecilia Paz de Mosquera, la ex magistrada Myriam Donato de Montoya, Juan David Ángel Botero; el ex ministro Gustavo Dájer Chadid, Hediel Saavedra Mosquea; David Salazar Ochoa, y Álvaro Velásquez Cook.
En esta asociación sin fines de lucro que fue creada con un patrimonio de dos mil 500 dólares, que tuvo un mayor ingreso en el 2004 cuando registró más de 33 mil dólares, luego en 2006 sólo tenían unos 800 dólares, el siguiente año no tenían ni un peso en las cuentas, pero luego, en 2008, justo cuando Uribe empezó con la idea de la reelección, el patrimonio de dicha grupo reportó más de un millón de dólares.
Algo que alarma a la bancada opositora es que en el momento que los miembros de la Cámara votaron por la aprobación de la ley que convocaría el referendo, no se había tenido una certificación de la autoridad electoral, y es precisamente por esta irregularidad, además de las ya mencionadas, por la que la Corte Suprema ha iniciado un proceso de investigación a los 86 diputados que participaron en la sesión extraordinaria de diciembre de 2008 que aprobó la ley, al no cumplir con los procedimientos que exige la Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación 134 de 1994.
Existen también denuncias sobre lo que se ha llamado popularmente 'Feria de Notarías', donde presuntamente, asignaron puestos de trabajos con el fin de que votaran a favor de la propuesta.
Un ejemplo de esto es el caso del senador, Alirio Villamizar, quien está siendo investigado por la Sala Penal de La Corte luego que se le implicara con la repartición de cargos gubernamentales. Se le encontró varias agendas donde tenía anotaciones que lo vinculan con nombramientos y cuotas burocráticas.
La Notaría 11 de Bucaramanga denunció ante la Corte que por recomendación del congresista había sido nombrada en ese despacho y que debía entregarle mensualmente la mitad de lo producido por la Notaría a cambio de mantenerla en ese cargo. Esto sin contar la suma de mil millones de pesos (unos 500 mil dólares) que se encontraron en la residencia de Villamizar durante una inspección realizada por magistrados auxiliares de la Corte Suprema, que posteriormente ordenaron la captura del congresista.
Otra reciente anomalía denunciada por el congresista del Partido Polo Democrático, Germán Reyes, se ejecutó cuando el presidente Álvaro Uribe firmó la ley que le posibilitaría continuar en el poder incurriendo posiblemente en el delito de prevaricato, "es que Uribe no puede sancionar ese documento porque al único que beneficiaría una segunda reelección es a él mismo", afirmó el congresista.
Reyes dijo que la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República anunció que el actual mandatario se vio en la obligación de firmar el documento, a lo que el dirigente opositor refutó que "él (Uribe) ha podido declararse impedido y devolver la ley para el Congreso de la República para que el presidente del Senado hubiera firmado. Era una opción, la otra era retirarse temporalmente del cargo y que otras personas en funciones presidenciales hubiera firmado esa ley".
El presidente sería investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, quien enviaría el expediente ante la plenaria de la corporación para posteriormente juzgarlo por el Senado de la República.
Tercer Acto: Proyecciones
En este momento sólo se espera que la Corte Constitucional determine si el número de vicios que fueron expuestos son los suficientemente graves como para invalidar el resultado.
Se cree que el gobierno continuará con su plan de aceleración del proceso, recurriendo a cualquier herramienta que le otorgue la aprobación de la ya mencionada ley. Una de las maneras para que la gente acuda a las urnas es realizar el referendo junto a dos tópicos que son realmente sensibles para la sociedad. El primero es la privatización del servicio del agua y el segundo es la colocación de cadena perpetua para los violadores del niños.
Si se logra hacerlo de esta manera, se matarían tres pájaros de un solo tiro, disminuyendo los costos del referendo que están cerca a 100 millones de dólares, aparte que contarían con la cantidad necesaria de votantes para que se apruebe el tercer período de Uribe.
Una de las medidas posibles que el gobierno colombiano podría utilizar para sacar a como dé lugar esta modificación a la constitución es introducir un artículo en la ley que reglamente la reforma política para disminuir el número de votos que se necesitan en el referendo, ya que debe contar con más de 7,5 millones de electores, de los cerca de 20 millones que están en capacidad de votar.
Ahora bien, existe la posibilidad de que el primer mandatario no tenga la oportunidad de participar en los próximos comicios, ya que la ley establece que los aspirante a la presidencia de la República tienen plazo hasta el doce de marzo de 2010 para inscribir sus candidaturas, fecha en que posiblemente no haya sido aprobada la ley, por lo que el jefe de Estado colombiano pidió abiertamente a su bancada el pasado 12 de agosto acelerar esfuerzos para la aprobación del proyecto "que tiene que ser rápido porque si no los tiempos ya no se darían".
En sus siete años de mandato, Uribe ha destinado una enorme cantidad de dinero para continuar con la guerra, en vez de buscar la paz, ha privatizado hospitales, universidades como la Nacional en Bogotá, o la del Atlántico. Ha incrementado los precios de la gasolina, creado más impuestos de los que ya los colombianos tienen que sufrir para costear la guerra y por si fuera poco, ha provocado el desempleo de más de siete millones de ciudadanos.
Parece extraño que a pesar de ser un mandatario que no era partidario a no estar mucho tiempo en el poder, en este momento, esté haciendo hasta lo imposible para seguir liderando una nación con hambre de alternabilidad.
El último paso es que la Corte Constitucional funja como guardián de la justicia, de la Constitución y del Estado de Derecho; como diría el ex presidente César Gabiria, que "no se apruebe el referendo porque con la cantidad de vicios que tiene, es casi imposible que le dé trámite".
Hasta los momentos, el flanco opositor está cocinando crear un frente anti-reeleccionista, donde se realice una gran coalición para conseguir un candidato único que le pueda hacer la competencia a Uribe. La idea sale del seno del Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo quienes llamarán a las otras fuerzas para que se integren.
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