La Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Granada incluye la regulación de temas tan diferentes como el vandalismo o la exclusión social. Por ello, aunque no estamos en contra de cada uno de los artículos que la ordenanza recoge, sí que nos oponemos a la misma al estar en absoluto desacuerdo con ciertas disposiciones que presenta. Además, muchas de las conductas que reglamenta ya están recogidas en otras normativas, por lo que consideramos innecesario (e incluso perjudicial) volver a regularlas.
Ciertamente, la convivencia en nuestra ciudad presenta muchos retos a los que responder con medidas sociales, educativas y estructurales que fomenten la participación y el diálogo. La Ordenanza aprobada elige, sin embargo, el camino de la represión, sanción y penalización (persecución, multas y detenciones) para imponer esta convivencia.
Nos oponemos a la citada Ordenanza por los siguientes motivos:
1. Se ha realizado sin participación ciudadana
Esta ordenanza se ha gestado, discutido y aprobado ignorando a las personas a las que afecta. No se ha propiciado la participación de la sociedad civil y de sus colectivos ni se han escuchado ni debatido sus aportaciones. Es una contradicción pretender “imponer” la convivencia sin construirla colectivamente y con la participación de todos.
2. Opta por la represión frente a la educación, la integración, la diversidad y el diálogo
En la ordenanza sólo se concretan las medidas represivas y las sanciones. El resto (mención a servicios sociales o a las instituciones públicas o privadas que puedan ofrecer apoyo) son meras declaraciones de buenas intenciones que no incluyen disposiciones específicas. Los colectivos que realizamos este manifiesto conocemos lo limitado de los recursos sociales de nuestra ciudad y nos preguntamos, por ejemplo, quiénes, dónde y con qué fondos se celebrarán las sesiones de atención individualizadas o los cursos que la ordenanza propone.
De hecho, la ambigüedad conceptual presente en todo el texto hace que la norma pueda interpretarse de manera muy subjetiva quedando, casi siempre, al arbitrio de la policía local, principal responsable del cumplimiento de la misma. Por tanto, será esta fuerza de seguridad la que juzgue e interprete las apariencias, actitudes o intenciones de los hechos que posteriormente se sancionarán, sin que exista garantía de imparcialidad y objetividad.
Además, se crea una importante inseguridad jurídica al contemplar la aplicación selectiva y arbitraria de la ordenanza.
3. Criminaliza la exclusión social
La Ordenanza sanciona las consecuencias de la exclusión social sin prestar atención a sus causas. Se criminaliza aún más a las personas que ejercen la mendicidad, a las personas sin hogar, a las personas que ejercen la prostitución o a las personas inmigrantes. Las sanciones en forma de multas sólo enmascaran e invisibilizan los problemas, introduciendo elementos de miedo y represión que para nada contribuyen a la convivencia. Esta Ordenanza sólo logrará que los colectivos afectados se desplacen o escondan, pero en ningún caso resolverá su situación de exclusión.
Además de no especificar detalladamente en ningún caso a qué recursos sociales se derivará a las personas sancionadas, se hace referencia a centros de carácter privado y a ONG que deberán atender a estas personas. Consideramos que la Administración no puede apoyarse en centros privados y/o ONG para dar respuesta a las necesidades de estos colectivos, sino que tiene que dar sus propias respuestas desde el ámbito público.
4. Restringe el derecho a la libertad de expresión de ciudadanos y colectivos
La ordenanza considera que las actividades culturales y artísticas en la calle (mimos, músicos, cómicos…) son ocupaciones de la vía pública e incluye medidas sancionadoras para las personas que ejerzan estas actividades. Estas sanciones pueden incluir multas y la incautación de los medios empleados (como pueden ser los instrumentos de los músicos). Reivindicamos la calle como espacio público en el que se pueda disfrutar de música, teatro, todo tipo de arte y en la que se pueda jugar. En este mismo sentido, la reglamentación aprobada restringe la libertad de comunicación de los movimientos sociales con la ciudadanía al aumentar los requisitos necesarios para la celebración de manifestaciones y concentraciones y al dificultar la difusión de la información por medio de carteles o folletos.
La Ordenanza aprobada en Granada aumentará la fractura social que la ciudad ya sufre, y logrará que se confunda pobreza o exclusión con incivismo, y supervivencia con ilegalidad. Creará una ciudad en la que no se verán a las personas sin hogar, a los trabajadores del sexo o a los músicos callejeros. Aunque esto no significará que estas personas hayan dejado de existir, sólo que tendrán que esconderse de la represión que van a sufrir.
Por todas estas razones, nos oponemos rotundamente a esta Ordenanza que no contribuye a la convivencia sino que fomenta la intolerancia.
Firmantes: Sylvia Koniecki (Granada Acoge); José María Fernández Burgaleta, REC (Recursos de Educación y Comunicación); Natalia García Caballos, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía); Pilar Heras Hernández, Asociación Gitana Anaquerando.
Enlaces: Documental sobre la ordenanza y los músicos callejeros en eldelitodelarte.org
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