El conflicto por las retenciones llegó al Congreso. Si realmente hay debate es la oportunidad para socializarlo y discutir sobre su destino y un plan de desarrollo.
A partir del 11 de marzo -momento en que el gobierno nacional decide incrementar las retenciones y hacerlas móviles según la evolución de los precios en el mercado mundial- un conflicto inesperado fue desenvolviendo una tensión creciente hasta conformar un escenario de confrontación pocas veces conocido en el país.
El conflicto ha repolitizado a una sociedad que mostraba síntomas de anomia. En los más diversos ámbitos del país se discuten las razones del mismo, si hay o no oligarquía agrícola ganadera, si los que se proclaman descendientes de aquellos arrendatarios y aparceros que hicieron el mítico Grito de Alcorta lo son efectivamente o forman parte del pelotón de propietarios, rentistas, integrantes de pools de mediana envergadura, que se apropian de una parte de la renta. Si la medida es confiscatoria o no, si es efectivamente distribucionista o es simplemente fiscalista, si esta incluída en las atribuciones del Ejecutivo o es otra muestra de autoritarismo. Si hay o no doble comando.
Sin embargo y hasta ahora esta repolitización tiene un perfil más a derecha y conservador que progresista. El contenido de los cacerolazos y declaraciones de algunos dirigentes ruralistas muestran el real contenido de una restauración conservadora que ha logrado la adhesión de vastos sectores de las capas medias del campo y la ciudad, para quienes en muchos casos el dinero es, más que simbólicamente, la medida de valor de todos los valores.
Lo que se está constituyendo reviste más profundidad que el caso Blumberg, que se diluyó rápidamente, por la sencilla razón que a diferencia de aquel este movimiento tiene apoyatura en bases materiales de la sociedad, como lo es la renta agraria.
Sin embargo ha logrado algo no deseado ni por el gobierno ni por los ruralistas, poner en discusión la política de distribución del ingreso, o si se quiere la ausencia de una política efectiva en este sentido.
Lo que más se escucha decir por estos días a los dirigentes ruralistas, a los opinólogos de las TV y la radio, a la propia Presidenta, es que este conflicto 'le está haciendo perder una oportunidad histórica al país'. Lo que ocultan decir es que están pensando en hacer dinero con la crisis alimentaria mundial, con la hambruna que amenaza a más de 40 países. Son los famélicos de Burkina Fasso, de Perú, de Haití, y también los nuestros, quienes estarían brindando esa oportunidad histórica.
Moral y éticamente ¿puede considerarse el hambre una oportunidad?
Días de furia
Idas y vueltas, acuerdos y desacuerdos, ataques y contraataques, llamados al diálogo en un marco de sorderas, que no otra cosa eran que la imposibilidad de lograr un acuerdo, al que tanto el gobierno como los ruralistas decían propiciar. ¿Cual es la razón objetiva de la prolongación del conflicto? Por un lado la no aceptación por parte del ruralismo de las diversas concesiones que el gobierno se vio obligado a ceder: liberación parcial de exportaciones de trigo y carnes; modificación de la curva de retenciones; reintegros a los pequeños productores; subsidios a los fletes. Así como el condicionamiento, la imposición, de retrotraer todo al 10 de marzo para luego negociar.
En paralelo ante cada concesión el gobierno ha intentado recomponer el deterioro de su autoridad política seriamente cuestionada. El punto culminante se vivió en el inicio de esta semana con los más de 300 cortes de ruta, intentos fallidos de desalojo y cacerolazos en los principales centros urbanos. La tensión de esos días advirtió al gobierno que por debajo de una reivindicación corporativa se movía otra cosa. Lo que flota en el aire, es que el bloque ruralista, unificado como nunca antes, busca acrecentar ese desgaste, porque a través de él toma cuerpo la proyección de otro proyecto de país.
Seamos claros, no se trata de un golpe a la vieja usanza como han querido transmitir desde el oficialismo, tampoco un mecanismo 'destituyente' que convierta a la Presidenta en una figura meramente formal. Es algo más sutil: se trata de imponer condicionamientos crecientes a las políticas estatales, por eso se cuestiona tanto la intervención estatal en la economía como el mismo ejercicio de la gestión del Estado.
Es que el poder económico concentrado no admite un mínimo grado de autonomía estatal. Su intención es volver a la relación simbiótica de los '90, una relación totalmente interpenetrada entre el gran capital y el Poder Ejecutivo. Tal vez lo que más grafique ese pasado es la anécdota de aquel empresario nacional que, con oficinas en la Plaza de Mayo, se jactaba de utilizar como estacionamiento privado la Casa Rosada.
Está entonces en discusión si las ganancias y la propiedad privada tienen prioridad sobre las necesidades sociales; si el modelo de país que se proyecta afirmará el perfil primarizador/ extractivo/exportador a costa de un debilitamiento de la perspectiva industrialista, y el impacto social que esto supone.
La renta de la tierra
El conflicto superó rápidamente las causales originales. Iniciado como pulseada por la apropiación de rentas extraordinarias -entre el capital agrario y un gobierno que canaliza las mismas para subsidiar a la industria y a los servicios públicos-, mutó rápidamente a una crisis política inimaginada poco tiempo atrás.
Es que por debajo de la disputa por la renta, o el nivel de retenciones y su impacto sobre los consumos populares, subyace una cuestión más de fondo que supera las turbulencias coyunturales. Es lo que algún barbado filósofo alemán llamara 'esa potencia oculta' que es la renta de la tierra. Entre nosotros es el agro, la minería y el petróleo -que configuran un modelo primarizador, extractivo, exportador- lo que provoca esta confrontación en la que está en juego quién orienta el país a futuro. Es la renta que de la mano de una situación internacional excepcional ha regresado para disputar quién hegemoniza el proceso de acumulación y reproducción de capitales.
La contraofensiva gubernamental no se hizo esperar: conferencia de prensa de Néstor Kirchner, discurso de la presidenta en la Casa Rosada, envío del proyecto de ley sobre retenciones móviles al Congreso, acto masivo en Plaza de Mayo. El gobierno busca así recuperar iniciativa y presencia política, aunque sabe que no está eximido del costo político a pagar.
El ingreso del proyecto para su tratamiento parlamentario pareciera haber descomprimido la situación y colocado al bloque ruralista a la defensiva. Si realmente hay un debate es la oportunidad para socializar el mismo, discutir las retenciones y el destino de las mismas como parte de un programa agrario en el marco de un plan de desarrollo nacional.
Al día de hoy el conflicto sigue abierto.
Eduardo Lucita (LA ARENA)
Fecha publicación: 20/06/2008
Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).
http://www.argenpress.info/nota.asp?num=056351&Parte=0
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