Gobierno y PP criminalizan a los controladores aéreos… para enmascarar un ataque brutal contra nuestros derechos
Declaración de Izquierda Anticapitalista
Provocación gubernamental. Intoxicación de la opinión pública. Linchamiento mediático y judicial de un colectivo de asalariados y asalariadas. Y, bajo el precedente de la militarización del tráfico aéreo, una sorda amenaza contra el conjunto del movimiento obrero, sus libertades, sus reivindicaciones… Si alguien tiene que dar una auténtica voz de alarma, ésos son los sindicatos.
Resulta ocioso especular acerca de hasta qué punto tenía el gobierno previsto lo que ha sucedido. Lo cierto es que el borrador del decreto que instauraba el “estado de alarma” estaba ya sobre la mesa del Consejo de Ministros del pasado viernes. El mismo Consejo que decidió, también por decreto, acerca de las condiciones laborales de los controladores. Y el mismo que decidió cosas de enorme calado cuya incidencia ha quedado difuminada por la omnipresente noticia de las cancelaciones de vuelos y el colapso de los aeropuertos: la supresión de la ayuda de 426 euros a los parados, la rebaja de los impuestos de sociedades… y la propia privatización de AENA.
Apenas los controladores se retiraban de sus puestos de trabajo, el ministro más poderoso del gobierno, Rubalcaba, se hacía cargo de la situación. El propio ministro de Fomento, Pepe Blanco, pasaba a un segundo plano. Zapatero andaba desaparecido. Inmediatamente, a través de periódicos y televisiones, se ponía en movimiento una formidable maquinaria propagandística: todo eran dramas humanos, familias separadas, esperanzas de gentes sencillas que se iban al traste… Los controladores se convertían así en la mismísima encarnación del mal. Un mal absoluto: el sector turístico, las compañías aeronáuticas e incluso los temibles “mercados” se ponían también de los nervios. El pueblo clamaba justicia frente a esos privilegiados sin corazón; el interés supremo del país requería una intervención enérgica por parte del Estado. A paso ligero, el ejército y la Guardia Civil tomaron las torres de control y pusieron los díscolos a trabajar.
Por su parte, después de un par de días haciendo el tonto y viendo la manera de desgastar al gobierno, los dirigentes del PP se percataron por dónde andaban los intereses de clase a los que sirven, se sumaron al griterío y dieron su apoyo al decreto de militarización. Si estos tipos vuelven al poder, no será gracias al destello de su intelecto, sino al servilismo de la izquierda oficial. Los 37 grandes banqueros y empresarios que, pocos días antes, dictaron a Zapatero toda una agenda de recortes sociales y medidas liberalizadoras, prestamente adoptada por el gobierno del PSOE, le dieron también una consigna explícita: que tratase de agotar la legislatura, haciéndole el trabajo sucio a la derecha y allanándole el camino hacia Moncloa.
¡Y vaya si está cumpliendo ese mandato! Que el ministro de la policía esté al frente de un gabinete de crisis constituye toda una declaración de intenciones. Que un conflicto social se zanje con la intervención del ejército, un siniestro presagio. El movimiento obrero debe sopesar seriamente la amenaza. ¿Quién dice que, mañana, ante un conflicto, declarado o inminente, los transportes públicos, las comunicaciones o las refinerías – como hizo Sarkozy durante el reciente movimiento huelguístico francés – no serán puestos por decreto bajo jurisdicción militar? No se trata de una hipótesis peregrina: Zapatero ha anunciado que podría solicitar al Parlamento la prolongación del estado de alarma más allá de los quince días que prevé el real decreto. CCOO, UGT, USO y FSP tenían previstas, para las fechas navideñas, movilizaciones y protestas del personal de tierra de los aeropuertos frente a la privatización del 49 % de AENA y a las amenazas que ello supone para el mantenimiento de puestos de trabajo y las condiciones laborales de este sector. ¿Qué pasará entonces? ¿Negarse a descargar el equipaje de un avión acabará asimilándose a un delito de sedición?
Por su propio interés y por el de la inmensa mayoría de la ciudadanía, los sindicatos de clase deberían salir al paso de la demagogia del gobierno. El discurso político e ideológico generado por el gobierno y por la prensa, debe combatirse pues es el germen de un giro profundamente reaccionario, y pueden adelantar el acoso a cualquier tipo de lucha contra la crisis. La campaña contra los controladores es una artimaña para librar la parte más rentable del negocio que gestiona AENA – en primer lugar los aeropuertos de Madrid y Barcelona – a la iniciativa privada. Desde el punto de vista del interés colectivo, eso supone privatizar beneficios y dejar los aeropuertos deficitarios a cargo del Estado, resquebrajando así un servicio cuyo carácter público constituye la mejor garantía de seguridad. Desde un punto de vista laboral, significa fragmentar las plantillas y abocarlas a una degradación de sus condiciones contractuales. Percibido muchas veces entre la propia clase trabajadora como una casta privilegiada por sus ingresos y su sindicalismo gremial, el colectivo de los controladores ha sido utilizado para tratar de quebrar cualquier resistencia a las privatizaciones. Los futuros operadores privados quieren técnicos mucho más baratos – y empleados más precarios. Los intereses que hay en juego son enormes. AENA es responsable del movimiento del 75 % del turismo y, a través de ella, se sostiene entre un 8 y un 12 % del PIB.
Eso es lo que los sindicatos deberían tener presente ante todo. Antes de vacaciones, el gobierno redujo un 40 % el salario de los controladores. Pero no por ello decrecieron las tasas que pagan los usuarios. Ni siquiera mejoró sustancialmente el balance de AENA – que tiene mucho más que ver con determinadas planificaciones faraónicas de la red aeroportuaria que con los niveles salariales de un sector profesional altamente cualificado. La discusión no es ahora lo que gana un controlador. Ni tampoco si su sindicato, USCA, ha gestionado bien o mal el conflicto con la administración. Ni siquiera sus relaciones con los otros sindicatos. Tiempo habrá para hablar de todo eso.
De todas formas, la estrategia de los controladores está larvada por un corporativismo de cuyos límites se deberían sacar algunas conclusiones. Cualquier sindicato de clase sabe que en la unidad y en la política de alianzas está la posibilidad de la victoria en el medio plazo. Sin embargo, los controladores no operan en esa clave y en una estrategia errónea han obviado dos variables de la ecuación: usuarios y el resto de trabajadores de AENA. Esto les ha dejado aislados y siendo un blanco perfecto para el linchamiento mediático y la represión laboral.
No se trata de haber convocado legalmente la huelga o no. La legislación laboral es papel mojado y además es fruto de la enorme debilidad de los trabajadores. El derecho a huelga es una farsa. Millones de trabajadores están impedidos de hacer huelga por miedo a la represión laboral. Quienes utilizan esos argumentos no están en los conflictos sociales, ni en la organización de las luchas ni en su padecimiento. Desde Izquierda Anticapitalista apoyamos todos los medios de lucha que proporcionen victorias y autoorganización a los trabajadores. Y sabemos que habrá que combinar la utilización de muchos métodos, y que con una legislación laboral tan poco protectora como la que tenemos, las acciones legales y alegales van a tener protagonismo en un contexto de agresiones crecientes a los trabajadores y trabajadoras.
No se trata pues de eso. Se trata de haber tejido relaciones con usuarios y el resto de trabajadores y trabajadoras de AENA (12.000 según datos del sindicato CGT) y de haber forjado una política de alianzas. Los trabajadores y trabajadoras de AENA son los primeros interesados en que la lucha de los controladores hubiera salido victoriosa, y también el resto de la clase trabajadora, pues en un contexto como éste necesitamos doblegar a este gobierno cuya política está llamada a pulverizar las condiciones de vida de toda la clase trabajadora y sus resistencias. Una señal de fortaleza de algún sector en este momento puede convertirse en un ejemplo contagioso cuando más se necesita de la combatividad de todos los que están padeciendo la crisis. Bien lo saben sindicatos de clase, combativos y dedicados a la lucha por las condiciones de los sectores más precarios de las clases trabajadoras, como CGT (AENA) o CoBas, que no han dudado en mostrar la solidaridad contra la represión de los controladores. En esa lucha, dirigida de otra manera, podrían haberse incorporado todos los trabajadores de AENA. El sindicalismo corporativo sólo nos empuja a la derrota de todos y todas. Se trata de fomentar la solidaridad y las alianzas entre los distintos sectores de la clase trabajadora.
El no haber tenido tampoco ninguna orientación de pedagogía previa hacia los usuarios, incluso preparando el conflicto en la prensa con días de anticipación ha facilitado el aislamiento de los mismos y la pérdida de la batalla ante la opinión pública, un aspecto clave en una lucha sindical en servicios como el transporte.
Pero ahora la urgencia no es la discusión sobre la táctica de los controladores. Ahora hay otra urgencia. Esto ha estallado tras un Consejo de Ministros cuyas decisiones - ¡esas sí! – deberían soliviantar a toda la población trabajadora. Los sindicatos deberían estar ya en pié de guerra, preparando una nueva Huelga General. CCOO y UGT deberían fijar de inmediato una fecha. ¿El 28 de enero, cuando el gobierno quiere aprobar la contrarreforma de las pensiones? ¡Cuando sea! Pero hay que saberlo sin tardanza y nunca debería ser más tarde de esa fecha. Si tenemos los ojos puestos en una Huelga General, en la necesidad imperiosa de parar de verdad todo el país, entenderemos lo grave y amenazador del ataque gubernamental contra los controladores. ¡Que nadie se deje engañar por el discurso acerca de los “privilegios”! Mañana, señalarán como aristócrata a un conductor de autobús, a una maestra o a quienquiera no esté en el paro. ¿Alarma? Habría que decretarla por las decenas de miles de familias que están a punto de ser desahuciadas, por los cientos de miles de desempleados sin recursos… ¿Irá el ejército a llevarles el rancho?
Ahora toca plantarse. La izquierda social y el sindicalismo no deben callar, ni achantarse. CGT y sindicatos más pequeños… se han posicionado ya. Pero el clamor debe extenderse. No hay que aceptar sanciones, despidos, ni inculpaciones por desobediencia a la autoridad militar. El gobierno es responsable de la situación que él mismo ha provocado.
¡Fuera el estado de alarma!
¡Y a preparar ya otra Huelga General!
¡ Ellos son 37 más el Gobierno, Nosotrxs millones!
7 de diciembre de 2010
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