La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció al Estado uruguayo ante la Corte Interamericana. Sostiene que incumplió sus obligaciones ante la desaparición forzada de María Claudia Iruretagoyena, al consagrar la impunidad de los represores.

María Claudia y Marcelo Gelman fueron secuestrados en Buenos Aires el 24 de agosto del ’76. La joven fue trasladada a Montevideo, donde tuvo a su hija el 1º de noviembre. Dos meses después la beba fue entregada a la familia de un policía uruguayo. Desde entonces se desconoce el paradero de María Claudia. Marcelo Gelman estuvo secuestrado en Automotores Orletti, epicentro del Plan Cóndor, como se llamó la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. Fue asesinado y su cuerpo fue fondeado en un río. En 1989 el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó sus restos. En 1999 el escritor logró encontrar a su nieta Macarena, de 23 años, que se crió en Montevideo.

Hace un año la Comisión emitió una serie de recomendaciones al Estado uruguayo. La primera, realizar una investigación completa e imparcial para identificar y sancionar a los responsables del asesinato de María Claudia y de la sustracción de su hija. La segunda, que excede al caso específico, era “adoptar medidas para que quedase sin efecto la Ley de Caducidad”, sancionada en 1986, en un contexto de amenazas de desacato generalizado por parte de los militares, y ratificada en sendos referendos en 1989 y 2009. El Estado debía otorgar una “reparación plena a los familiares de la víctima”, que incluyese “no sólo una indemnización por daños materiales y morales” sino también la “celebración de ciertos actos de importancia simbólica para garantizar que no se reiteren delitos” similares.

Al cumplirse un año de las recomendaciones, la Comisión informó que presentó su demanda ante la Corte. El comunicado de la CIDH destaca “la denegación de justicia, impunidad y, en general, el sufrimiento causado” a los familiares de la víctima. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional manifestó su confianza en que “el litigio en este caso deje sin efecto la Ley de Caducidad, en concordancia con la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana”, que estableció que “los Estados no pueden invocar disposiciones de derecho interno para eximirse de la obligación de investigar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos”.