La Ley 15/97 es la que permite la entrada de empresas privadas lucrativas en la gestión de la sanidad
En la tarde de ayer, 24 de noviembre de 2009, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la toma en consideración de la propuesta de reforma de la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La Ley 15/97, aprobada entre otros por PP y PSOE (con los únicos votos en contra de IU y BNG), es la que ha posibilitado la “privatización salvaje” de la sanidad pública llevada a cabo en el País Valenciano y, sobre todo, en Madrid (además de en otros territorios como Catalunya, Baleares, …, con un ritmo menor).
Lo aprobado ayer, con los votos en contra del PP y la abstención de CIU, ERC y PNV, no es la reforma o la derogación de la Ley, es únicamente la “toma en consideración” de una propuesta de reforma. Es decir, la propuesta se ha convertido en Proposición de Ley, iniciando de este modo su tramitación parlamentaria, que continuará con la apertura del plazo de enmiendas y su debate en Comisión.
Es necesario tener en cuenta cómo se produjo la decisión del Grupo Socialista de votar a favor (tuvieron que ser “convencidos” a última hora por Rafael Simancas, Juan Barranco y Manuel de la Rocha, ya que algunos diputados socialistas se preocuparon extraordinariamente ante el “maximalismo que supone “acabar con todos los conciertos privados”).* Ver El País de hoy.
Si durante la tramitación de la Proposición de Ley, la propuesta de IU saliese adelante en su totalidad, las empresas privadas no tendrían cabida en la prestación y gestión de servicios sanitarios. No obstante, es de suponer que se introducirán enmiendas y modificaciones y ahí precisamente reside el peligro de dejar en nada lo conseguido ayer.
De todos es sabido que el PSOE, aun manifestándose en contra de los modelos privatizadores de País Valenciano y Madrid, ha mantenido y mantiene una postura favorable a la “colaboración público-privada en la sanidad” y que, de hecho, está poniendo en marcha proyectos de este tipo en algunas autonomías donde gobierna.
En definitiva, desde CAS Madrid nos congratulamos con lo conseguido ayer (sin duda gracias a la presión de usuarios, trabajadores, asociaciones, … –recordemos la entrega de casi medio millón de firmas por la derogación de la Ley 15/97- y de determinadas agrupaciones y bases del propio PSOE), pero estimamos que la lucha continúa.
La Sanidad Pública es un elemento fundamental de equidad y debe ser de titularidad, gestión y provisión públicas en su totalidad, es decir, gestión directa.
Si la Ley final que se apruebe es “descafeinada” y permite de alguna manera la participación de empresas privadas en la sanidad pública, seguiremos con el proceso desmantelador/privatizador y con un mayor deterioro de la asistencia que va a afectar, sobre todo, los más desfavorecidos.
La lucha, pues, continúa ahora más que nunca, ya que todo está por decidir y además en Madrid no podemos olvidar que no sólo se trata de paralizar la privatización, sino de que lo ya privatizado vuelva a manos públicas y se solucione el desastre económico y asistencial creado por Esperanza Aguirre.
Madrid, 25/11/09
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