Fermenta la rebelión de indígenas decepcionados del "socialismo del siglo XXI". La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) convocó a un "levantamiento plurinacional" en contra de las políticas neoliberales y extractivistas del gobierno de Rafael Correa, y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) organiza la VII marcha de nacionalidades indígenas de tierras bajas para exigir al gobierno de Evo Morales que respete su derecho a la tierra y a la autonomía. La denominada "revolución ciudadana" en Ecuador no ha modificado el Estado Colonial y sigue fortaleciendo el modelo neoliberal capitalista, traicionando al pueblo ecuatoriano, a las comunidades y a los pueblos y nacionalidades indígenas, denunciaron representantes ecuatorianos en una reunión celebrada el 25 y 26 de febrero de este año en la ciudad de Ambato.
El cónclave indígena ecuatoriano dio por terminado el diálogo con el gobierno de Correa por su falta de voluntad política y por su irrespeto a los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas; y convocó a un "levantamiento plurinacional" en Ecuador, precedido de acciones y movilizaciones concretas, en articulación con otros sectores sociales.
Los delegados de la CONAIE acordaron organizar a cada una de las nacionalidades y pueblos indígenas desde las bases a través de "gobiernos comunitarios", con el fin de ejercer formas propias de gobierno y de justicia en las áreas de educación, salud, administración de justicia, recursos naturales, biodiversidad y agua,
La asamblea decidió "asumir el manejo de todas las reservas nacionales: parques, bosques, páramos y territorios de las nacionalidades y pueblos", y "prohibir el ingreso y la intromisión de las autoridades gubernamentales en las tierras y territorios indígenas, en ejercicio de nuestros derechos colectivos, justicia indígena y derecho propio".
La CONAIE rechazó el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Secretaría Nacional del Agua; y desconoció la elección y designación de miembros del Consejo de Participación ciudadana por ser un proceso de institucionalización uninacional excluyente que no refleja el carácter plurinacional del Estado.
Además, desconocieron todas las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional que desconocen el carácter Plurinacional del Estado y que han sido elaboradas sin la participación de todos los sectores, en franca violación de la Constitución y de instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas vigente desde septiembre de 2007.
Los indígenas se sienten marginados
El movimiento indígena ecuatoriano y boliviano asegura que sus derechos colectivos son desconocidos, inobservados y violentados por autoridades estatales, las cuales marginan a los representantes originarios, y en algunos casos alientan la división y la criminalización de la protesta social.
En Bolivia, el Consejo Nacional de Markas y Ayllus de Qullasuyo (Conamaq) siente que el Presidente Morales los discrimina y margina del escenario político. La prueba es que en el primer Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional abundan los ministros campesinos, pero escasean los representantes indígenas.
En Ecuador, Correa vulnera los derechos indígenas imponiendo una Ley Minera y varias licencias ambientales anticonstitucionales para explotar recursos naturales en territorios comunitarios. En Bolivia, el Ejecutivo quiere autorizar por decreto la explotación de hidrocarburos en tierras comunitarias sin consultar a sus ocupantes, como manda la propia Constitución.
No estamos molestos con el Presidente Morales sino con sus ministros que actúan como los nuevos patrones, aclararon los dirigentes de la CIDOB, decididos a marchar desde Riberalta hasta la ciudad de La Paz para expresar su disconformidad con las políticas del gobierno, declaró el secretario ejecutivo de esa organización Adolfo Chávez.
Sus exigencias más importantes son: respeto de los derechos indígenas reconocidos por instrumentos jurídicos internacionales; la conclusión del saneamiento en el norte de La Paz, parte de Beni y Tarija y en el trópico de Cochabamba; y la implementación inmediata de las autonomías indígenas.
El responsable de la Comisión de Tierra y Territorio del Conamaq Idelfonso Canasa denunció que el Viceministerio de Tierras controlado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) gestiona una ley de reforma agraria que promueve la mercantilización de la tierra en el país. (Agencia de Noticias Indígenas de la Red Erbol).
El Conamaq respalda el saneamiento y la titulación de territorios comunitarios como propiedades colectivas intransferibles, pero los campesinos exigen la titulación de propiedades agrarias individuales que se puedan vender y heredar.
El territorio es la fuente de identidad y el sustento material y espiritual de las comunidades indígenas. Estos pueblos fueron desplazados de sus tierras en la colonia, y ahora enfrentan nuevas formas de colonización denominadas "concesiones" otorgadas por los Estados para la extracción de recursos naturales.
La CONAIE ha pedido anular todas las adjudicaciones, concesiones y autorizaciones mineras, petroleras, madereras, servicios ambientales, farmacéuticos e hidroeléctricos en tierras ancestrales, y ha convocado a expulsar a las empresas mineras y petroleras nacionales y extranjeras asentadas en territorios indígenas.
Los indígenas bolivianos proponen revertir todas las concesiones forestales del país, en cumplimiento de la nueva Constitución que determina un límite máximo de la propiedad agraria de 5 mil hectáreas.
La CONAIE y la CIDOB aún no han definido fecha de inicio de las protestas, pero sus comisiones de logística ya comenzaron a organizar la movilización. En Bolivia, fueron convocados todos los diputados indígenas y los 34 pueblos originarios de tierras bajas, los cuales comienzan a aprovisionarse de alimentos, banderas y pancartas para participar en la VII gran marcha de los pueblos indígenas del Chaco, Oriente y Amazonía.
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