No podemos esperar. Ni un improbable arrepentimiento ni un retorno a la "normalidad" en las relaciones entre las altas instancias del Estado. Berlusconi ha dejado clara su estrategia. Pretende ejercer las atribuciones que la Constitución reconoce al gobierno como si fueran "plenos poderes". No admite que puedan estar condicionadas por vínculo alguno. Finge no saber que los decretos-leyes son actos que deben emanar del presidente de la República, no por mera cortesía institucional, sino precisamente porque deben ser controlados por el jefe de Estado, tanto en relación con su efectiva necesidad y urgencia, como en la adecuación de sus contenidos a la Constitución. Berlusconi ha sugerido que si la Constitución le impide utilizar los decretos leyes para complacer a las jerarquías eclesiásticas y obtener su apoyo en las elecciones europeas o, más tarde, para satisfacer intereses u objetivos personales, apelará al pueblo para pedirle cambiar la Constitución.
Una declaración de este tipo es de todo punto subversiva. En primer lugar, porque resulta inimaginable, en el moderno estado de derecho, que un órgano del Estado pretenda dotarse de poderes ilimitados. Nuestra Constitución, como todas las constituciones modernas, no prevé siquiera en caso de guerra que se confieran plenos poderes al gobierno. Pues Berlusconi los quiere para sí. Es subversiva porque propugna un anormal proceso de reforma constitucional, distinto al previsto por la Constitución vigente e inspirado en principios populistas totalmente opuestos a ella. A través de este procedimiento, en realidad, Berlusconi pretende instaurar un nuevo poder de reforma constitucional que se reserva sí mismo.
Pero no le basta. El recurso al pueblo para una reforma constitucional tan alucinante comportaría la disolución anticipada del parlamento y la elección de cámaras nuevas. Unas cámaras a las que correspondería la elección del presidente de la República en detrimento del mandato de siete años encomendado a Giorgio Napolitano. Según los sondeos, estas elecciones anticipadas darían lugar a las mismas mayorías parlamentarias que el pasado abril. Eso es lo que quiere Berlusconi: la mayoría para la elección del próximo presidente. Y la quiere para sí.
Al reclamar estos poderes, pretende una retribución por todas las leyes ad personam que ha proyectado y obtenido; por la lucha contra la legalidad que ha impulsado en las últimas décadas; por haber intentado modificar la Constitución para sustituir el sistema parlamentario de gobierno por un régimen monocrático; por haber impuesto una ley electoral que ha frustrado la representación popular. El jueves pasado, con su reacción frente al decreto que el actual Presidente de la República –auténtico e insorteable garante de la Constitución- se ha negado a emitir, ha violado, una tras otra, tres normas constitucionales: las vinculadas con el principio de igualdad, con la libertad personal y con la dignidad de la persona humana. Y, como si no fuera suficiente, el principio fundamental de todo ordenamiento civil, de toda Constitución digna de ese nombre: el principio de división de poderes.
El enorme peligro que se cierne sobre la democracia italiana exige hacer frente cuanto antes al proyecto anunciado por Berlusconi. No debemos esperar. Dejarle la iniciativa puede resultar fatal. Movilizar las consciencias, denunciar los peligros, deslegitimar su proyecto: esos son los deberes a los que nos convoca la República.
Gianni Ferrara (1929) enseñó derecho público general, derecho constitucional comparado y derecho constitucional en la Facultad de Jurisprudencia de la Università La Sapienza de Roma. Elegido diputado en 1983 y en 1987, formó parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales en ambas legislaturas. En 1992 renunció a una nueva candidatura para reemprender actividades de investigación y enseñanza. Colaborador de las más importantes revistas académicas de derecho y autor de numerosos ensayos, fundó y dirige la revista electrónica Constituzionalismo.
Traducción para sinpermiso.info: Gerardo Pisarello
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