Por Lucía Lagunes Huerta (CIMAC).– ”Seguiré luchando para que los militares paguen, estoy triste porque siete años después, aún no hay justicia, y estoy sola y,,,,,, lejos de mi familia. Voy a luchar hasta que encuentre la justicia y cuando ésta llegue voy a regresar a mi pueblo a sembrar jamaica junto a mi familia”, así decía Valentina en enero de 2009, en una entrevista con Cimacnoticias.
Para quienes no recuerden, Valentina e Inés, son indígenas Me`phaa del Estado de Guerrero. Ambas fueron violadas por militares en 2002. Valentina en febrero e Inés en marzo. Sus denuncias siguieron el proceso que siguen las violaciones de derechos humanos contra las mujeres: el letargo institucional, falta de profesionalismo en la investigación, procesos llenos de irregularidades.
A ello se sumó otro elemento, que sus agresores son efectivos del ejército mexicano, doblemente la lentitud y desprecio para hacer justicia se sumaron para enviar las denuncias a la justicia militar.
La impunidad que viven Valentina e Inés son un ejemplo de lo que señala el reciente informe de Human Rights Watch en donde se señala que en México se “permite sistemáticamente que las fuerzas militares se investiguen a sí mismas a través de un sistema de justicia militar que garantiza la impunidad de los abusos cometidos por el Ejército, afirmación que se refuerza con el informe de Amnistía internacional.
Razón por la cual, nuevamente el Estado mexicano está bajo la lupa internacional, nuevamente el tema es impunidad e injusticia, nuevamente las mujeres sobrevivientes de la violencia machista son las protagonistas.
Valentina e Inés no se conocían, ambas vivían en comunidades distintas, la búsqueda de justicia las encontró, ambas recorren el mismo camino internacional en busca de justicia.
Ocho años después. Ambas esperan la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la mitad de año.
Valentina e Inés siguen en pie, ninguna de las dos se rinde.
Para Inés, además de la violación, la persecución e intimidación siguen siendo una constante en su vida. Su hermano Lorenzo, quien apoyó a su hermana en la denuncia de violación fue secuestrado, torturado y asesinado el 9 de febrero de 2008, se cree que esto a consecuencia de las denuncias del caso de Inés en foros internacionales.
Valentina, hace honor a su nombre, mujer valiente que se enfrenta al Estado mexicano por una simple razón, por justicia, porque, dice, no quiere que vuelva ocurrir con otras mujeres la agresión, porque está convencida que su agresión debe ser castigada.
Lograr la justicia para Valentina e Inés es abrir la esperanza para muchas mujeres, para quienes han podido denunciar públicamente su agresión como para aquellas que ante la vulnerabilidad y la falta de justicia han quedado en silencio.
Mantener la impunidad a costa de las mujeres sobrevivientes de la violencia misógina es legitimar la violencia contra ellas, es violar el Estado de Derecho.
El informe de Human Rights Watch y de Amnistía Internacional no puede ser menospreciado, debe ser un instrumento valioso que lleve a una política de respeto total de los derechos humanos.
Recordemos que, no hay democracia posible cuando la mayoría de la población vive amenazada en su integridad, dentro y fuera de su hogar.
Tensión, miedo y violencia imponen militares en Guerrero
CONTEXTO
La violación de Inés y Valentina, sólo un ejemplo
Por Anayeli García y Paulina Rivas (CIMAC).– La presencia de militares en Guerrero ha significado una constante violación a los derechos fundamentales de los pobladores, en especial de las mujeres quienes han sido utilizadas como botín de guerra por los elementos de las fuerzas castrenses y cuyos casos siguen en la impunidad dentro de la justicia nacional.
En ese ambiente hostil fueron violadas por soldados las indígenas me`phaa (tlapanecas) Valentina Rosendo Cantú, e Inés Fernández Ortega, cuyo caso se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por lo que se espera una nueva sentencia contra México.
Así lo explicó en entrevista Alejandro Ramos Gallegos, uno de los representantes legales de estas dos mujeres ante la CoIDH e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
La comunidad Me’phaa convive con otros tres pueblos indígenas, mixtecos, nahuas y amuzgos quienes subsisten del autoconsumo en un medio ambiente agreste y duro donde el binomio indígena-pobreza es el resultado de un proceso histórico complejo en el que fueron vulnerados, durante siglos, los derechos humanos fundamentales.
En este contexto y al final de los años 60 y principios de los 70, las guerrillas se anidaron en la Montaña de Guerrero como consecuencia del descontento social.
Desde entonces el Ejército mexicano no ha salido de la zona y su presencia desató una ola de violencia, desapariciones forzadas, tortura, encarcelamiento y violaciones sexuales a las mujeres, crímenes que han quedado en impunidad por años, en lo que se conoce como “Guerra sucia”.
Por ello, los casos de Valentina e Inés, no son hechos aislados pues obedecen a este sentimiento de miedo, tensión y violencia que estos pueblos han vivido desde hace más de 40 años, explicó.
La causa de que dichas violaciones lleguen al sistema interamericano, es que la justicia nacional se ha caracterizado por mantener en la impunidad los abusos cometidos por miembros del ejército quienes cuentan con fuero militar y no son juzgados en tribunales civiles.
El abogado indicó que la impunidad es característica en todos los casos de mujeres que se atreven a denunciar y el miedo ha provocado que teman a represalias. Tlachinollan solo ha podido documentar 10 hasta septiembre pasado.
Desde que el caso llegó al sistema interamericano de justicia, Valentina, Inés sus familias y sus representantes legales han sido víctimas de hostigamiento, amenazas de muerte y se han enfrentado al estigma de sus comunidades y sus familias.
Por ello cuentan con medidas cautelares que les otorgó la Corte que no han sido cumplidas “a cabalidad” como lo indicó en entrevista, Vidulfo Rosales Sierra, otro de los representantes legales de las víctimas, también miembro de Tlachinollan.
Alejandro Ramos, señaló que las mujeres violadas por militares no solo se enfrentan a secuelas psicológicas sino también al estigma de la comunidad y sus familias.
Por todo ello, dijo, Valentina tuvo que mudarse de su comunidad y ahora vive en Chilpancingo en donde es trabajadora del hogar.
Sin embargo y a pesar de todas las violaciones a los derechos fundamentales de las comunidades indígenas de Guerrero aún se ve muy lejana la fecha en que el ejército salga de la entidad, concluyó.
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